Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, IX Fase – Centésima novena entrega

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(Continuación)

Por: José Chachati Ata

La Nación venezolana a diferencia de Guyana, ha tenido desde el momento en que se generó el descubrimiento de América, y desde que fue contactada por los españoles la variada raza indígena ubicada en diferentes sectores geográficos del país, los basamentos geohistóricos inobjetables que han dado cabida al reconocimiento sobre la pertenencia de un territorio que fue usurpado 407 años después por parte de los ingleses, a espaldas de Venezuela, mediante la viciada sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899; de hecho, el Diario New York Times del 12 de enero de 1896, publicó entre sus artículos tres años antes, uno sobre el Atlas Mundial «Lavoisne», el cual había sido divulgado en Inglaterra en el año de 1821, en el que se aprecia el trazado en mapa de la frontera entre Venezuela y la Guyana Británica, en la que se visualiza sin titubeos de ninguna naturaleza, que la misma se correspondía con el Río Esequibo, hecho que constituye otra prueba irrefutable en favor del gentilicio venezolano.

Ahora bien, mientras que en la actualidad el caso se encuentra en la Corte Internacional de Justicia en atención a la demanda introducida por el Gobierno de Guyana contra Venezuela, esperando que en el mes de marzo de este año 2022, se introduzca la memoria correspondiente del país vecino, en el que se sustenten los alegatos jurídicos de dicha demanda , debemos recordar que dicho Organismo jurídico que ya se declaró competente para dirimir la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, aún no ha emitido una medida cautelar sobre las acciones o actividades que desarrolla Guyana en el espacio geográfico integral del Esequibo, quien se encuentra explorando y explotando los recursos existentes tanto en el territorio continental como el marítimo en reclamación, mediante las concesiones otorgadas a empresas trasnacionales, en la que países como lo es China con el 25% (aliado actual de Venezuela), Canadá y Estados Unidos, se encuentran en los espacios acuáticos del Esequibo, manejando las participaciones extranjeras en el Bloque Stabroek, aguas proyectadas desde el Esequibo en el Océano Atlántico, cuyos beneficios han sido para ellas mismas y de los guyaneses.

También, es importante mencionar que en su momento, el reclamo efectuado por el Gobierno venezolano a la empresa norteamericana Exxon Mobil por la presencia del buque “Deep Water Champion”, ésta demostró que existía un desconocimiento sobre la situación reinante en cuanto a la reclamación venezolana sobre el territorio en cuestión, así como de la línea marítima que separaba los espacios acuáticos de Guyana de la que se corresponde con la máxima aspiración venezolana.

En este contexto, pudiesen tomarse por parte del lector dos vertientes interpretativas, siendo la primera que efectivamente había un desconocimiento, o que detrás del telón, existía una tendencia muy distinta a la mencionada, dado que el Estado venezolano en su política exterior, había generado órdenes que fracturaban la racionalidad, y que podrían suponer la existencia de un juego estratégico de naturaleza distinta al enfoque tradicional de la diplomacia cañonera, tal como sucedió en el año 2014, cuando no se le permitió actuar adecuadamente a la Armada venezolana, durante el ejercicio de sus actividades operacionales ejercidas en las aguas correspondientes a los espacios acuáticos por delimitar en el Esequibo, dado que se detectó la presencia del buque de exploración petrolera “Prospector”, caso en el que no se adoptó ni se tomó acción alguna, y tampoco se generó protesta alguna por parte del Gobierno Nacional.

Dicha actuación fue repetitiva posteriormente, cuando en el año 2016 se presentó una situación similar con el consorcio Eco Atlantic/Tullow. En ambas circunstancias, se encontraron buques realizando operaciones en los espacios acuáticos del Océano Atlántico, correspondientes a las aguas derivadas del espacio geográfico del Esequibo, y cuya concesión fue otorgada unilateralmente por el Gobierno de Guyana. Ahora bien, debemos recordar que la línea marítima que parte desde Punta Playa con marcación verdadera 070, constituye la posición venezolana establecida a partir de las delimitaciones realizadas entre la Guayana Francesa y Brasil, y la de Trinidad & Tobago con Venezuela; sin embargo, es importante acotar también, que jurídicamente, ni la Constitución actual de la República Bolivariana de Venezuela, ni el Decreto 1.879 del 6 de julio del año 2015, ambos, no definieron específicamente en su contexto ningún espacio acuático en particular en el Océano Atlántico, hecho que de por sí genera un vacío legal sobre el marco de actuación de los organismos competentes para garantizar el ejercicio de la soberanía en dichos espacios.

Si el Gobierno de Guyana, al igual que el de Gran Bretaña (quien por cierto se ha lavado las manos en apariencia sobre su corresponsabilidad en este caso), firmaron con Venezuela el Acuerdo de Ginebra de 1966 para llegar a un entendimiento práctico y satisfactorio sobre el litigio territorial existente, hecho que partió del reconocimiento sobre la viciada e írrita sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, y hoy por hoy, se han divorciado de este compromiso, en el que quieran o no, sigue totalmente vigente (aun cuando Guyana demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia), y el Gobierno de Guyana ha otorgado concesiones a extranjeros, en el que además se quebranta lo establecido en los Artículos IV y V de dicho Acuerdo de Ginebra, extrayéndose los recursos allí existentes para su único beneficio, entonces el Gobierno de Venezuela tiene el pleno poder de decisión de actuar sustentado jurídicamente en el documento firmado en 1966, para explorar y explotar los recursos existentes en los espacios acuáticos del Atlántico correspondientes a la Zona en Reclamación, así como establecer en Decreto, áreas específicas de operaciones para la participación de los organismos competentes del Estado venezolano en pleno ejercicio de los Derechos de soberanía, además de participar conjuntamente con empresas y/o asignar concesiones para la exploración y explotación de los recursos allí existentes. Lo que es igual, no es trampa.

Pero la realidad actual que visualiza el gentilicio nacional, incluyendo la comunidad internacional, es que el Estado venezolano ha permitido que las empresas extranjeras contratadas por concesión proveniente del Gobierno guyanés, continúen operando en los espacios acuáticos del Atlántico correspondientes al espacio geográfico integral del Esequibo, los cuales no forman parte de la sentencia derivada del Laudo Arbitral de París de 1899, porque en ello no existe el vocablo “mar”, pero que están pendientes por delimitarse; así mismo, es necesario señalar sin politización de ninguna naturaleza, que el Gobierno de Guyana se aprovechó perversamente de la declaración emitida por el Gobierno venezolano desde el año 2004, en el que se señaló que no se opondría al otorgamiento de concesiones por parte de Guyana en la Zona en Reclamación, siempre y cuando ello contribuyese al desarrollo regional, siendo esto último un claro precedente de las nefastas intenciones guyanesas en obtener el beneficio unilateral de ese país como lo ha venido haciendo continuamente, hecho que no se corresponde con la realidad de hoy en día, en la que Venezuela no ha obtenido absolutamente ningún beneficio. Considero que el Gobierno de Venezuela debe aclararle
incisivamente al Gobierno de Guyana este asunto en particular hasta llegar a un concierto y asentimiento de mutuo beneficio por ahora.

El hecho de no actuar hoy en día neutralizando las pretensiones del Gobierno de Guyana en los espacios acuáticos antes señalados, podría constituir jurídicamente un precedente negativo que tendría una incidencia sobre los Derechos de todos los venezolanos, al no haberse procedido como lo establece el Derecho Internacional, mediante la manifestación de las autoridades competentes con acciones categóricas para garantizar el ejercicio de la soberanía; este advenimiento como vacío existente, constituye hoy en día la médula neurálgica que repercute sobre la delimitación de las áreas marinas y submarinas de Venezuela en el Atlántico, hecho que se contradice con lo establecido en la misma Constitución venezolana, en la que Punta Playa a partir de la vigencia de esta Carta Magna, dejó de ser el límite oriental de Venezuela. Una contradicción total que merece urgentemente una revisión de la política exterior venezolana, la cual luce como un tanto indefinida, así como se requiere una explicación más a fondo del tema como derecho inapelable y merecedor de todo el gentilicio nacional.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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