Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, XII Fase – Centésima trigésima primera entrega

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(Continuación)

Por: José Chachati Ata

A raíz del último acontecer realizado por el Gobierno Nacional en torno al tema de la reclamación del espacio geográfico integral del Esequibo, se ha pretendido levantar una polvareda a nivel nacional, internacional y virtual, sujeta a panegíricos por un lado y a críticas por el otro, y lo que realmente se hizo fue hacer uso del Derecho mediante la preparación de una serie de objeciones preliminares ante la demanda introducida por el Gobierno de Guyana contra Venezuela, en el que el primero de los mencionados solicitó a la Corte Internacional de Justicia que le dé la validez legal a la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, y por ello, Venezuela designó una comisión conformada por el representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada; el ex Ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, y la Profesora, Elsie Rosales García, quien se desempeña en la Universidad Central de Venezuela, de manera que éstos representen al país ante la Corte Internacional de La Haya, dado que ése organismo ya había manifestado con antelación como debe recordar todo el gentilicio nacional, su competencia jurídica sobre el diferendo por el Esequibo, hecho que colisiona frontalmente con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, y que por lo visto, no se consideró
adecuadamente.

El hecho en cuestión obedeció a que el 6 de junio del 2022, Venezuela recibió un Memorando de la Corte Internacional de Justicia, lo cual fue respondido con fecha del 13 de junio, en el que el Gobierno de este país, certera o desacertadamente, designó los citados representantes en el párrafo anterior, para lo cual, ya se habían escogido a dichos personajes antes de presentar las objeciones preliminares a la querella que adelanta el Gobierno de Guyana en el organismo jurídico internacional; así mismo, dos días después, es decir el 8 de junio del 2022, la Cancillería venezolana emitió un comunicado, manifestando que al haberse admitido por la Corte Internacional de Justicia la demanda unilateral presentada por el Gobierno de Guyana por la disputa sobre el espacio geográfico correspondiente al Esequibo, Venezuela presentó una objeción preliminar ante la Corte de La Haya por esa acción, exigiendo además que la demanda de Guyana no sea admitida porque hay carencias de elementos para que se conforme un debido proceso.

Por supuesto que la reacción del Gobierno vecino no se hizo esperar, quien un día más tarde, a través de la Cancillería guyanesa emitió un comunicado para denunciar la supuesta intención de Venezuela en retrasar el fallo final de la Corte Internacional de Justicia, por lo que se le debió recordar una vez más a
dicho Gobierno guyanés, la sumatoria de atropellos que ha venido realizando de manera consuetudinaria, afectando los intereses del país, comenzando por el usufructo del cual se ha venido beneficiando unilateralmente, cuando ello es parte ineludible e indiscutible del gentilicio nacional, además de la violación firmada por Guyana en el Acuerdo de Ginebra de 1966, entre otros, sumatoria de hechos que
han convertido el marco de actuación de la política exterior de Guyana, en un Estado profundo con grises y manipulados discursos, acompañados de falsas acusaciones e intentos de tergiverso sobre la verdad histórica que se inclina indefectiblemente a favor de Venezuela, afectando el sentido de exclusividad y de
integridad territorial de todos los venezolanos establecido constitucionalmente en el concepto de Defensa Integral de la Nación, y explicado con mayor amplitud técnica, esquemática y gnoseológica en los libros editados y titulados “Integridad Territorial de Venezuela sobre el Espacio Geográfico del Esequibo” y “La Daga de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo”.

Pero la realidad es que a pesar del comunicado emitido por la Cancillería de Guyana, el Gobierno de ese país tuvo que aceptar irremediablemente el hecho generado por Venezuela, dado que dicha acción constituye un derecho establecido en el reglamento de la propia Corte Internacional, y por ello, el fallo
final sobre el diferendo se suspende hasta tanto no se respondan las objeciones.

De hecho, el propio reglamento de la Corte Internacional de Justicia establece sobre este particular, lo siguiente:

Reglamento de la Corte de 1978, adoptado el 14 de abril de 1978 y entró en vigor el 1 de julio de 1978. Preámbulo.

Modificación que entró en vigor el 1 de febrero de 2001, modificación posterior que entró en vigor el 21 de octubre de 2019
Artículo 79.

  1. Cuando el tribunal no haya tomado ninguna decisión en virtud del artículo 79, la objeción del demandado a la jurisdicción del tribunal o a la admisibilidad de la demanda, u otra solicitud cuya decisión se requiera antes de cualquier otro procedimiento sobre el asunto de fondo, deberá hacerse por escrito tan pronto como sea posible, y a más tardar tres meses después de la entrega del Memorial. Cualquier objeción hecha por una parte que no sea la parte

demandada, deberá presentarse dentro del plazo fijado por la entrega del primer escrito de esa parte.

  1. La excepción preliminar deberá exponer los hechos y el derecho en que se funda la excepción, los argumentos y una lista de los documentos que la sustentan, e incluirá cualquier prueba en que se
    base la parte. Se adjuntarán copias de los documentos de respaldo.
  2. Recibida por la Secretaría una excepción preliminar, se suspenderá el procedimiento sobre el asunto y la Corte, o el Presidente si la Corte no estuviere reunida, fijará el plazo para la presentación por la otra parte de un escrito-declaración de sus observaciones y presentaciones, que incluirá cualquier prueba en la que se base la parte. Se adjuntarán copias de los documentos de respaldo.
  3. La Corte dará efecto a cualquier acuerdo entre las partes de que una excepción presentada conforme al párrafo 1 sea oída y resuelta en el marco de los hechos. (Traducción del documento original) (El subrayado es nuestro)

Adicionalmente, en la última respuesta emitida textualmente al Gobierno de Venezuela por la Corte Internacional de Justicia, estando presentes el Presidente de la misma, Donoghue, el Vicepresidente Gevorgian, los Jueces Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam,
Iwasawa, Nolte; Juez Ad Hoc Wolfrum; y el Registrador Gautier, se manifestó lo siguiente:

La Corte Internacional de Justicia […], después de la deliberación, visto el Artículo 48 del Estatuto de la Corte y el Artículo 79bis, párrafos 1 y 3 del Reglamento de la Corte,

Vista la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 29 de marzo de 2018, por la que el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana (en adelante “Guyana”) instituyó el proceso seguido contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “Venezuela”) con respecto a una controversia relativa a “la validez jurídica y el efecto vinculante del Laudo en cuanto a la Cobertura entre la Colonia de la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, de 3 de octubre de 1899”,

Visto el Auto del 19 de junio de 2018, por el que el Tribunal resolvió, de conformidad con Artículo 79, párrafo 2, del Reglamento del Tribunal de 14 de abril de 1978, modificado el 1 de febrero de 2001, que, teniendo en cuenta que Venezuela había informado a la Corte que a su juicio la Corte manifiestamente carecía de competencia para conocer de la causa y que había decidido no participar en el proceso, fue necesario ante todo para resolver la cuestión de su jurisdicción, y que esta cuestión debe en consecuencia, determinarse por separado antes de cualquier procedimiento sobre el fondo, y fijarse el 19 de noviembre 2018 y el 18 de abril de 2019 como plazos respectivos para la presentación de una Memoria por parte de Guyana y una Contramemoria de Venezuela sobre la cuestión de la jurisdicción,
conservando expresamente la posibilidad de que Venezuela haga uso de sus derechos procesales como Parte en el caso,

Teniendo en cuenta la Memoria de Guyana sobre la cuestión de la jurisdicción de la Corte, presentado dentro del plazo así fijado,

Teniendo en cuenta que Venezuela no presentó una Contramemoria, sino que el 28 de noviembre de 2019 remitió a la Corte un documento denominado “Memorándum de la Declaración de la República Bolivariana de Venezuela sobre la Demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018”,

Vista una carta de fecha 10 de febrero de 2020, mediante la cual Venezuela indicó que no tiene la intención de asistir al juicio oral sobre la cuestión de la competencia de la Corte,

Teniendo en cuenta una audiencia pública celebrada el 30 de junio de 2020, en la que Guyana presentó su argumentos y presentaciones sobre la cuestión de la jurisdicción de la Corte,

Vista la Sentencia del 18 de diciembre de 2020, mediante la cual la Corte consideró que había jurisdicción para atender la Solicitud presentada por Guyana el 29 de marzo de 2018 en lo que se refiere la validez del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, y la cuestión conexa de la decisión definitiva como solución de la disputa de límites terrestres entre Guyana y Venezuela,

Visto el Auto de 8 de marzo de 2021, por el que la Corte fijó el 8 de marzo de 2022 y 8 de marzo de 2023 como plazos respectivos para la presentación de la Memoria de Guyana y la Contramemoria de Venezuela sobre el fondo,

Teniendo en cuenta la Memoria de Guyana presentada dentro del plazo así fijado,

Vista una carta del 6 de junio de 2022, por la que S.E. Sra. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, informó a la Corte que el Gobierno de Venezuela había designado a S.E. Sr. Samuel Reinaldo Moncada Acosta, Titular Representante de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, como Agente el. Sr. Félix Plasencia González, Ex Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, y la Sra. Elsie Rosales García, Profesora de la Universidad Central de Venezuela, como Co-Agentes para efectos del caso;

Considerando que, el 7 de junio de 2022, Venezuela interpuso excepciones preliminares a la admisibilidad de la solicitud, y considerando que un original de esas objeciones preliminares fue inmediatamente transmitido a la otra Parte;

Considerando que, en consecuencia, en virtud del Artículo 79bis, párrafo 3, del Reglamento de la Corte, se suspende el procedimiento sobre el asunto y que debe fijarse un plazo para la presentación por parte de la otra Parte de una declaración escrita de sus observaciones y presentaciones sobre las objeciones preliminares;

Teniendo en cuenta la Instrucción Práctica V, según la cual el plazo para la presentación de dicha declaración escrita generalmente no excederá de cuatro meses a partir de la fecha de presentación de las
objeciones preliminares,

Fija el 7 de octubre de 2022 como plazo dentro del cual la República Cooperativa de Guyana podrá presentar por escrito sus observaciones y alegatos sobre las excepciones preliminares planteadas por la
República Bolivariana de Venezuela; y se reserva el procedimiento posterior para una nueva decisión.

Hecho en inglés y en francés, siendo el texto en inglés el que hace fe, en el Palacio de la Paz, La Haya, el día trece de junio de dos mil veintidós, en tres ejemplares, uno de los cuales serán depositados en
los archivos de la Corte y los demás transmitidos al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.
(Firmado) Joan E. DONOGHUE,
Presidente.
(Firmado) Philippe GAUTIER,
Registrador.

Habiendo presentado la documentación principal que gira actualmente en torno a este asunto, relacionado con la objeción preliminar presentada por el Gobierno de Venezuela, ante la admisibilidad de la demanda interpuesta por el Gobierno de Guyana contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia; en este contexto, es importante señalar la importancia que adquiere hoy en día la necesidad de establecerse una vía comunicativa con el gentilicio nacional, hecho que he venido señalando reiteradamente a través de diferentes artículos anteriores, así como en las gestiones estratégicas sugeridas que se presentaron, a propósito de conformar lazos adecuados de entendimiento del país, al
manejarse el tema como un asunto de Estado y no de una tendencia partidista, dado que ello le concierne obligatoriamente a todos los venezolanos, entendiendo que los protagonismos deben dejarse de lado para adoptar una marco de actuación ajustado a la política nacional.

Ante el señalamiento realizado en el párrafo anterior, también es innegable que el venezolano de hoy en día está mejor informado de la realidad que enmarca el tema objeto de estudio, pero es insuficientemente portador de una pretensión trascendente con consciencia de su lugar en el espacio
geográfico integral y de las potencialidades existentes, constituyendo una identidad que se fundamenta sobre valores y realidades que apenas hace algunos años, comenzaron a salir abiertamente para el conocimiento pleno de pocos connacionales. Los procesos que surgen a través de distintos escenarios geopolíticos, son transformados en atención a intereses de otras naciones que ocultan, simulan y desvían los contenidos dominantes, definiendo aceleradamente la territorialidad de sus tradiciones; pero para la Nación venezolana, los ámbitos del interés nacional que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ser precisamente el hombre (como parte de la sociedad y de la interacción humana en el espacio geográfico respectivo), quien con sus ideales e intereses, motoriza y dinamiza al Estado en los aspectos que entre otros, prepondera la necesidad de salvaguardar la integridad territorial.

La naturaleza humana deriva necesidades que deberían funcionar en el pensamiento de todos los venezolanos, como estatutos normalizados de numerosas suposiciones que emergen en interacciones con la sociedad y la realidad que se vive en el día a día, lo cual se traduce en: hechos que originan un
campo de acción relativos, y que se han construido sobre la memoria (historia) a través de los distintos acontecimientos ocurridos desde que se realizó el descubrimiento por parte de los españoles, la creación de la Capitanía General de Venezuela del 8 de septiembre de 1777 y el reconocimiento posterior de España sobre el territorio obtenido mediante la lucha emancipadora que costó elevados sacrificios, sangre, muertes y entregas, con mediciones sujetas a cambios, altibajos y actualizaciones, producto de las
interacciones constantes que se suscitaron en el espacio geográfico que les pertenece, y ello incluye indefectiblemente al espacio geográfico continental del Esequibo y sus habitantes; de allí, la temática de identidad de todo venezolano, que apela intensamente a los criterios de pertenencia junto a la naturaleza o esencia de la sociedad, y a los rasgos que la distinguen a ésta como entidad propia de su cultura, enlazándola a la percepción espacial, cuya consecuencia es la territorialidad y de allí la integridad territorial.

Estas variables que integran un marco inseparable de la Defensa Integral de la Nación venezolana, están dimensionadas sobre los siete ámbitos del interés nacional que surgen como una consecuencia derivada del ser humano y de su sentido de identidad espacial, lo que le permite originar de acuerdo al suscrito,
la definición sobre la Integridad territorial, la cual se contextualiza como la expresión del sentir de todo venezolano ante los estímulos externos, en la que concibe mediante el vínculo personal-sociedad, a propósito de su identidad, dar a conocer sus actitudes e ideas en torno al mundo que le rodea, sustentando su condición, conducta y tendencia en los ámbitos del interés nacional, y con sentido de exclusividad sobre su espacio geográfico integral.

En el marco de este concepto, el disponer que la República Bolivariana de Venezuela constituya un solo Estado literalmente (un mismo territorio con la población de una nacionalidad definida y con una misma dirección gubernamental), requiere que el Gobierno Nacional en su plan estratégico integral, diseñe políticas de unidad constituidas por partes diferenciadas (regiones), sobre las que se ejerzan la soberanía y la salvaguarda de la integridad territorial. En el caso del espacio geográfico integral del Esequibo, la
integridad territorial asumida en dos niveles territoriales sub nacionales por una coyuntura histórica fraudulenta, no genera como lo han querido señalar los guyaneses, un abismo entre la población de ambos lados, sino que el Gobierno guyanés con sus actuaciones un tanto temerosas y desviadas de
lo que debió corresponderse con el Acuerdo de Ginebra de 1966, reconoce aunque con timidez, la diversidad nacional que fortalece y abre caminos para propagar la expresión histórica de pertenencia de un territorio como parte de la Nación venezolana, cuya existencia data desde que ese mismo territorio
fue dominado en su descubrimiento por los españoles.

La delimitación del espacio geográfico integral esequibense hace imprecisa una de las partes, por no existir legítimamente los correspondientes tratados internacionales de límites como producto de las alteraciones históricas netamente fraudulentas, aunado a que los incidentes fronterizos tanto en el mar como en tierra, han alterado fluctuantemente las buenas relaciones con mayor o menor intensidad, y más aún, desde que el Gobierno de Guyana introdujo la demanda contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, dejando de lado los principios de entendimiento, cooperación, concurrencia y conexiones geopolíticas, en la que se pudieron diseñar y definir políticas de participación en la realización de los fines de los Estados involucrados, y no mediante la búsqueda de acciones que le permitan al Gobierno vecino
intentar esconderse bajo el refajo de otras organizaciones y actores internacionales, a propósito de recostar el litigio que tiene con Venezuela, para que otros decidan lo que debe hacerse, mientras que la victimización ha sido uno de los papeles que ha utilizado como estrategia en aras de opacar la imagen del país, y en ese desgaste estratégico, su gentilicio se beneficia de la extracción de los recursos que no les pertenece.

Es por ello, que el dictamen de medidas temporales (cautelares) por parte de la Corte Internacional de Justicia hacia el Gobierno de Guyana, a propósito de no realizar ninguna actividad en el espacio geográfico integral del Esequibo que beneficie unilateralmente a ese país, debió conformar una decisión y acción fundamental a dictarse desde que dicho organismo jurídico asumió su competencia sobre la demanda introducida en el año 2018, que de paso, quiera aceptarlo o no, es indudable que dicha medida
tendría que manejarse incluyendo tácitamente lo establecido y firmado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, hecho que aún no se encuentra presente siquiera a flor de agua.

Una realidad ineludible destaca hoy en día ante los ojos de todos los venezolanos y del mundo, y es que las fronteras de este país se estructuraron de acuerdo al principio del Uti Possidetis Juris, según el cual se debían conservar los límites que poseía la Capitanía General de Venezuela antes de 1810, y no hay nada que demuestre que esos espacios se perdieron o que fueron entregados, sino más bien la usurpación, la viveza y la manipulación fueron las bases que se utilizaron para delimitar la frontera en 1899, es decir, que a través de la historia de esta Nación, y mediante acuerdos realizados de manera inconveniente e inoportuna, el Estado venezolano vio reducir su territorio en beneficio de las naciones vecinas, afectando su soberanía, independencia y salvaguarda de su integridad territorial. Es pues llegado el momento en que todos podamos al unísono, y con conocimiento de causa, manifestar realmente que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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