Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, XIII Fase – Centésima trigésima cuarta entrega

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9 minutos de lectura

(Continuación)

Por: José Chachati Ata

Hace unos días leía un interesante escrito, cuyo soporte sensato reflejaba el contexto que implicaba para Venezuela la no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia en términos prácticos, y en atención a ello, me permito manifestar que hoy en día, luego de los enfoques presentados y de las investigaciones realizadas en el tiempo, y más aún, habiendo conocido más a fondo sobre el tema en cuestión, considero que el tema en sí a pesar de la importancia que implica este factor, no puede por sí solo circunscribirse como lo he señalado repetidamente, a la decisión de una comparecencia o no sustentada únicamente en el ámbito jurídico, dado que la ecuación sobre la que se maneja este litigio, la conforman un conjunto de variables complejas, en el que lógicamente el coeficiente jurídico juega un rol preponderante, pero definitivamente no es el único.  

En este contexto, entre los diversos componentes que debieron considerarse sobre este particular, entra ineludiblemente la percepción real de la confiabilidad que se le pudiese tener a una organización que estructuralmente depende de la Organización de las Naciones Unidas, dado que la Corte Internacional de Justicia le rinde anualmente cuenta a ésta sobre el resultado de sus gestiones, por lo que a este proceso se le adhiere un proceso complejo, sujeto a una continua dinámica, que incluye una funcionalidad multidimensional en el que entran a conjugarse diversos componentes cognitivos, considerando que precisamente el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas fue quien a pesar de la negativa de Venezuela, impuso unilateralmente favorecer los intereses del Gobierno de Guyana, al decidir
manejar el caso por la vía judicial sin haber agotado los demás mecanismos establecidos en el Artículo 33 de la Carta de la ONU, hecho que conllevó a que Guyana introdujese la demanda contra Venezuela ante la Corte de La Haya, apoyo impulsado por dicho Secretario General de la ONU, y con los gastos sufragados por la cantidad de quince millones de dólares, otorgados por la empresa trasnacional norteamericana Exxon Mobil, la cual se encuentra en las aguas del Esequibo, extrayendo de la plataforma continental el petróleo que le pertenece a Venezuela. Es por ello entre otras variables de primera magnitud, que en mi opinión, la confiabilidad sobre el citado organismo jurídico en este caso, no puede manejarse por procesos automáticos o irracionales, guiados linealmente por una intuición no analizada de manera integral.

Es por ello, que desde el punto de vista cognitivo, le pregunto a ud. estimado lector, qué basamentos se tienen hasta ahora para otorgarle confiabilidad a un organismo jurídico que le rinde cuentas a quien propició unilateralmente el uso de la vía judicial contra Venezuela, dándole la espalda al Acuerdo de Ginebra de 1966, sin derecho alguno a tomar decisiones unilaterales, que de paso favorecieron únicamente a una de las partes involucradas, en este caso al Gobierno de Guyana, sin explicación de ninguna naturaleza, porque hasta ahora no se tiene respuesta alguna de parte del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a pesar que el Gobierno de Venezuela ha emitido un escrito que tiene más de un año sin recibir respuesta alguna; adicionalmente, no debe olvidarse tampoco que el Artículo V del Acuerdo de Ginebra de 1966 es muy claro en su contenido, por lo que la Corte Internacional de Justicia debió desde el principio dictar una medida cautelar relacionada con las exploraciones y explotaciones ilegítimas que realiza el Gobierno de Guyana tanto en el espacio geográfico continental como en los espacios acuáticos de nuestro Estado venezolano Esequibo, más no lo hizo. Y así se espera que Venezuela tenga confianza en un organismo que ha demostrado tácitas tendencias guiadas hacia tentativos escenarios que apuntan perniciosamente a los intereses del país?

La confiabilidad se basa en un proceso de pensamiento metódico que conlleva a evidenciar dimensiones fundamentales como lo son precisamente la competencia, y en este particular coincido parcialmente con el autor del artículo que se señaló al principio, dado que en este caso, la Corte Internacional de Justicia, alberga un conjunto de cualidades orientadas al conocimiento, la experticia y el conocimiento que se necesita para atender el dominio específico del tema objeto de estudio, sin embargo, a pesar de haber tenido claramente sustentada la posición contraria de cuatro jueces, el citado organismo jurídico expresó su competencia sobre la materia, a propósito de validar o no la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, así como de establecer los límites definitivos entre Guyana y Venezuela, sin haber dictado medida cautelar alguna a las aberraciones cometidas por el Gobierno de Guyana, que no solo afectan a Venezuela, sino también sensiblemente al ámbito ecológico, de hecho, la ONG venezolana SOS “Orinoco” alertó hace poco que entre los años 2000 y 2021 se han perdido “al menos 135.3182” hectáreas de bosques tropicales en el territorio Esequibo,[…], por causa de la minería de oro en la zona”, agregando además, que esta destrucción supera la huella de la minería aurífera evidente en el Estado Bolívar.

Así mismo, la citada organización identificó 1.499 espacios mineros dentro del espacio geográfico continental del Esequibo, superficie que representa un total de 1.091 kilómetros cuadrados impactados por la explotación a través de la actividad minera de oro, cuya explotación se estima en diecinueve (19) toneladas de dicho mineral que le pertenece a todo el gentilicio venezolano. Adicionalmente, dichas actividades inciden también sobre los territorios habitados por los indígenas y los derechos de las poblaciones que allí residen Y ante este impacto destructivo que se viene generando con el silencio complaciente de organismos regionales e internacionales, se pretende que Venezuela siga encaminada por una vía en el que se le insta a seguir haciendo el papel de pendejos,…, hasta cuándo?

Es por lo anteriormente señalado entre otros factores, que la confiabilidad debe enlazarse obligatoriamente con la integridad, la cual entra ineludiblemente como variable que le permite a los actores percibir que la parte opuesta se encuentra frontalmente adherida a un conjunto de principios aceptables para el nivel en el que se está manejando el proceso de este litigio territorial, hecho que en sí guarda una estrecha relación entre las expectativas de quien maneja el caso en sí, y la conducta consistente entre las palabras expresadas y la tendencia de sus acciones, por lo que al interconectar a la Corte Internacional de Justicia con estos señalamientos, se percibe claramente que al menos en el marco de la integridad requerida para el fortalecimiento de la confianza por parte de Venezuela en cuanto a su comparecencia ante el citado organismo jurídico, se requería claramente una mayor consistencia entre lo que resalta a la vista y lo esperado en el marco legal con la conducta y el pronunciamiento adoptado por parte de dicha Corte.

Por otra parte, la actuación de Guyana en conjunto con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, aunado al enlace de esta última con la OTAN, en la que juegan un rol preponderante tanto el Gobierno de los Estados Unidos de América como el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, países que intervinieron con un papel decisorio en la nefasta sentencia del Laudo de París de 1899, aunado a la experiencia obtenida en el tiempo sobre los pronunciamientos jurídicos que evidentemente justifica plausiblemente la Corte Internacional de Justicia, los cuales se han ajustado a decisiones en el que entran inevitablemente el contexto geopolítico, geoestratégico y geoeconómico, conllevan en su conjunto a la estructuración de un valor agregado sobre la actuación de Venezuela, en el que lamentablemente no hay una claridad total sobre si se pretende hacer justicia a quien se le está confiando el caso judicialmente, o es que además de las razones señaladas, se le agregan parámetros de primer orden que juegan recia y forzosamente en un campo en el que se manejan múltiples intereses generales y particulares.

De acuerdo a todo lo señalado hasta ahora, la concepción multidimensional de la confiabilidad, en mi apreciación, no reúne las condiciones necesarias y relevantes aparte de su competencia jurídica para concedérsele abiertamente la credibilidad, y menos con la experiencia histórica que ha vivido el país sobre este particular; sin embargo, considero que también el Estado venezolano ha tenido un tanto de culpabilidad en haber permitido que el litigio territorial llegue hasta la coyuntura en la que se encuentra
actualmente. ¿O es que también políticamente vamos a seguir asignando responsabilidades únicamente a una parte, mientras que seguimos en el mismo círculo repetitivo, permitiendo que Guyana siga haciendo de las suyas? Parte y contraparte, venezolanos de ayer y de hoy, todos tenemos una cuota de corresponsabilidad sobre esta latente situación.

Y es por ello que debe tomarse en cuenta, que ante el contexto justificado plenamente sobre la insuficiente confiabilidad brindada hoy en día como factor preponderante a Venezuela, la situación del litigio territorial manejada en el contexto jurídico como parte de la otra cara de la moneda, conlleva a que también debe considerarse que la no comparecencia de Venezuela en el procedimiento contencioso ante la demanda presentada por parte del Gobierno de Guyana, no afecta mayormente el desarrollo del procedimiento en sí. De hecho, es importante conocer que desde 1948, Venezuela ha expresado su desconfianza abierta a todo mecanismo jurídico y pacífico para la solución de controversias, en el que se establezca tanto el uso del arbitraje como el arreglo judicial, tomando las previsiones necesarias de no ratificar ningún tratado que contemple a uno de estos dos mecanismos, y por esa razón es que no se le ha reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, y menos aún con la forma en que se estructuró dicho proceso entre el Secretario General de la ONU a las pocas semanas de haber recibido el cargo, y el Gobierno de Guyana.

Ante las circunstancias señaladas, en el mes de junio de 2022, el Gobierno de Venezuela propició un cambio repentino, remitiendo a la Corte Internacional de Justicia en su legítimo derecho, por supuesto, una serie de argumentos que tienden nuevamente a cuestionar la competencia del citado organismo jurídico internacional, además de designar a un grupo de tres (3) representantes del Gobierno Nacional, por lo que hasta los actuales momentos, la actuación venezolana sin olvidar el escrito que presentó originalmente en su momento ante la Corte Internacional de Justicia, alegando las múltiples razones sobre la No competencia jurídica de dicho organismo antes del pronunciamiento respectivo, y que vuelve a repetirse nuevamente, ha conllevado hoy en día a que el país se privó parcialmente del uso procesal existente cuando se cuestiona la competencia de la Corte Internacional de Justicia, opinión jurídica valiosa que respeto, y más aun sabiendo de parte de quien vino escrita, pero que en lo particular, comparto parcialmente por todo lo anteriormente señalado.

Lo cierto de todo, es que sobre el tapete hay variables de primer orden que se manejan hoy en día, atendiendo a intereses que se corresponden con el marco estratégico propio del nuevo orden mundial, en el que los escenarios de mayor peso apuntan a sensibles cambios que requieren la oportunidad y la
prudencia de la política exterior venezolana, entendiendo que hay un efecto dominó que aglomera a un conjunto de piezas de peso significativo, llamados países, gobiernos, organismos internacionales, recursos energéticos, recursos minerales, recursos hídricos, políticas, diplomacia, geopolítica, geoestrategia, geoeconomía, Tratados, Acuerdos, intereses nacionales, Derecho Internacional, tensiones, crisis, conflictos, negociaciones, entendimientos, conceptos estratégicos, amenazas y alianzas, entre otros, que en su conjunto y combinaciones respectivas, requieren la estructuración multidisciplinaria de análisis y acciones en el campo comunicacional, sistémico e integral, de manera que le otorguen un sólido cimiento en el marco de la seguridad, defensa y desarrollo integral a la Nación venezolana, a propósito de consolidar un posicionamiento adecuado y cónsono no solo con la realidad geohistórica, sino también con miras hacia un gran futuro, lo cual pocas veces se hace porque nos sustentamos fundamentalmente en la historia y no en la travesía del mañana que le espera a nuestro gentilicio, para así poder proyectar no solo en el campo idealista, sino en la realidad de esta prolija y exuberante Nación, que “el sol que brilla en Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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