Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, XIII Fase – 136 entrega

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17 minutos de lectura

(Continuación)

Por: José Chachati Ata

En el libro de reciente edición en Amazon, titulado “La Daga de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo” (con subtítulo: Posibles escenarios para Venezuela y Guyana en el nuevo orden mundial), se abordó la temática actual interactuando el pasado y el presente en el marco del litigio territorial sobre el Esequibo, a propósito de realizar una proyección prospectiva basada en escenarios reales, de manera de evaluar las posibilidades de éxito que tendría Venezuela si comparecía o no ante el citado organismo jurídico, considerando las variables agregadas que se fusionan entre los diversos actores, sus intereses e inclusive los eventos generados en este irreversible e ineludible tablero estratégico que ha dado origen a la coyuntura actual, sumatoria de hechos que fueron analizadas con la mayor amplitud de criterio posible, de manera de conformar una matriz de opinión lo más sensata posible.

Lo cierto de todo es que a partir de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, año en el que se dio un vuelco a la controversia territorial entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Guayana Británica, se abrió un nuevo espacio para todos los venezolanos sobre la reclamación del espacio geográfico integral del Esequibo, en el que por razones obvias, se dejó atrás la validez del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, porque de lo contrario, los países involucrados no hubiesen firmado el mencionado Acuerdo, por lo que se propició la necesidad participativa mediante el consenso de las distintas ideologías políticas del país; sin embargo, a partir de los distintos eventos ocurridos desde principios del siglo XXI, el Gobierno de Guyana le dio un vuelco a sus políticas desconociendo el Acuerdo antes señalado al igual que lo establecido en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, cuyo texto señala que el territorio nacional es el que se corresponde al de la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en 1810, históricamente ratificado por el Libertador-Presidente Simón Bolívar en 1817, quien había decretado que Guayana quedaba integrada a la República y el Reino Unido así lo reconoció sin objeción alguna.

Ahora bien, en este proceso histórico, fue demostrado que Gran Bretaña alteró la línea limítrofe afectando la territorialidad venezolana que culminó con el Laudo Arbitral de París de 1899, despojándole a la Nación un espacio geográfico continental y también acuático, que abarca hoy en día alrededor de 400.000 kilómetros cuadrados, y 123 años después de dicha sentencia, aún persiste la problemática de una reclamación por parte de Venezuela, con la inclusión de nuevas variables en la complicada ecuación del tema en cuestión, como lo han sido el otorgamiento ilegítimo de nuevas concesiones de parte del Gobierno de Guyana a empresas transnacionales para ejercer actividades económicas tanto en mar como en tierra para su único beneficio, además del desconocimiento de la línea limítrofe sobre los espacios acuáticos delimitados entre Venezuela con Trinidad & Tobago, la delimitación marítima efectuada unilateralmente con Surinam en el que se utilizó como uno de los soportes, la punta geográfica de la costa del Esequibo denominada Ana Regina, además de la delimitación de las áreas marinas y submarinas realizada por Barbados, entre otros, sumatoria de hechos que afectan la soberanía nacional sobre los espacios acuáticos venezolanos en el océano Atlántico, aunado al trazado ilegítimo hecho unilateralmente por el Gobierno de Guyana sobre su pretensión en la zona marítima proveniente en lo que se corresponde con el vigésimo cuarto Estado venezolano denominado Esequibo, demandando además a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, organismo jurídico que ya se ha pronunciado como ente competente para dirimir sobre la validez o no de la Sentencia Arbitral del Laudo de París de 1899, por lo que se le ha dado un giro muy complejo al proceso de entendimiento sobre la controversia territorial llevada a cabo bajo la figura de los Buenos Oficios, mecanismo que había sido acordado bilateralmente por Venezuela y Guyana ante el Secretario General de la Organización de las Naciones unidas.

El Acuerdo de Ginebra sigue siendo el compromiso jurídico firmado desde 1966 que reconoció la nulidad del Laudo de 1899, y le concede ineludiblemente la afirmación a la reclamación de Venezuela en el contexto de la Seguridad de la Nación, habida cuenta de la trascendencia en cuanto al manejo de la política exterior venezolana, en consolidar la integración bilateral mediante alternativas que requieren en esencia de la voluntad en salvaguardar la integridad territorial de la Patria. Asociado a ello, la naturaleza de los territorios marítimo y terrestre en el escenario geopolítico y el Derecho del Mar, le confieren al Estado venezolano la libre y natural salida al océano Atlántico, pese a que Guyana ha intentado cerrarle a Venezuela este paso estratégico, además de pretender cercenar el fundamento jurídico por el que Venezuela podría ejercer en un futuro cercano el ejercicio de su soberanía en el mar patrio que le correspondería, por disponer de una plataforma continental extensiva hacia la zona de Alta mar que alcanza las 350 millas náuticas, hecho que a criterio del suscrito debería abordarse, recomendarse y actualizarse como parte de los Derechos de los países con espacios acuáticos, para su inclusión en el Derecho del Mar, dado que ello favorecería también a otros países del continente y del mundo. Es únicamente el Gobierno Nacional quien podría tomar esta iniciativa.

Todo ello se ha compaginado en una nueva realidad, que amerita evaluar las posibilidades de alcanzar un proceso adecuado de entendimiento, que debería manejarse con base a una política ajustada a la nueva geopolítica mundial, a raíz del contexto que han venido arrastrando forzosamente los países de la OTAN
mediante la inserción de nuevos cambios y ajustes por el conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que una adaptación a las nuevas realidades geoestratégicas, geoeconómicas y geopolíticas, podrían evaluarse y activarse en aras de lograr una solución que satisfaga los intereses de Venezuela, con miras a la legítima
recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo; y en este contexto, la participación de la Corte Internacional de Justicia con la decisión adoptada, aunado al rol que esta ha jugado en el tiempo en cuanto a sus pronunciamientos, genera por un lado un efecto molesto, pero también su adaptación inequívoca y ajustada al nuevo orden internacional, conlleva a que ineludiblemente la decisión final que sentencie, no debería divorciarse del Acuerdo de Ginebra de 1966, en cuanto a la búsqueda de una solución aceptable, práctica y satisfactoria para ambas partes de esta controversia territorial.

En este contexto, cuyo cuadro se ha ceñido por manejos inadecuados y manipulados del Secretario General de las Naciones Unidas, a la inmediata demanda introducida por el Gobierno de Guyana contra Venezuela, y a la forzosa participación de La Corte de La Haya, se ha tenido que indagar para atender precisamente sobre la tendencia que ha tenido el mencionado organismo jurídico en sus pronunciamientos; con base a este señalamiento, considero que el enfoque presentado por el Dr. Gómez Abraham ha sido un tanto juicioso y equilibrado, quien ha presentado algunos análisis que merecen la consideración e inclusión de éstos en el tema objeto de estudio, sin embargo, en lo particular, insisto nuevamente que la decisión de comparecencia por parte de Venezuela, debe medirse obviamente en el campo jurídico como prioridad, pero también, la confiabilidad tiene un peso muy significativo en estas circunstancias, la cual, no puede negarse que ha tenido una ligera inclinación favorable en la balanza a favor de Venezuela, digna de evaluarse por las circunstancias ocurridas a raíz de la tendencia de la OTAN, en el que el Gobierno de los Estados Unidos de América se ha visto obligado a renegociar con el Gobierno de Venezuela, hecho que como se explicó en el artículo anterior, generaría si se lo propone el Gobierno Nacional, un efecto dominó de elevada transcendencia en pro de satisfacer los intereses del país.

En paralelo, la posición adoptada por el Dr. López Valladares, (Phd en Historia) sobre la actuación de la Corte Internacional de Justicia, se ajusta adecuadamente en cuanto a la aceptación del criterio jurídico, pero éste también señala la elevada prudencia requerida por parte de Venezuela, dado que le agrega al igual que el suscrito, la necesidad de considerar la variable de la confiabilidad por los precedentes existentes en cuanto a los pronunciamientos del citado organismo jurídico, por lo que es muy cierto que en el Derecho Internacional, el estudio de la frontera abarca directamente al Estado y a todo cuanto implica el ámbito territorial; en este sentido, el espacio geográfico integral del Esequibo al haber sido usurpado por el Gobierno Británico y entregado como herencia a lo que hoy en día ha llamado ilegítimamente la República Cooperativa de Guyana, violando con ello la frontera y los límites respectivos de Venezuela, ha conllevado al reclamo del Gobierno Nacional con la fortaleza requerida, y se enmarca en un asidero jurídico cónsono con el Derecho Internacional, dado que antes que Guyana recibiese el territorio despojado a los venezolanos del Esequibo como herencia de los ingleses sin ningún tipo de lucha por la conquista del mismo, lo cual ha sido plenamente demostrado sobre su no pertenencia, ya este espacio geográfico había sido entregado anteriormente por España a Venezuela como derechos provenientes de la emancipación y luchas con sangre, ruinas, desastres y lágrimas otorgadas a través de la independencia obtenida, cuyos límites ya estaban fijados desde el 08 de septiembre de 1777, mediante la creación de la Capitanía General de Venezuela, hecho que le concede hoy en día al país por la vía legítima, sin manipulaciones ni ocultamientos bajo discursos y presiones colaterales de otras organizaciones internacionales, todo elemento probatorio de carácter jurídico, geohistórico, sociopolítico, geográfico, íntegro, público y decoroso para afrontar limpiamente el proceso de la reclamación. . .

Ya a esta altura de todo cuanto se le ha mencionado al lector, la comparecencia del país ante la Corte de La Haya, tal como se le había demostrado anteriormente en forma totalmente sustentada analíticamente, que no era viable, conlleva a la pregunta que sale a relucir sobre el tapete hoy en día, sobre cuán razonable es para Venezuela a raíz de todos los eventos ocurridos en el año 2022, el que le haya dado un giro a su estrategia y decida enviar a los tres representantes ya designados a la Corte Internacional de justicia, luego de haberle presentado al citado organismo jurídico, las objeciones preliminares sobre la Memoria entregada por el Gobierno de Guyana en cuanto al soporte de la demanda introducida en contra de Venezuela, a propósito de buscar el Gobierno del país vecino en darle validez a la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899?

Existen en la actualidad, diversas sentencias generadas por el organismo jurídico ya citado, las cuales fueron mencionadas por el Dr. Gómez, en el que estas crean obviamente un marco de jurisprudencia que ajustados a Derecho, – más no a una entera confiabilidad en el ámbito nacional ni en el contexto geopolítico mundial y regional-, constituyen una plataforma de tendencias que merecen la debida consideración y evaluación, las cuales se citan textualmente a continuación:

Una vez acordado, el límite se mantiene; ya que cualquier otro enfoque viciaría el principio fundamental de la estabilidad de los límites, cuya importancia ha sido reiteradamente enfatizada por esta Corte. (Disputa entre Libia y Chad, 1994)(el subrayado es nuestro).

También esta Corte Internacional ha creado sólida jurisprudencia, en cuanto a que:

…la Corte enfatiza que el principio Uti possidetis iuris requiere no solo que se confíe en los títulos legales existentes, sino también que se tenga en cuenta la manera en que esos títulos fueron interpretados y aplicados por las autoridades públicas competentes en el Poder, en particular en el ejercicio de su poder legislativo. (Controversia fronteriza, Benín-Níger, 2013) (el subrayado es nuestro)

Por otra parte, se recopiló la información sobre la demanda introducida por el Gobierno de Nicaragua contra Honduras ante la Corte Internacional de Justicia, la cual fue formalizada el 29 de noviembre de 1999, a propósito de delimitar los espacios acuáticos de cada uno de estos países en el Mar Caribe, siendo acompañada dicha demanda con una serie de medidas provisionales, aunado a que la misma se efectuó luego que el Gobierno de Honduras manifestó el deseo de ratificar un Tratado de 1986 sobre la delimitación de los espacios acuáticos con Colombia, intentando así el Gobierno de Nicaragua como país demandante, orientar las acciones del citado organismo jurídico en el artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (oficialmente conocido como “Pacto de Bogotá” que data desde 1.948); así como, en el numeral 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de La Haya (debemos recordar que Venezuela no es firmante del Pacto de Bogotá).

En este caso, se pudo resaltar que el uso del Uti Possidetis Juris, conformó una plataforma jurídica de primer orden para las disputas, y lo más resaltante del proceso, fue que el organismo jurídico internacional observó que Honduras invocó el principio del Uti Possidetis Juris como base de su soberanía sobre los espacios acuáticos del litigio, hecho que fue objetado por Nicaragua, quien afirmó que la soberanía expresada por Honduras no podía manejarse sobre la base de dicho Principio; dado que el mismo podía utilizarse también como soporte jurídico para ambas partes, por lo que la Corte Internacional de Justicia, manifestó textualmente lo siguiente:

…la Corte ha reconocido que el principio del Uti possidetis, ha mantenido su lugar entre los principios jurídicos más importantes, fundamentalmente en lo tocante a los títulos territoriales y la delimitación de las fronteras en el momento de la descolonización. (Controversia fronteriza entre Burkina Faso y República de Malí), 1986, p. 567) (el subrayado es nuestro).

Adicionalmente, y sin ir muy lejos, el Gobierno de Bolivia al haber solicitado ante la Corte Internacional de Justicia la salida de dicho país al mar (Océano Pacífico), lo hizo invocando al Derecho de obligatoriedad de la contraparte (Chile), para precisar y presionar a la negociación entre las partes, la cual tuvo como simple soporte, el ofrecimiento realizado verbalmente en el año 2013, por lo que luego de cinco años de disensiones y controversias, es precisamente la Corte Internacional de Justicia quien dictó la sentencia con carácter inapelable, en la que desestimó la demanda de Bolivia, manifestando que Chile no estaba obligada a negociar, así como también, dicho organismo jurídico expresó categóricamente, que Chile tenía todo el derecho que le asiste en cuanto a la defensa de su territorio, de su mar y de su soberanía.

En ese proceso de investigación, fue agregado otro caso elevado a la Corte Internacional de Justicia, cuya sentencia le proporciona al Estado venezolano otros elementos adicionales a su favor sobre el litigio territorial con Guyana, relacionados con la inclinación que adopte o decida el citado organismo jurídico, a
partir del momento en que se consigne la contestación de la demanda respectiva; dichos elementos provienen del párrafo de la decisión de ese organismo jurídico, que acredita y afianza una base jurisprudencial al expresar La Corte que conoció del caso y concluyó que no podía desconocer el principio de Uti possidetis iuris, cuya aplicación da lugar a este respecto de la intangibilidad de las fronteras. (Sentencia de la controversia entre Burkina Faso y República de Malí, 1986) (el subrayado es nuestro).

Así mismo, en el año 2012, el país vecino (Colombia), ante la disputa tanto territorial como marítima con Nicaragua, cuya decisión fue tomada por la Corte de La Haya, consideró nuevamente la reivindicación de la soberanía sustentada sobre el principio del Uti Possidetis Iuris; principio en el que se establece claramente, que “en el momento de la independencia, los nuevos Estados heredan los territorios y las fronteras de las provincias previamente coloniales”. En razón de ello, este principio que ha permitido asentar una sensible jurisprudencia en las decisiones del mencionado organismo jurídico, es el pilar sobre el que se está sustentando válidamente el aporte realizado por el Dr. Gómez, por lo que es razonable manifestar que la Corte Internacional de Justicia no podría ir en contra de sus propios pronunciamientos.

Pero también, el suscrito realizó varias consultas en paralelo ante quienes adoptan criterios jurídicos contrarios a lo presentado, y ello conlleva a considerar que si fue Guyana quien demandó a Venezuela, e indudablemente que la variable “confiabilidad” está aún sobre el tapete de la realidad actual del litigio,
habría que estudiar y tantear por parte de los expertos, los siguientes factores y eventos:

  1. La Corte Internacional de Justicia al haber conformado jurisprudencia, podría sustentarse sobre el principio del Uti Possidetis Iuris, en el que “en el momento de la independencia, los nuevos Estados heredan los territorios y las fronteras de las provincias previamente coloniales”. En este contexto, al haber sido Guyana quien demandó a Venezuela, siendo precisamente Guyana quien se victimiza y fue ésta quien recibió como herencia el territorio que le otorgó Gran Bretaña bajo el nombre de Guayana Británica, para luego llamarse República Cooperativa de Guyana, conllevaría a una posible manipulación interpretativa del citado organismo jurídico, para decidir sobre la aplicación del Uti Possidetis Iuris de modo similar en favor de Guyana a partir del momento en que recibió su independencia en 1966, por lo que la Corte de La Haya manejaría la situación ratificando la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, hecho que de por sí, representa la razón fundamental de la demanda y un riesgo innecesario de correr.
  2. A propósito de generar más retrasos ante una situación obvia en el que le asiste la razón a Venezuela, la Corte Internacional de Justicia como organismo que le rinde cuentas a la Organización de las Naciones Unidas, podría sustentarse en que habría que iniciar el proceso en tal caso si así lo decide el Gobierno de Venezuela, mediante la presentación de una demanda o reclamación contra el Gobierno de Gran Bretaña, por ser Guyana el último heredero del territorio otorgado por la mencionada potencia europea, siendo ello un falso positivo que partiría del real problema de límites territoriales surgido en el siglo XIX entre Venezuela y Gran Bretaña, y que se sustentaría también en el principio del Uti Possidetis Iuris, recordando que está de por medio la firma del Tratado de Washington de 1897 en el que el Gobierno de Venezuela aceptó jurídicamente la representación del Gobierno de los Estados Unidos de América, por lo que de ser así, el reclamo de Venezuela se manejaría directo con el Gobierno de Gran Bretaña, asumiendo un rol secundario el Gobierno de Guyana, pero al haberse firmado anteriormente el Acuerdo de Ginebra, habría que conformar una solución aceptable, práctica y satisfactoria para ambas partes, hecho que continuaría retrasando todo el proceso del litigio existente, mientras que el Gobierno de Guyana seguiría administrando el espacio geográfico integral del Esequibo, otorgando licitaciones ilegítimas y explotando los recursos de todos los venezolanos, beneficiándose unilateralmente mediante la afectación del sentido de exclusividad de nuestro gentilicio nacional, y a espaldas del compromiso jurídico establecido en el mencionado Acuerdo desde 1966.
  1. Manejar el litigio bajo los principios del deber ser, implica que de utilizarse la jurisprudencia del Uti Possidetis Iuris, en el mejor de los casos, conllevaría a que podría anularse la validez de la sentencia del Laudo de París de 1899 por razones obvias que se inclinan en favor de Venezuela, pero ello no implicaría que el territorio sea devuelto completamente a Venezuela, dado que quienes están involucrados de lleno en el tema, saben muy bien que la recuperación del territorio sería parcial, recordando de hecho en el informe emitido por algunos actores gubernamentales que ocuparon cargos activos y relevantes de primer orden en el año 2003, éstos expresaron su aceptación sobre la recuperación parcial del territorio, estableciendo la línea limítrofe en el río Moroco y no en el Esequibo, dado que geohistóricamente existen precedentes erróneos que podrían mal utilizarse en contra del país, y sustentar mediante el citado principio jurídico, que la presencia británica se llevó a cabo mediante el ejercicio de la soberanía de ese país y el asentamiento de varios colonos en diferentes sectores. Una verdadera manipulación que sin lugar a dudas sería utilizada si el litigio se maneja de esa manera, por lo que habría que preparar al país ante dicha situación.
  2. Es obvio que la posibilidad de retomarse el caso mediante la participación trinomial entre los Gobiernos de Venezuela y Guyana, en conjunto con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, tiene muy bajas probabilidades de ocurrencia, recordando que la Corte Internacional de Justicia le rinde cuentas de su gestión a dicho organismo internacional, además de la decisión unilateral tomada por el mismo, favoreciendo solo los intereses de Guyana. A buen entendedor, pocas palabras.

Hay otros puntos adicionales que bien merecen su mención, sin embargo, considero que con este escrito a favor y en contra sobre la comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia por parte de Venezuela, habría que preguntarse si los pasos que se están dando actualmente, han sido evaluados en su más amplia dimensión por los expertos venezolanos, sabiendo los aciertos y errores que se han cometido de ambas partes, con la diferencia que al Gobierno de Guyana solo le asiste la aprobación de la sentencia del Laudo de París de 1899, porque sencillamente no tiene argumento alguno que le permita sustentar la pertenencia del territorio en reclamación.

Mientras que Venezuela tiene los argumentos con los soportes geohistóricos necesarios que le permiten abordar jurídicamente la pertenencia de dicho territorio; en este contexto, pareciese que la jurisprudencia existente sobre los dictámenes de la Corte en cuanto a la aplicación del Uti Possidetis Iuris, es lo más sensato y adecuado, pero he aquí que se presentan posibles elementos de primer orden que podrían prestarse a posibles manipulaciones e interpretaciones en la sentencia final del organismo jurídico competente, tomando en cuenta la actuación del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas al favorecer unilateralmente al Gobierno de Guyana, así como al haberse decidido en contra de la voluntad del Gobierno de Venezuela la utilización de la vía judicial, además de la actuación de la Corte Internacional de Justicia al haberse adjudicado la competencia jurídica del caso sin haber considerado la conformación de una medida cautelar ante las acciones geoeconómicas que ha generado el Gobierno de Guyana para su beneficio a costillas del gentilicio venezolano, por lo que el factor de la confiabilidad a mi criterio, sigue siendo el de mayor relevancia que el Estado venezolano debe sopesar en el camino que ha iniciado hace poco para alcanzar el objetivo final de este proceso de reclamación, que le permita finalmente a todos cuanto formamos parte de esta Patria sagrada, afirmar con la certeza requerida, que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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