El caso Bellorín revela cómo el régimen usa el poder constituyente como instrumento de control.
Ángel Alberto Bellorín desconfió de Chávez, enfrentó a Maduro y hoy vigila a la transición. Su arma sigue siendo la misma: la Constitución. Aun cuando la fuerza resolvió lo que la norma no pudo, él no suelta el expediente.
Por la redacción de INCÍSOS
Domingo 7 de junio de 2026
Las 6WINCÍSOS
- Qué: El pensamiento y las propuestas de un jurista militar que litiga, desde hace tres décadas, por el mérito constitucional.
- Quién: El coronel retirado Ángel Alberto Bellorín, doctor en Derecho Constitucional y abogado magna cum laude.
- Cuándo: De un reclamo de ascenso en 1992 a sus análisis sobre la transición tutelada de 2026.
- Dónde: Venezuela: del cuartel y los tribunales a la tribuna de opinión pública.
- Por qué: Su voz activa ilustra el choque entre el argumento jurídico y el realismo político en la crisis venezolana.
- Cómo Agotando la vía administrativa, luego la judicial y, cuando ambas fallan, escribiendo con fecha y artículo exactos.
Hay una manera venezolana de pelear contra el poder que no usa armas ni multitudes, sino artículos, expedientes y fechas. El coronel retirado Ángel Alberto Bellorín la encarna mejor que casi nadie: oficial del Ejército convertido en abogado magna cum laude y doctor en Ciencias Jurídicas mención Derecho Constitucional, lleva más de tres décadas litigando una idea obstinada: que el mérito existe, que está escrito en la Constitución, y que el Estado venezolano lleva años fingiendo que no.
Su historia no es la de un converso. Es la de algo más raro y más difícil: la de alguien cuya desconfianza ha sido siempre pareja, y lo sigue siendo. Desconfió de Chávez cuando aún gobernaba, enfrentó a Maduro hasta pedirle la renuncia, y hoy desconfía de la transición tutelada que llegó después. Y sigue activo: litiga, escribe y publica con la misma constancia. Su coherencia no está en la respuesta —que cambia con los hechos—, sino en la pregunta, que es siempre la misma: ¿quién responde por las instituciones destruidas?
Este perfil combina hechos verificados en fuentes independientes —el llamado público a Maduro a renunciar, los recursos ante el Tribunal Supremo, el contenido del artículo 331— con el testimonio del propio Bellorín, expresado mayoritariamente en sus columnas de opinión. Donde la afirmación proviene solo de su relato, el texto lo indica. Sus interpretaciones son, por naturaleza, suyas.
El origen: un fraude de cinco puntos
Su biografía pública nace, según su propio relato, de un agravio concreto y medible. En abril de 1992, siendo mayor que aspiraba al grado de teniente coronel, Bellorín descubrió que en su calificación de servicios se había colocado una nota de 94,959 cuando, dice, correspondía 99,960: le habían asignado cero puntos en el examen físico —cuya planilla afirma haber entregado con recibo—, restándole cinco puntos y desplazándolo en el orden de ascenso.
Lo que para muchos habría sido una pataleta de cuartel, en él se volvió método. Cuenta que la Inspectoría le dio la razón y recomendó su ascenso en un expediente de julio de 1992, pero no fue ascendido a teniente coronel sino hasta julio de 1993, sin reconocimiento de antigüedad y con la sugerencia de que se quedara tranquilo. No se quedó tranquilo. Esa decisión marcó el patrón que mantiene hasta hoy: agotar la vía administrativa, después la judicial, y cuando ambas fallan, escribir.
La cruzada por el artículo 331
El núcleo doctrinal de Bellorín es un solo artículo de la Constitución de 1999. El artículo 331 establece que los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Para él, esas tres palabras son principios jurídicos vinculantes, no adornos retóricos, y el Estado nunca dictó la ley que debía desarrollarlas.
El 17 de abril de 2001 interpuso ante la Sala Constitucional un recurso de interpretación de ese artículo, para que el máximo tribunal fijara criterio sobre qué significan mérito, escalafón y plaza vacante. La Sala le respondió, en sentencia de octubre de 2001, que el artículo era «claro y preciso», sin ambigüedad, y que al remitir a una ley posterior no era susceptible de interpretación: declaró inadmisible el recurso. En 2005 volvió a intentarlo, pidiendo que el tribunal considerara que seis años eran suficiente omisión legislativa. Según él, se «lavó las manos» otra vez.
El desenlace de su reclamo original es casi una alegoría del país. En 2016 —según su relato, veinticuatro años después de iniciado el reclamo— la Sala Político-Administrativa anuló el acto administrativo de ascensos, pero sin asignar responsabilidades ni resarcimiento. Bellorín la calificó de sentencia «de antología»: más de cincuenta páginas que, denuncia, no mencionaban ni una vez el artículo 331 que estaban obligados a cumplir.
Art. 331
«Los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante.» Tres palabras de la Constitución de 1999 que, según Bellorín, el Estado nunca quiso desarrollar en ley. Su batalla de tres décadas cabe en esa frase.
El enemigo doctrinal: el «factor de corrección»
Si hay un concepto que Bellorín ha perseguido con saña intelectual, es el llamado factor de corrección: una fórmula de un reglamento de 1986 que faculta a las juntas para modificar discrecionalmente las calificaciones de los oficiales, y con ellas el mérito mismo. Sostiene que la Junta de Ascenso suele estar formada por oficiales que a su vez están siendo evaluados por otras juntas, de modo que se quita mérito a quienes estorban y se otorga a los beneficiarios, todo «con el barniz de órgano colegiado». Una máquina de cooptación disfrazada de procedimiento.
De ahí su proyecto más concreto: una Ley de Ascensos Militares de 71 artículos que redactó en 2020 y que fue presentada a la Asamblea Nacional ese año. Plantea eliminar el factor de corrección y frenar la inflación de grados que ha llevado al país a tener, según su denuncia, cerca de dos mil generales, muchos de ellos ociosos. Para Bellorín, exigir la verdadera meritocracia en la Fuerza Armada es el punto de partida para sanear todas las demás instituciones, y lo sigue planteando.
Una teoría del país: la mediocridad como sistema
Lo que distingue a Bellorín de un simple litigante agraviado es que convirtió su caso en una tesis sobre Venezuela. Habla de «una mediocridad en arraigada metástasis social e institucional» que no quiere medirse de forma transparente. Y esa idea se extiende más allá del cuartel: en sus escritos recientes traslada la misma lógica al escalafón universitario y al salario mínimo, frentes —dice— de una misma guerra contra el mérito.
Su lectura es sistémica. Vincula el artículo 91, sobre el salario mínimo vital, con el 80, que ordena igualar las pensiones al salario mínimo, para denunciar que el «salario mínimo integral» anunciado por el gobierno fragmenta el ingreso en bonos y convierte el salario en dádiva y no en derecho. E insiste en que los artículos 328, 330 y 331 forman «un todo integrado»: desde ese andamiaje denuncia, por ejemplo, los ascensos a general que se otorgaron a oficiales que habían sido gobernadores y militantes del partido de gobierno, en violación —sostiene— del artículo 330, que prohíbe a los militares activos optar a cargos de elección popular.
El llamado a Maduro: rendirse para evitar la tragedia
A finales de diciembre de 2025, su pluma jurídica se volvió intervención política directa. El 23 de diciembre, Bellorín —junto al también coronel retirado y jurista Hidalgo Valero Briceño— instó públicamente a Maduro a reconocer la derrota electoral del 28 de julio de 2024 y a renunciar, calificándolo como la solución menos costosa para el país.
Su posición tuvo un matiz que conviene no perder: rechazó de plano cualquier conflicto armado. «Yo tampoco quiero guerra, y estoy seguro de que ningún venezolano de bien desea una invasión militar ni sufrir las penurias de una guerra», declaró. Le planteó a Maduro que la salida estaba en sus manos: reconocer la derrota y rendir cuentas ante la justicia internacional, donde —a diferencia del sistema venezolano— se respetaría la presunción de inocencia. Y, anticipándose a la acusación de traidor, marcó distancia de cualquier agenda externa: dijo no conocer a ningún norteamericano ni haber pisado ese país, y aseguró que lo único que conoce a la perfección es la Constitución.
Yo tampoco quiero guerra, y estoy seguro de que ningún venezolano de bien desea una invasión militar ni sufrir las penurias de una guerra.
Cuando el realismo político mató al argumento jurídico
Y entonces ocurrió lo que su arma de toda la vida no pudo lograr. El 3 de enero de 2026, comandos estadounidenses capturaron a Maduro y lo sacaron del país. El abogado constitucionalista que llenaba escritos de artículos hizo la confesión más incómoda para alguien de su formación: que la fuerza, no la norma, había resuelto lo que la norma nunca pudo.
En un texto del 4 de enero sostuvo que en Venezuela el estado de derecho había dejado de existir hacía años, y que cuando eso ocurre la política como ciencia de lo posible desplaza a lo jurídico. El antiguo litigante invocó entonces a los teóricos del poder: dijo que la dignidad y la moral de María Corina Machado, apeladas a la razón y a la norma, «nunca fue suficiente para domar a la bestia», y que en 27 años debió aprenderse que «el realismo político mata el argumento jurídico». No celebró la intervención: leyó con frialdad que las armas que sacaron a Maduro están en manos de Trump y de sus intereses.
Donde su voz se volvió más personal fue en la suerte de los soldados. Lamentó que, pasadas las primeras horas, se desconociera aún el listado de jóvenes militares caídos, «venezolanos sacrificados injustamente» por un alto mando que, dice, subordinó la Fuerza Armada a un proyecto partidista. La culpa, para él, no recae en quien disparó desde afuera, sino en quien entregó la institución.
En 27 años de destrucción populista debió aprenderse que el realismo político mata el argumento jurídico.
La misma vara para los nuevos actores
Lo notable es que sus obsesiones no desaparecieron con el régimen caído. Bajo el gobierno de transición que encabeza Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Bellorín siguió denunciando lo mismo que antes. Atacó el «salario mínimo integral» anunciado en mayo de 2026 como una falacia más, insistiendo en que ningún gobierno puede legislar por decreto por encima de la Constitución. El aplanamiento del mérito —del escalafón militar, del universitario, de la escala salarial— es, para él, una enfermedad estructural que sobrevive a los gobiernos que la encarnaron.
Tampoco se volvió un celebrante de la tutela extranjera. Cuando la Academia de Ciencias Políticas y Sociales se pronunció sobre la vacancia presidencial, Bellorín no discutió la mecánica jurídica sino la amnesia: criticó que el comunicado pareciera omitir que la ruptura constitucional venía de antes, como si «el 3 de enero de 2026 nació la República», ignorando que el desconocimiento del resultado electoral databa del 28 de julio de 2024. Y en textos recientes, con títulos como «Protectorado gringo en el TSJ», dejó claro que su preocupación por la soberanía y por una reconstrucción auténticamente venezolana sigue viva. El realismo con que aceptó los hechos no se confunde, en él, con entusiasmo por un protectorado.
Tango, expediente y filo
Bellorín escribe como litiga: con la fecha exacta, la cita constitucional textual y una vena literaria que suele desembocar en el tango «Cambalache», que cita para retratar un país donde «es lo mismo ser derecho que traidor». Esa imagen —el aplanamiento moral como metáfora de la abolición del mérito— es su obsesión central. Y su firma lo dice todo sobre cómo quiere ser leído: «Abogado Magna Cum Laude, Doctor en Ciencias Jurídicas mención Derecho Constitucional». No firma como coronel primero. Hace tiempo que su batalla dejó el cuartel.
Su pensamiento gira sobre un eje único y coherente: el mérito como principio constitucional traicionado por el Estado, primero en los ascensos militares, luego en las universidades y los salarios, y finalmente en la propia legitimidad del poder. Su propuesta no es revolucionaria sino, paradójicamente, legalista hasta la médula: que se cumpla la Constitución que el chavismo redactó y que —según él— nunca tuvo intención de obedecer. Por eso desconfía de todos por igual. Y por eso su pregunta, la única que nunca cambia, sigue esperando respuesta — y él, sin soltar el expediente, sigue formulándola.
Su coherencia no está en la respuesta, que cambió con los hechos. Está en la pregunta: ¿quién responde por las instituciones destruidas?
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