LIMA. — El escenario político de Perú vuelve a quedar en vilo tras un vertiginoso desenlace electoral. Con el 98.2% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ventaja milimétrica de apenas centésimas sobre el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP). Esta extrema paridad ha desatado una intensa batalla legal en los organismos electorales.
La tensión escaló cuando la bancada de Juntos por el Perú interpuso un masivo recurso de nulidad con el fin de invalidar 2,400 mesas de sufragio —1,751 en el territorio nacional (concentradas en Lima y regiones del norte como Lambayeque, Amazonas y Áncash) y 649 en el extranjero—. El equipo legal de Sánchez denunció presuntos «indicios graves de fraude» y manipulación de actas, alegando patrones de votación idénticos a favor del fujimorismo en determinados centros, algo que calificaron como estadísticamente inverosímil.
Por su parte, Keiko Fujimori reaccionó con cautela. Aunque aseguró que su bancada no observa ninguna causal real para anular las actas, enfatizó el derecho constitucional de su rival a interponer los recursos legales pertinentes, haciendo un llamado a mantener la calma y esperar las resoluciones oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El costo de la impugnación: De acuerdo con la normativa electoral peruana, cada solicitud de nulidad de mesa requiere el pago previo de una tasa de 1,337 soles (aproximadamente 393 dólares). Impugnar el bloque completo de 2,400 mesas supone un desembolso superior a los 3 millones de soles (cerca de 925,000 dólares).
El muro de las tasas legales
El contraataque legal de Sánchez, sin embargo, chocó de frente contra la rigidez de la normativa procedimental. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) declararon de inmediato la improcedencia de los recursos debido a un detalle crítico: las solicitudes se presentaron sin el comprobante original de pago de las tasas correspondientes.
Ante este panorama, el partido de Roberto Sánchez inició de emergencia una colecta pública dirigida a sus simpatizantes para financiar la defensa del voto y cubrir los millonarios costos requeridos para formalizar las apelaciones. Expertos en derecho electoral señalan que, al haber vencido los plazos legales estrictos para la entrega del dinero junto con los folios, la viabilidad legal de revertir esta improcedencia es mínima.
Mientras los recursos se debaten en las últimas instancias y los simpatizantes de ambos sectores se movilizan con vigilias pacíficas, Perú se sumerge de nuevo en una profunda incertidumbre matemática y legal, a la espera del conteo del último lote de actas que defina oficialmente la presidencia.
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