Título original: El «Constitucionalismo de Fachada» y el imperio del decreto. Por Gustavo Alfredo Domínguez Martínez
La primera gran contradicción histórica de Venezuela es la obsesión por redactar textos legales sublimes que luego son inaplicables en la realidad fáctica, sumergiendo a la República en un eterno retorno de la ley, la fuerza y la destructiva repetición del péndulo venezolano (1811–2026)
En el origen
En 1811 se firmó una Constitución federal avanzada, pero ante las primeras dificultades materiales, el liderazgo republicano la guardó en un cajón y gobernó mediante la Dictadura de Guerra de 1813 o el Decreto Orgánico de 1828. La norma se convirtió en un lujo prescindible frente al «estado de necesidad».
En 2026
El gobierno de transición de Delcy Rodríguez opera exactamente bajo la misma premisa. Se jura lealtad formal a la Constitución de 1999, pero se gobierna por encima de ella. El aplazamiento indefinido del cronograma electoral bajo la excusa de que las condiciones del diálogo político y la presión internacional no lo permiten es la reedición exacta de la vieja tesis bolivariana: la ley debe esperar a que la patria esté a salvo.
El «Estado de Excepción» como normalidad institucional
Venezuela es un país fundado sobre la excepcionalidad jurídica. El Decreto de Guerra a Muerte de 1813 enseñó que, en tiempos de crisis, la ley ordinaria deja de existir y el debido proceso es sustituido por la discrecionalidad del gobernante.
En el origen
Bolívar justificó el exterminio de prisioneros y la persecución de neutrales porque el adversario (Monteverde) había violado los acuerdos de San Mateo. El quiebre del pacto por el rival otorgaba, supuestamente, una patente de corso legal para actuar fuera de la moral y la norma.
En 2026
El actual «Rodrigato» (como lo menciona el coronel Bellorin) en su propia existencia es una aberración constitucional; eliminó de hecho el salario mínimo que ordena el artículo 91, justifica la bonificación del salario, el aplanamiento de los escalafones profesionales y la opacidad administrativa utilizando el mismo argumento defensivo.
El chavismo residual en el poder alega que las sanciones, la inestabilidad de la transición y las amenazas externas configuran un estado de emergencia perpetuo. Al igual que en 1813, la culpa de que no haya supremacía material de la constitución se le atribuye siempre al comportamiento del enemigo.
El Realismo Político y la entrega de la soberanía al más fuerte
La contradicción más flagrante radica en el divorcio entre la retórica de la soberanía nacional y la sumisión fáctica a los poderes extranjeros para conservar o alcanzar el control del territorio.
En el origen
La independencia se declaró en nombre de la libertad del pueblo americano, pero el liderazgo republicano no dudó en buscar el protectorado británico o el auxilio de potencias extranjeras cuando la fuerza local fue insuficiente para batir al realismo. Los Británicos a la vez de combatir a su enemigo, también tomaba botin como pago (Trinidad, El Esequibo por ejemplo)
En 2026
El desenlace del 3 de enero de 2026 desnudó esta hipocresía histórica. El andamiaje jurídico nacional fue incapaz de resolver el conflicto interno, y tuvo que ser la fuerza militar de una potencia extranjera la que destrabara el juego político.
Hoy, mientras los nuevos actores políticos discuten en despachos tutelados por Washington y se denuncia un «protectorado gringo en el TSJ», el país asiste a la misma escena de hace dos siglos: los intereses geopolíticos de las grandes potencias dictan el destino de una república que se autoengaña llamándose soberanía, mientras el nuevo protector también reclama su botin de guerra.
La gran tragedia de la venezolanidad es que el molde original del Estado no se construyó sobre la base del mérito, la alternabilidad y el respeto a la norma escrita, sino sobre la legitimación de la fuerza, la cooptación militar y la trampa procedimental.
Somos, en efecto, el resultado de esas contradicciones. Por eso la voz de hombres como el coronel Angel Alberto Bellorin resulta tan incómoda para el poder en este 2026: porque al exigir el cumplimiento exacto del artículo y la fecha, no solo está desnudando las falacias de Delcy Rodríguez; está impugnando un método de ejercer el poder que lleva 216 años repitiéndose en Venezuela con total impunidad.
Barcelona, 8 de junio de 2026.
Gustavo A. Domínguez M.
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