La instrucción judicial en torno a las actividades profesionales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sumado un nuevo e importante capítulo. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado, ha decidido ampliar la investigación incorporando dos nuevos presuntos delitos a las pesquisas ya existentes: apropiación indebida y intrusismo profesional.
Esta decisión reconfigura el mapa de un proceso que se ha convertido en el epicentro del debate político y judicial del país.
El Origen del Nuevo Frente: El Software de la Complutense
El origen de esta última ramificación se encuentra en una querella presentada por la organización Hazte Oír, que fue admitida a trámite por el juez Peinado. La acusación se centra en la gestión de un software específico para empresas que fue desarrollado en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la cual co-dirigía Gómez.
- La Tesis de la Acusación: Sostiene que Begoña Gómez habría registrado a su nombre la marca y el citado programa informático —cuyo desarrollo fue financiado por empresas privadas para la universidad—, lo que a ojos de la querella podría constituir un delito de apropiación indebida. Asimismo, se cuestiona si ejerció competencias reservadas a profesionales específicos sin poseer la titulación requerida, lo que motivaría el cargo de intrusismo.
- La Posición de la Defensa: Desde el entorno legal de Gómez y las filas del Ejecutivo se ha mantenido de forma unánime que no existe irregularidad alguna. La defensa argumenta que los trámites y la gestión del software se ajustaron a la legalidad y al funcionamiento de la propia cátedra, enmarcando las sucesivas ampliaciones del caso en una «persecución política y mediática» sin base jurídica sólida.
Un Tablero Judicial Complejo
Con esta última resolución, el panorama procesal para la investigada se diversifica. El juez Peinado ya venía rastreando presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, relacionados con la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas al empresario Carlos Barrabés, quien también participó en la cátedra.
Clave del Proceso: Mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado en diversas ocasiones el archivo de la causa o han limitado el alcance de las investigaciones al no hallar indicios de delito en los informes iniciales de la Guardia Civil (UCO), el juez instructor considera que existen elementos suficientes para seguir indagando y practicar nuevas diligencias.
La apertura de esta nueva línea de investigación asegura que el «Caso Begoña» continuará bajo el foco mediático, manteniendo la tensión entre el criterio del juzgado instructor, los recursos de las defensas y el eco en el Congreso de los Diputados.
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