El giro de la Asamblea Nacional tras la nueva Ley Eléctrica

La crisis del servicio eléctrico en Venezuela ha dado un giro institucional de gran calado tras las recientes declaraciones y anuncios emitidos desde el Parlamento nacional.

Durante un despliegue político e institucional, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconoció abiertamente la magnitud de la debacle que afecta a millones de ciudadanos al señalar sin ambages: «Sí, nosotros tenemos un tremendo problema eléctrico en Venezuela».

Con el propósito de mitigar este colapso estructural que golpea la cotidianidad y la economía, el funcionario anunció el avance definitivo de una nueva reforma legal orientada a permitir la participación del sector privado en la generación y comercialización de energía.

Hacia el fin del monopolio estatal en el sistema eléctrico

El núcleo central de esta modificación legislativa radica en el desmantelamiento progresivo del férreo monopolio centralizado que hasta ahora mantenía en exclusiva la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Durante años, la precariedad de las termoeléctricas, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, y los recurrentes racionamientos sumieron al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en una fase de vulnerabilidad crítica. Ante este panorama, la nueva normativa contempla los siguientes ejes de acción:

Inversión y generación privada: Se habilitará formalmente a empresas particulares e industriales que cuenten con plantas de autogeneración para comercializar e inyectar excedentes de energía directamente en los circuitos comerciales e industriales del país.
Obras de infraestructura y transmisión: En el marco de estas coordinaciones con el Ministerio de Energía Eléctrica, se han impulsado contratos para ejecutar obras de interconexión prioritarias —como el segundo tendido eléctrico entre los estados Yaracuy y Falcón— con el objetivo de duplicar la oferta energética en zonas industriales clave.
Promesa de estabilidad: Desde el legislativo se ha prometido una pronta sanción de este marco normativo para estabilizar de manera definitiva el suministro, respondiendo así a las demandas de diversos sectores productivos y a las recurrentes protestas ciudadanas registradas en el territorio nacional.

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La apertura a la inversión privada en un sector históricamente estatizado representa un reconocimiento tácito de la incapacidad operativa del Estado para sostener en solitario la infraestructura de servicios públicos, abriendo un debate sobre los costos, la regulación y el impacto tarifario que esta privatización de hecho traerá para el ciudadano de a pie.

Por Redacción Curadas

Fuentes consultadas:

Noticieros Venevisión / Noticias24hrs (Declaraciones oficiales de la Asamblea Nacional sobre la reforma eléctrica).
El Pitazo (Cobertura especial sobre el reconocimiento de la crisis y protestas ciudadanas).
Banca y Negocios / Contrapunto (Reportes sobre la producción privada de electricidad y proyectos de transmisión).

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