La discusión por las bonificaciones de fin de año en Venezuela ha escalado hacia una abierta confrontación entre diversas corrientes del movimiento laboral y el Ejecutivo encargado.
Mientras delegaciones de empleados públicos, docentes, personal de salud, jubilados y pensionados movilizados en Caracas insisten en reclamar un pago único equivalente a 960 dólares por concepto de aguinaldos, dirigentes de base emplazaron formalmente a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) a «consultar a los trabajadores» antes de avalar montos inferiores en las mesas de negociación.
La controversia estalló tras conocerse las propuestas que circulan en el diálogo laboral de cara al cierre de 2026. Por un lado, las autoridades nacionales habrían puesto sobre la mesa una oferta de apenas 150 dólares fraccionados en dos partes, acompañados de un esquema de ajustes trimestrales de 40 dólares proyectados para 2027.
Por otro lado, la directiva de la CTV elevó ante la Mesa de Consensos Laborales una contrapropuesta de 480 dólares —calculada sobre la base de dos ingresos mínimos integrales de 240 dólares cada uno—, cifra que fue inmediatamente rechazada por federaciones gremiales y sindicatos activos por considerarla alejada del costo real de la vida en el país.
La matemática detrás de los $960 y el impacto de la bonificación
El reclamo de los 960 dólares no responde a una cifra arbitraria, sino al cálculo tradicional de cuatro meses de remuneración (120 días de aguinaldos) aplicado sobre el actual ingreso mínimo integral de 240 dólares, el cual se compone de un bono de alimentación de 40 dólares y un bono de Guerra Económica de 200 dólares.
Para las organizaciones sindicales de educación, salud y universidades nacionales, aceptar un tabulador menor significa convalidar la pérdida del poder adquisitivo en un contexto donde la canasta alimentaria supera los 800 dólares mensuales, según mediciones del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda).
Además del monto decembrino, el fondo del conflicto radica en la profunda distorsión provocada por la política de bonificación salarial. El salario mínimo legal permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022.
Al carecer de incidencia salarial, los bonos que conforman el ingreso mensual no se reflejan en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, cajas de ahorro ni utilidades, dejando a los trabajadores activos y a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en una situación de vulnerabilidad jurídica y económica.
División de estrategias y llamado a paro nacional
Durante las recientes movilizaciones en las inmediaciones de Plaza Caracas y la plaza O’Leary —donde los manifestantes denunciaron no haber sido recibidos por las autoridades del Ministerio del Trabajo—, voceros sindicales cuestionaron la representatividad de los acuerdos cupulares y exigieron a la CTV someter cualquier planteamiento económico a la aprobación directa de las asambleas de trabajadores.
En paralelo, más de 300 dirigentes intergremiales agrupados en la Universidad Central de Venezuela (UCV) ratificaron la convocatoria a un paro nacional de 24 horas en los sectores de salud, educación básica, media y universitaria para el próximo lunes 16 de noviembre.
Con esta medida de presión, los gremios buscan que la administración encargada encabezada por Delcy Rodríguez atienda la exigencia de un aguinaldo digno y reactive la discusión de las contrataciones colectivas, advirtiendo que postergar la recuperación del salario formal hasta 2027 condenaría a la fuerza laboral venezolana a cumplir cinco años consecutivos sin un ajuste real en sus tablas salariales.
Por Redacción Curadas
Fuentes Consultadas
- TalCual y El Pitazo: Cobertura de las movilizaciones en Caracas, asambleas intergremiales en la UCV y reclamos directos hacia la directiva de la CTV.
- Finanzas Digital y Bloomberg Línea: Datos económicos sobre el ingreso mínimo integral de $240, el congelamiento del salario mínimo en Bs. 130 y las proyecciones presupuestarias para los aguinaldos 2026.
- VPItv y Diario La Nación: Declaraciones de dirigentes sindicales de salud y educación respecto al costo de la canasta alimentaria (Cenda) y el rechazo a la propuesta gubernamental de $150.
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