Título original: SOCIEDAD CIVIL Y LA NECESIDAD DEL DESPERTAR. Por Gustavo Alfredo Domínguez Martínez
A MANERA DE PRÓLOGO
La historia demuestra que el «querer aprender» suele activarse cuando el agua llega al cuello. Cuando la anarquía y el caos gubernamental tocan el estómago, la seguridad y el futuro de los hijos, la soberanía deja de ser un tema abstracto para muchas personas preparadas y, sobre todo, estimuladas a mostrar el camino.
Es en ese punto de quiebre cuando la sociedad, cansada de dar círculos viciosos, empieza a querer entender. Y cuando por fin quiere, busca los planos de la reconstrucción.
Por eso, el testimonio de tres décadas del coronel, abogado, doctor y profesor Ángel Alberto Bellorín no se pierde en el vacío; sus múltiples publicaciones quedan como la lección escrita en la pizarra, esperando a que el alumno, golpeado por la realidad, decida finalmente abrir los ojos y estudiar. Ese ha sido mi caso y mi experiencia; sin conocer al profesor Bellorín, me declaro su alumno virtual.
Nuevamente escribo para sumarme al llamado que hace Bellorín en su reciente escrito publicado en las redes con el título Ejercicio directo de la soberanía.
Para que tal propuesta no sea solo teoría en un entorno hostil, la sociedad civil organizada debe entender el ejercicio directo como la construcción de un «Poder Social» cohesionado. Esto se logra mediante la articulación de lo que el coronel Ángel Alberto Bellorín denomina la «sociedad instruida y educada».
El binomio instrucción-educación es lo que transmuta el poder bruto en autoridad moral. Un poder ilegítimo puede someter los cuerpos por la fuerza de las armas, pero no puede obligar a una sociedad educada a validar intelectualmente sus arbitrariedades.
Cuando el ciudadano común se instruye, el escudo del artículo 5, tal como lo viene analizando el doctor Bellorín, deja de ser un trozo de papel y se convierte en una muralla infranqueable contra la tiranía.
EJERCICIO DIRECTO Y EL CASCABEL AL GATO
Frente a la arbitrariedad del entorno, la sociedad civil valida la propuesta cuando utiliza el derecho como un escudo argumentativo. Cada documento, cada asamblea ciudadana, cada pronunciamiento gremial fundamentado en el artículo 5 es un acto de resistencia pacífica que expone el caos y va rescatando el hilo constitucional.
Ahora… ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Esa es, precisamente, la objeción más realista, pragmática y demoledora que se puede hacer. Es la pregunta que derriba la teoría jurídica y nos aterriza en la crudeza de la realidad política. En la fábula de Esopo, todos los ratones estaban de acuerdo en que ponerle un cascabel al gato era la solución perfecta para salvar sus vidas, pero el plan fracasó porque requería un heroísmo suicida que ningún individuo estaba dispuesto a asumir.
Si trasladamos la fábula a nuestro contexto de colapso institucional e ilegitimidad, ¿quién le pone el cascabel al gato?
La respuesta corta y honesta es: ¡Nadie en singular! Solo un sujeto colectivo en plural tiene la respuesta: ¡Un solo árbol no hace montaña!
No hay un líder mesiánico, un sector único ni una corporación que pueda hacerlo sola sin ser devorada en el intento. El error común es pensar que «poner el cascabel» es un único acto heroico y definitivo. Frente a un poder con el monopolio de la fuerza, y la sinrazón como política de Estado, eso es inviable. En la práctica, el cascabel se coloca mediante la coordinación fragmentada pero simultánea.
No es un ciudadano aislado enfrentándose al funcionario arbitrario; es el gremio médico, el sindicato de profesores, las academias nacionales, la asociación de vecinos y las universidades civiles emitiendo el mismo dictamen de desconocimiento o exigencia legal al mismo tiempo.
Cuando la resistencia civil es atomizada, el «gato» caza a los ratones uno a uno, pero cuando la sociedad civil actúa como una red institucional cohesionada, el costo político y operativo para el poder de facto se vuelve impagable. El cascabel empieza a sonar cuando el poder pierde la capacidad de procesar y reprimir la disidencia institucional generalizada.
Si buscamos responsables con nombre y apellido para iniciar el proceso, la Escuela de Salamanca y la historia institucional nos dan la respuesta: los cuerpos intermedios de la sociedad.
No podemos pedirle al ciudadano común, asfixiado por la supervivencia diaria y la anarquía, que asuma el costo de la vanguardia. Ese rol le corresponde a las instituciones que aún conservan parcelas de autonomía, legitimidad y peso específico.
Ellos son los llamados a redactar esos documentos, a convocar esas asambleas bajo el amparo del artículo 5 y a darles un sentido técnico, viable y racional. Son los encargados de levantar el escudo argumentativo para que el ciudadano común pueda sumarse detrás de él.
Responder al «¿quién le pone el cascabel al gato?» exige dejar de buscar un héroe y empezar a tejer una red. La propuesta del ejercicio directo de la soberanía no funciona por la valentía de un sector, sino por la coordinación de las inteligencias y los esfuerzos de las instituciones civiles.
El cascabel se le pone al gato cuando la sociedad civil organizada decide que el riesgo de seguir viviendo en la anarquía es mayor que el riesgo de unirse para restaurar la República.
CON EL AGUA AL CUELLO
El caos y la anarquía persisten porque el poder político usurpó ese espacio aprovechando el letargo cívico. Por lo tanto, el camino para retomar el hilo constitucional no empieza buscando una confrontación de fuerza que no se posee, sino despertando la conciencia de la sociedad civil a través de la educación, demostrando que, según la propia Constitución de la República, el ciudadano es el mandante y el Estado es el mandadero. La legitimidad jurídica y doctrinaria ya está del lado del ciudadano de manera prioritaria.
En un viejo escrito publicado en su blog con el título «Postulaciones de espaldas al pueblo», de fecha 14 de abril del año 2014, ya el doctor Ángel Alberto Bellorín nos mencionó que, en esos inicios inciertos del nuevo Estado constitucional, la Sala Constitucional del TSJ, en sentencia número 1395 de fecha 21/11/2000, intentó regular provisionalmente este complicado tema de la sociedad civil. En ese momento de reacomodo histórico expresó lo siguiente:
«Que estando el Estado conformado por ciudadanos que pertenecen a fuerzas políticas, la sociedad civil tiene que ser diferente a esas fuerzas, cuyos exponentes son los partidos o grupos políticos. Consecuencia de ello es que las organizaciones políticas no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política, cuyos espacios están delimitados por la Constitución y las leyes. Por lo tanto, todo tipo de participación partidista en personas jurídicas desnaturaliza su condición de organizaciones representativas de la sociedad civil.
La sociedad civil la forman los organismos e instituciones netamente privados, mientras que la sociedad política es el dominio directo que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico, en el cual contribuyen los partidos en un régimen democrático».
Esta idea fundamental es la que permite al profesor Bellorín afirmar que en Venezuela la soberanía popular descendió del altar del dogma político para constituirse en una realidad jurídica que se debe construir:
«Si la sociedad civil venezolana, esa instruida y educada, diferente a la sociedad política que controla los órganos del Estado, no se organiza y fortalece en instituciones sólidas, unidas por ese objetivo de ser el contrapeso necesario y no parásitos de ese Estado, seguiremos girando en círculos viciosos».
Es un contundente llamado al despertar colectivo de instituciones adormecidas. No hay otra salida cívica y, por lo tanto, pacífica.
Barcelona, 28 de mayo de 2026.
Gustavo Alfredo Domínguez
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