Caracas, 2026. En la más estricta confidencialidad, bajo el amparo de la noche y sorteando una compleja realidad geopolítica, se ejecutó una de las operaciones de seguridad nuclear más delicadas de los últimos años en América Latina.
Un convoy militar recorrió sigilosamente los 160 kilómetros que separan los Altos de Pipe, a las afueras de la capital venezolana, del terminal marítimo de Puerto Cabello. Su cargamento: 13,5 kilogramos (unas 30 libras) de uranio altamente enriquecido (HEU), un material considerado «de calidad para armas nucleares» que permanecía guardado en el país caribeño desde mediados del siglo pasado.
La operación, coordinada de forma acelerada entre los departamentos de Energía y de Estado de EE. UU., el gobierno venezolano, el Reino Unido y bajo la estricta supervisión técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), concluyó de forma exitosa a principios de mayo con la llegada del cargamento al complejo nuclear de Savannah River Site, en Carolina del Sur.
El origen: Átomos para la Paz en la Guerra Fría
Para entender por qué Venezuela custodiaba uranio enriquecido a más del 20% —el umbral crítico de proliferación—, hay que retroceder más de seis décadas.
El material no llegó mediante redes clandestinas ni mercados negros. Fue suministrado legalmente por Washington bajo el programa «Atoms for Peace» (Átomos para la Paz), lanzado por el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower en la década de 1950 para promover el uso pacífico de la tecnología nuclear en medicina, ciencia e industria.
El uranio servía de combustible para el RV-1, el primer y único reactor nuclear de investigación de Venezuela, ubicado en la sede del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). El reactor operó con fines científicos y de física médica hasta 1991, año en el que cesó sus funciones definitivas y pasó a convertirse en una planta de esterilización por rayos gamma. Desde entonces, el material enriquecido sobrante quedó almacenado en las instalaciones como «excedente», vigilado por inventarios internacionales pero sin un depósito geológico final y seguro a largo plazo.
La operación de extracción
La administración de la Dirección Nacional de Seguridad Nuclear de EE. UU. (NNSA) llevaba años mapeando estos remanentes globales (habiendo recuperado ya más de 7.300 kilos de material utilizable para armamento en una treintena de países). Sin embargo, el caso de Venezuela presentaba desafíos logísticos y políticos particulares debido a las tensas relaciones bilaterales.
El operativo final se completó en un tiempo récord de menos de seis semanas a partir de su planificación definitiva:
- Fase 1: Preparación técnica (Finales de abril): Personal calificado en el IVIC acondicionó y empaquetó el uranio dentro de contenedores especiales de alta seguridad, certificados bajo las normativas internacionales de transporte de material fisionable de la OIEA.
- Fase 2: El traslado terrestre y marítimo: El convoy trasladó la carga por tierra de forma discreta hasta el puerto venezolano de Puerto Cabello. Allí, el material fue embarcado bajo estrictas medidas de protección física en una operación conjunta donde el Reino Unido prestó apoyo logístico crucial para el transporte transoceánico.
- Fase 3: Destino y reconversión: A principios de mayo, el cargamento atracó en EE. UU. e ingresó a las instalaciones de procesamiento en Carolina del Sur.
El destino del uranio: El material recolectado no será destruido; se procesará en la planta H-Canyon para reducir su nivel de enriquecimiento a un rango seguro de aproximadamente el 19.75% (HALEU), un tipo de combustible altamente cotizado para los nuevos reactores nucleares comerciales avanzados de última generación.
Una diplomacia de bajo perfil
A pesar de los roces institucionales y los discursos públicos habituales entre Caracas y Washington, la ejecución de este acuerdo bilateral demostró canales de comunicación técnicos sumamente prácticos y coordinados. Las autoridades de ambos países, junto a los inspectores de la OIEA, priorizaron las normativas de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares por encima de las disputas ideológicas.
Con esta remoción coordinada, el continente suramericano mitiga un potencial riesgo de seguridad tecnológica latente de la era de la Guerra Fría, cerrando un ciclo histórico de investigación atómica en la región bajo la premisa de la no proliferación global.
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