CARACAS / BOGOTÁ — Con el polvo aún en suspensión sobre las ruinas del Chocó y el Eje Cafetero, y cuando apenas transcurren los primeros días de su mandato, el presidente colombiano Abelardo De La Espriella anunció la declaratoria de emergencia económica para hacer frente al devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al vecino país.
La medida busca canalizar de forma inmediata recursos financieros hacia la atención humanitaria, la reconstrucción de infraestructura y el alivio de miles de familias afectadas, en medio de lo que la Casa de Nariño cataloga como un escenario fiscal de extrema complejidad.

El impacto del sismo: cifras de un dolor compartido
El epicentro se localizó en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una de las zonas tradicionalmente vulnerables del Pacífico colombiano. Sin embargo, la sacudida sísmica se sintió con virulencia en los principales centros urbanos del occidente y el centro del país.
El balance oficial de las autoridades colombianas refleja la dimensión del desastre:
- Pérdidas humanas: Más de 260 personas fallecidas, cerca de 500 desaparecidos y más de 3.400 heridos.
- Afectación social: Más de 25.000 familias damnificadas y por encima de 53.000 personas directamente impactadas por el colapso total o parcial de sus hogares.
- Infraestructura: Más de 140 edificios colapsados, cerca de 2.000 centros educativos dañados, decenas de centros de salud afectados y más de un centenar de vías de comunicación interrumpidas.
En ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Armenia, los equipos de gestión del riesgo y rescate han librado una carrera contra el tiempo en busca de supervivientes entre los escombros.
¿Qué implica la declaratoria de emergencia económica?
Bajo el marco de la Constitución colombiana de 1991, la figura del estado de emergencia económica faculta al Poder Ejecutivo para emitir decretos con fuerza de ley orientados a destinar fondos presupuestarios de forma expedita, crear fondos de reconstrucción y establecer mecanismos temporales de asistencia tributaria y subsidios de arrendamiento.
La medida estará sujeta al control automático de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional colombiana, ente encargada de garantizar que las facultades extraordinarias se circunscriban estrictamente a la contingencia sin sobrepasar las garantías fundamentales.
Solidaridad internacional y la mirada desde Venezuela
La magnitud del desastre movilizó una rápida respuesta regional. Países de la zona como México, El Salvador y Estados Unidos han enviado ayuda humanitaria, insumos médicos y equipos de rescate especializados para reforzar las labores en terreno.
Para la sociedad venezolana, la situación en Colombia trasciende las fronteras. Millones de venezolanos residen actualmente en territorio colombiano, por lo que las cadenas de solidaridad entre ambas naciones se han activado de inmediato. Redes de la comunidad de migrantes y organizaciones civiles coordinan acopios de víveres y agua potable para apoyar a las comunidades neogranadinas en este momento de adversidad.
Por Redacción Curadas
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