DGCIM: el consolidado centro de torturas del régimen

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Si las acusaciones de presuntas torturas no son suficientes, en la Dgcim han visto como en menos de un año, tres personas bajo su custodia han fallecido por causas vinculadas a violaciones reiteradas de derechos humanos.

La Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) nació luego de una violación a derechos humanos. La noche del 27 de noviembre de 2005, seis jóvenes fueron atacados por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) tras la muerte de uno de sus funcionarios en el sector Kennedy, una barriada al oeste de Caracas.

El ataque de funcionarios de la DIM y otros cuerpos de seguridad, que quiso presentarse como un enfrentamiento con bandas armadas, dejó a tres jóvenes asesinados y el resto heridos de bala.

Tras descubrirse la actuación de más de 27 funcionarios en estos hechos, el entonces presidente Hugo Chávez decidió la intervención de este organismo, que está adscrito al Ministerio de Defensa y que  pasó a ser conocido como la Dgcim.

Desde entonces, la Dgcim se mantuvo en las sombras y con denuncias aisladas sobre violaciones a la integridad personal o presuntas torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los cuales se desconoce si fueron procesados por las autoridades judiciales.

Según datos de abogados y organizaciones no gubernamentales, entre 40 y 50 civiles o militares permanecen detenidos dentro de la sede de Boleíta, el cuartel principal de la Dgcim en el país. Los familiares de gran parte de estos presos, casi todos por motivos políticos, han denunciado ser víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Para recluir a una persona en Boleíta parece que debe cumplir con cierto perfil: De ser militares, deben haber sido acusados de traición a la patria, rebelión o delitos contra el decoro militar, los principales tipos penales que ha imputado Fiscalía Militar a los más de 20 efectivos, la mayoría altos rangos, de los distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional que permanecen en esas instalaciones.

En el caso de los civiles, las imputaciones que realiza el Ministerio Público son más amplias. Por ejemplo, en Boleíta permanecen recluidos varios exdirectivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo, acusados de corrupción, o señalados de cometer “instigación pública” como fue el caso de la clarinetista Karen Palacios.

 

Vía TalCual.

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