Maduro «devolvió» al sector privado 13 empresas que Chávez expropió

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Nicolás Maduro entregó a empresas privadas la administración de al menos 13 empresas de alimentos que fueron expropiadas hace una década por Hugo Chávez.

La información se conoció a través de la agencia Reuters que cita fuentes familiarizadas con la situación. Se trata de un esfuerzo destinado a mejorar las operaciones que las compañías sufrieron bajo la gestión del Estado.

Es otro ejemplo de cómo Maduro ha hecho retroceder elementos clave del modelo económico dirigido por el Estado de su predecesor Hugo Chávez, como parte de la liberalización económica que comenzó en 2019 en respuesta a las sanciones de Estados Unidos y al colapso económico del país.

Pero el cambio parece poco probable que incremente la productividad agrícola después de una década de falta de inversión y una economía destrozada por años de hiperinflación, según los economistas.

«Con la crisis económica, se está cambiando el modelo de gestión para aumentar los ingresos o reducir el gasto del Estado», dijo el economista Richard Obuchi, director de la consultora local ODH.

«El control gubernamental ha ido perdiendo su sentido».

Los operadores privados deben asumir los costos de las nóminas y financiar las inversiones, y destinar parte de su producción a los programas estatales de distribución de alimentos, dijeron las fuentes.

Una de las empresas ahora bajo administración privada es la fabricante de harina de maíz Industria Venezolana Maicera Pronutricos, que fue nacionalizada hace 11 años.

Este año, sus operaciones fueron arrendadas por cinco años a una firma llamada Alimentos El Maizal por el equivalente a unos 16.000 dólares mensuales, según una copia del acuerdo vista por Reuters.

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Estos acuerdos están amparados por una «ley antibloqueo» destinada a reactivar la economía en respuesta a las sanciones. La norma fue aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente, que fue disuelta en diciembre.

Los funcionarios del Estado describen los acuerdos como alquileres de instalaciones industriales o, a veces, como «alianzas estratégicas».

«Las alianzas estratégicas se crean para que (las empresas privadas) sean las que manejen las (empresas estatales)», dijo Rafael Calles, gobernador del estado agrícola de Portuguesa, en una entrevista. «Ninguna de estas alianzas implica la venta de acciones. La empresa sigue en manos del Estado».

Dijo que Portuguesa recibe alrededor de 60.000 dólares al mes de las empresas que operan las firmas nacionalizadas, y agregó que los fondos pagan la compra de bombas de agua y transformadores eléctricos.

Chávez inició en 2007 una ola de expropiaciones que puso bajo control del Estado a cientos de empresas en sectores calificados como «estratégicos», que iban desde operaciones de la industria petrolera hasta compañías agrícolas y procesadoras de alimentos.

Esas organizaciones estaban afectadas por una «corrupción rampante», así como controles de precios que minimizaban los ingresos, dejándolas a menudo dependientes del financiamiento del gobierno.

Agropatria, que vende semillas e insumos agrícolas, ha puesto oficinas en dos estados bajo gestión privada, según dos fuentes, que dijeron que la empresa sigue teniendo problemas para entregar los productos que necesitan los agricultores.

Cuatro centrales azucareros -parte de un grupo de 10 expropiados en la era de Chávez- permanecen inactivos a pesar de haber contratado las operaciones a empresas privadas.

Uno de ellos es el ingenio «Pío Tamayo», que ha estado bajo la administración de una firma llamada Consorcio Veinca desde el primer trimestre de 2021. Sus trabajadores se quejan de la paralización de las operaciones y del retraso en el pago de los salarios.

«Iban a invertir en las instalaciones y en materia prima, lo que no ha ocurrido», dijo el empleado Noel Quetel en una entrevista.

Consorcio Veinca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Janet Yucra

Con información de Reuters

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