Ruta a la legitimidad institucional - Por Gustavo Domínguez Martínez

Título original: LA RUTA DE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL. Por Gustavo Alfredo Domínguez Martínez

La compleja dualidad estratégica en el liderazgo democrático venezolano actual: La proyección de una visión de Estado inquebrantable frente a la comunidad internacional y, al mismo tiempo, una cautela táctica indispensable ante la reconfiguración interna del poder, dibujan un panorama sobre los pasos que se están dando entre la legitimidad deseada y la política real existente; hasta ahora divergentes la de la otra.

En la intervención de María Corina Machado ante Fareed Zakaria, la postura es fundacional. La premisa central es irrefutable para cualquier proceso de recuperación del país: «Sin legitimidad no habrá confianza; sin confianza no llegarán las inversiones; y sin instituciones respaldadas por los venezolanos no existirá una verdadera reconstrucción nacional».

Aquí no solo se expone el colapso del aparato que destruyó las instituciones, sino que se reivindica la capacidad de organización de la sociedad civil. Es el reconocimiento de un tejido social que, en medio de la ausencia absoluta del Estado, logró sostenerse y transmutar el miedo en una determinación pacífica. El retorno al país se plantea como un deber cívico para encauzar institucionalmente a esa fuerza ciudadana, alejándose de cualquier búsqueda de protagonismo.

EL PRAGMATISMO FRENTE AL PROTECTORADO ¿Cuál vacío de poder?

El reciente comunicado conjunto de Machado y Edmundo González aterriza en el terreno minado de la política interna actual. Frente a un estado secuestrado operando bajo la figura de un protectorado (que maneja los hilos del poder) con el repentino ascenso mediático de figuras como Dignora Figueroa investida por EEUU y la ex magistrado Blanca Rosa Mármol de León entre otros que pretenden opacar la última medición de legitimidad constitucional de liderazgo demostrada en Venezuela el 28 de Julio del 2024.

Ante esta coyuntura y con su comunicado, ese liderazgo asume una postura de distancia estratégica en plena conciencia que desde el 3 de enero del 2026 el poder impositivo y sanguinario que utilizaba el chavismo para ignorar al derecho y la propia constitución, se trasladó al ganador de la guerra. Saben que en Venezuela no existe vacío de poder, el verdadero poder está en manos del gobierno de EEUU.

Ese acto prudente de «lavarse las manos» no es una renuncia, sino una maniobra de preservación política. Se evita convalidar o desgastarse frente a estructuras internas de poder de facto que carecen de la legitimidad de origen defendida en el ámbito internacional. Es una forma de mantener intacto el capital político sin romper los puentes necesarios para lo que verdaderamente importa: el marco institucional

LA POSTERGADA ESPERA DE UNA TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL.

El comunicado firmado por María Corina Machado y Edmundo González surge dos días después de la publicación en Curadas de una propuesta bajo la firma del Dr. Angel Alberto Bellorin. Ambos textos convergen en el objetivo final: el retorno al orden de derecho.

La esperanza, el compromiso y la certeza que irradia el mensaje internacional encuentran su anclaje práctico en la paciencia táctica del comunicado interno. Se aguarda la oportunidad precisa para que vías jurídicas, como las señaladas por el Dr. Angel Alberto Bellorin, abran la puerta a una transición genuina.

La apuesta es mantener cohesionada a la sociedad organizada y asegurar el respaldo externo, listos para intervenir en cuanto emerja un resquicio constitucional viable que permita desplazar la arbitrariedad por la institucionalidad.

LA PERTINENCIA DE LAS PROPUESTAS DE BELLORIN

Al contrastar la propuesta de ingeniería jurídica del Dr. Ángel Alberto Bellorín con la premisa política invariable de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, emerge el punto exacto de fricción y síntesis que define la estrategia democrática en este escenario de julio de 2026.

El gran dilema que resuelve este cruce es el siguiente:

¿Cómo aceptar la utilidad práctica de un órgano de transición tutelado («los 20») sin convalidar la ruptura del mandato legítimo obtenido el 28 de julio de 2024?

La integración de ambas posturas se ajusta bajo los siguientes términos:

El blindaje frente al pragmatismo tutelado

El Dr. Bellorín admite que la imposición de una junta mixta o supra constitucional por parte del «protectorado» carece de origen constitucional, pero la justifica por pura necesidad teleológica (romper el bloqueo institucional). Sin embargo, la premisa de Machado y González es inflexible en este punto: el mandato originario del 28J no es negociable ni reemplazable.

Para ajustar la propuesta de Bellorín a la línea del liderazgo legítimo, la «Junta mixta» o los «20 del patíbulo» como los denomina, estos no pueden constituirse jamás en un nuevo gobierno sustituto ni en una constituyente de facto que pretenda vaciar el triunfo de Edmundo González.

Su única función aceptable, bajo la óptica de Machado, debe ser estrictamente instrumental y de servicio: actuar como un ariete técnico para barrer los obstáculos operativos, limpiar el terreno y entregar las llaves del poder a quien ganó la elección y para que tal fin pueda ser cumplido, Bellorin afirma que esto solo puede lograrse con el poder real que impone EEUU.

La Nueva Sala Constitucional como celadora de la legitimidad

Aquí es donde la propuesta de Bellorín se convierte en el brazo técnico perfecto para la estrategia de González y Machado. Si el protectorado y sus designados facilitan la creación de una Sala Constitucional transitoria e independiente, el objetivo de ésta no es inventar un nuevo orden, sino restituir el orden pisoteado.

Al aplicar las sugerencias de Bellorín, se hac evidente que en forma paralela a la actividad de co-gobierno del organismo mixto, desde esa nueva sala se puede iniciar esa retoma de la Constitución ya que su propio texto permitirá las siguientes acciones:

Anular la ANC de 2017 como estrategia para el inicio de la destrucción del armazón jurídico de la tiranía.

Anular las leyes orgánicas por vía habilitante para iniciar el desmontaje del centralismo corporativo.

Este saneamiento jurídico muy bien motivado por Bellorin, cumple exactamente con la advertencia que María Corina hizo a Fareed Zakaria: sin instituciones respaldadas por los venezolanos no existirá una verdadera reconstrucción nacional. La Sala Constitucional temporal no crea un régimen nuevo; simplemente remueve los escombros para que la soberanía popular del 28 de julio pueda instalarse legalmente y esto es totalmente viable.

La subordinación del «Protectorado» a la soberanía popular

La síntesis final de ambas posturas nos deja una hoja de ruta clara para este segundo semestre de 2026:

Se acepta tácticamente la presión y la palanca de fuerza internacional para fracturar el aparato de facto y designar los contrapesos urgentes (Poder Electoral y Judicial), pero la meta inquebrantable sigue siendo la restitución del presidente electo.

La transición tutelada no es el fin del camino, sino el puente técnico indispensable para que la legitimidad de origen —la única que genera confianza— recupere el timón de Venezuela.

COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS

Una revisión crítica y objetiva de las tesis de María Corina Machado/Edmundo González frente a la propuesta del Dr. Ángel Alberto Bellorín revela un ejercicio de alta política: dos enfoques que, partiendo de naturalezas distintas (la acción política de masas y la ingeniería constitucional táctica), convergen en un mismo fin pero chocan en sus métodos inmediatos.

I. Puntos de Coincidencia (La Base Común)

El diagnóstico del colapso: Ambos coinciden en que el aparato estatal actual está destruido y que no se puede reconstruir el país con las mismas estructuras o leyes que lo arruinaron (la «madeja revolucionaria»).

El rechazo a la ruptura anárquica: Tanto el liderazgo político como la propuesta de Bellorín descartan la creación de un vacío de poder caótico o una refundación total del Estado desde cero. Ambos buscan un anclaje de legalidad aprovechando el verdadero poder. Se reconoce de manera objetiva que, ante la asimetría de fuerzas frente al poder de facto y el protectorado, la presión externa es una palanca indispensable para destrabar el conflicto.

II. Puntos de Divergencia (Los Matices Conceptuales)

La naturaleza del órgano de transición

Machado y González: Mantienen una postura de distancia estratégica frente a lo que Bellorin denomina » Junta de co gobierno» impuesta por EEUU, porque temen ( con mucha razón )que cualquier órgano tutelado diluya o sustituya la legitimidad originaria del 28 de julio.

Bellorín: Asume un pragmatismo descarnado. Acepta que los «20 del patíbulo» impuestos por el protectorado norteamericano no tienen origen constitucional, pero los avala por su utilidad teleológica para limpiar el terreno.

El foco de la legitimidad

El liderazgo político: Su capital político se basa puramente en la legitimidad de origen (el voto ciudadano expresado y demostrado).

La tesis de Bellorín: Se inclina más hacia la legitimidad de ejercicio y de resultados, priorizando que un órgano temporal (aunque sea de facto en su origen) ejecute la cirugía jurídica necesaria (anular la ANC de 2017 y las habilitantes) para que el derecho vuelva a funcionar.

III. ¿Se complementan o se convalidan institucionalmente?

A pesar de estas diferencias conceptuales, se complementan y se convalidan de manera perfecta, estructurando un sistema de pinzas donde la política y el derecho sostienen la transición:

La estrategia política protege el principio: La negativa de Machado y González a convalidar juntas de gobierno permanentes evita que el liderazgo democrático caiga en la trampa de legitimar un protectorado indefinido. Mantienen viva la exigencia de que el único depositario de la soberanía es el voto del 28J.

La estrategia jurídica provee el instrumento: La propuesta de Bellorín le da a esa misma dirigencia la herramienta técnica para no quedarse atrapada en el purismo. Le dice al liderazgo: utilicen la palanca de fuerza internacional y la Sala Constitucional temporal para demoler el andamiaje ilegal (ANC y leyes habilitantes), sin que eso signifique renunciar al mandato original.

Ambas posturas, se complementan operativamente. El liderazgo político pone la legitimidad y la presión popular que impiden que el protectorado imponga un statu quo permanente; la ingeniería jurídica de Bellorín pone el bistec y la técnica procesal para desmontar las leyes de la tiranía y allanar el camino, permitiendo que la legitimidad de origen recupere su cauce sin vacíos legales.