Título original: TERROR AL BARÉMO. Por Ángel Alberto Bellorín
Sin el necesario baremo hecho público en forma previa al llamado que se hace para que el 28 de octubre 2026 se de inicio al proceso de postulaciones para el TSJ, ya anunciado por el diputado chavista presidente del siempre írrito Comité de Postulaciones Judiciales, la señal de un nuevo fraude a la constitución es demasiado evidente y hay que dejar constancia previa.
Sin baremo público, el método a utilizar para la evaluación de credenciales seguirá siendo un misterio y un cheque en blanco para los «ungidos» por el régimen para encargarse de un proceso ya viciado de origen.
No debe causar sorpresa que ninguno de los involucrados, algunos pocos con algo de credibilidad, se atrevan a mencionar la ausencia de dicho baremo.
Alguien podrá atreverse a afirmar que el baremo existe pero será confidencial y solo manejado por ellos. Ese cuento es viejo y se debe recordar su utilización en boca de antiguos diputados chavistas presidentes anteriores del secuestrado comité de postulaciones judiciales como Pedro Carreño y Saúl Ortega.
Sus declaraciones sobre la existencia de algún supuesto baremo qué nunca mostraron, están en las noticias de la época. Es solo revisar.
La revolución siempre le ha tenido pavor al mérito diferenciador. Es solo comprobar que para cualquier nombramiento, jamás ha permitido concursos transparentes necesarios en el escrutinio ciudadana. Por tal razón, la mediocridad acabó con Venezuela.
En lo que respecta a los anteriores nombramientos de magistrados al TSJ, es notorio que siempre ha brillado por su ausencia alguna escala valorativa de los únicos requisitos técnicos académicos previstos a partir de los mínimos exigidos por el numeral tres del 263 constitucional.
Sin ese «Baremo público» la posibilidad de títulos chimbos, de requisitos fraudulentos y de tantas «Barbaridades» cometidas en nombramientos anteriores, como muchas denunciadas a lo largo de los años, es inminente. Sin baremo no hay esperanza de rectificación.
Este párrafo que aquí comparto, ha sido el último ejemplo publicado en un reciente artículo sobre las confesiones públicas de una ex magistrada. (Cito)
«Aun con todas las concesiones anteriores a su favor, sería bueno entender cómo la abogada Bárbara César Siero (no sé si doctora), siendo jueza penal, se postuló a la Sala Político Administrativa y no a la Sala Penal, como lo ordena la Constitución.
¿Será que para esas designaciones poco importan el conocimiento y la necesaria experiencia de más de 15 años en la especialidad como lo ordena la constitución?
La culpa nunca será del ciego, sino de quien le da el garrote. (Fin de la cita).
Caracas, 25 de octubre del 2026
Dr. Ángel Alberto Bellorín
Abogado Especialista, Magister
Doctor en Ciencias Jurídicas mención
Derecho Constitucional
Profesor de Doctorado en la Universidad Central de Venezuela
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