Título original: POSTULACIONES AL TSJ 2026: CANTIDAD PARA OPACAR CALIDAD – Por Ángel Alberto Bellorín
El día jueves 12 de noviembre, luego de aceptar su previa y gentil invitación, tuve la oportunidad de intervenir en una muy grata y dinámica entrevista con el periodista radicado en EE.UU. Alfredo Yánez Mondragón.
El INCISIVO periodista canalizó su entrevista en traer al presente mis viejas posturas sobre el deber ser constitucional que prevé para Venezuela un Poder Judicial de máxima calidad, con autoridad moral y material para imponer su independencia y autonomía funcional.
Se esmeró en relacionarlas con la actual coyuntura, totalmente política (no jurídica), que implica la selección de magistrados al TSJ, orientando sus planteamientos en varias de mis afirmaciones recogidas en nuevos escritos de mi autoría, que desde el mes de junio reproduce en su portal INCÍSOS, señalando mi nombre como colaborador.
A medida que avanzó la entrevista, el tema se fue centrando en el análisis detallado del baremo publicado por el Comité de Postulaciones Judiciales para ser aplicado en la actual y pretendida preselección de postulados al TSJ, como necesario para retomar el perdido norte constitucional.
Al ser necesariamente desglosado cada uno de los ítems y valoraciones que en ese baremo se presentan, era mi obligación académica su detallada comparación con las exigencias técnicas y académicas previstas con precisión quirúrgica en el numeral tercero del artículo 263 constitucional.
Al no haber otra salida, en dicho análisis todas las inconsistencias técnicas saltan a la vista en forma grotesca, imposibles de maquillar para estar bien con la manada. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y la verdad no puede ser denunciada de pesimismo.
A la mañana siguiente, INCÍSOS publicó un artículo donde el periodista refleja su percepción sobre algunas de mis afirmaciones iniciales como respuestas a sus preguntas.
El escrito, presentado al público con el título «Bellorín advierte que la cantidad no garantiza un TSJ de calidad», refleja una inquietante realidad que tengo años tratando y que, traída al caso actual, Yánez Mondragón resume en este párrafo (cito):
«La cifra de postulantes describe el volumen del proceso, no la calidad de quienes aspiran. Un TSJ se mide por la calidad de sus magistrados y por su independencia, y eso solo se puede evaluar si el país conoce quiénes aspiran y con qué credenciales. Hasta el 12 de noviembre, las fuentes citadas habían identificado públicamente a alrededor de una decena de aspirantes». (Fin de la cita).
Ante tan evidente realidad circunstancial, y con tanto público político y jurídico aplaudiendo los «excelentes números» para distraer a la opinión pública, sin querer aguar la fiesta optimista, me permito una sencilla analogía que tratará de despejar las nubes artificiales que oscurecen la dura realidad.
EL TSJ Y LAS OLIMPIADAS
Todos debemos coincidir (al menos ante la opinión pública) en la suprema importancia de un organismo que, por estar en la cúspide del Poder Judicial, como guía del sistema de justicia en Venezuela y del orden interno republicano, recibe el nombre de Tribunal SUPREMO o MÁXIMO Tribunal.
Para este breve ejercicio didáctico, en sencilla analogía argumental, comparemos este evento con las olimpiadas deportivas: algo así como nuestra olimpiada judicial.
El ciclo olímpico es de cuatro años, y para llegar a ese evento existen cupos previamente limitados que, por tal razón, restringen LA CANTIDAD. Por razones obvias, se tiene que imponer esa palabrita tan aterradora para las medianías: esa que en español se escribe CALIDAD.
Es por tal razón que, cada cuatro años, a los atletas que están autorizados a participar en tan magno evento se les conoce y denomina como la ÉLITE DEPORTIVA.
Si pensamos en las pruebas de atletismo, que comprenden pista y campo, donde las diferencias entre esas élites se miden en milésimas de segundo o en milímetros, nuestra analogía otorgará una mejor y sana comparación y comprensión.
Al ser tantos los atletas de diferentes especialidades que quieren estar presentes en tan ilustre y calificado evento, existen rigurosas MARCAS MÍNIMAS anunciadas previamente, perfectamente definidas en unos reglamentos que son como una CONSTITUCIÓN DEPORTIVA.
Por ejemplo, si no has logrado obtener menos de 10,8 segundos en los 100 metros planos, debes conformarte con ver la competencia por televisión o desde la tribuna. Pero ojo: ese 10,8 debe tener historia certificada; no hay que creer en tu palabra de que lo hiciste en el patio de bolas criollas del solar de tu vecino, con él de testigo.
Para este ejemplo no es suficiente el bonito discurso de la «buena voluntad de representar a mi país y dar todo por mi pabellón nacional»; todos sabemos que, para estar en esa PISTA O CAMPO DEPORTIVO listo para participar en las eliminatorias preliminares (PRESELECCIÓN), debes tener certificada y aprobada, en previas competencias públicas autorizadas por la constitución deportiva, LA MARCA MÍNIMA establecida, que es pública y notoria, debe estar registrada y es la carta de presentación de la élite que la logra.
Creo que hasta aquí la analogía cumple su objetivo didáctico comparativo.
NUESTRA OLIMPIADA JUDICIAL
Para esta olimpiada judicial, nuestra Constitución, en su artículo 263, numeral 3, establece con precisión las marcas mínimas de las diferentes especialidades, que son las salas del TSJ; cada una amerita que las marcas mínimas se adapten a la especialidad.
Es contra natura poner a competir en las mismas condiciones a un atleta de pista con uno de campo. Eso es lo que refleja el baremo: todo un despelote asimétrico que en un artículo anterior califiqué de «arroz con mango».
Pero más grave aún es que ninguno de los inscritos por iniciativa personal en esa «Prueba Colectiva AMORFA» (gracias al baremo), ni las «Federaciones» que los respaldan y/o los postulan, han mostrado las marcas mínimas exigidas para el máximo evento, como en nuestra analogía obligatoriamente lo hacen las federaciones deportivas.
¿Complicidad o ignorancia?
Estamos en presencia de nuestra máxima olimpiada judicial y observamos una inmensa CANTIDAD de atletas judiciales de los que no conocemos ni su especialidad ni si están con marcas mínimas legítimas.
La verdadera función evaluadora del baremo es conducir la eliminatoria entre participantes que, para estar en esa pista o en el campo de la competencia que se inicia, deben tener previamente las siguientes MARCAS MÍNIMAS:
1.- Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener un postgrado jurídico.
2.- Haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de titular.
3.- Ser o haber sido juez superior en la especialidad de la sala a la que se aspira, con un mínimo de quince años de carrera judicial y reconocido prestigio.
NI ESPECIALIDAD JUDICIAL NI MARCA MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Con referencia al baremo, y con un sencillo ejemplo de simples matemáticas, el punto de partida para dar inicio a la aplicación del baremo debe ser a partir de esos 15 años previos allí señalados. Si el postulado no los tiene, no debería estar en este momento en la lista de competidores.
Solo de esa manera tendrían sentido esos 0,8 puntos por año de antigüedad o experiencia señalados en ese deficiente y envenenado instrumento de selección, para llegar a un máximo de esos 12 puntos señalados.
Debe necesariamente implicar otros 15 años más allá de los que exige el requisito mínimo, ya que no puede ser posible que un Docente Titular con treinta años impartiendo asignaturas de ciencias jurídicas reciba igual puntuación que otro titular con 15 años.
Se tiene que hacer la salvedad de que, según la Ley de Universidades, que regula este aspecto, es imposible que algún docente tenga la categoría de titular en menos de 15 años; de existir algún caso, se deben presumir atajos diferentes a los establecidos por la Ley de Universidades y revisar el caso con lupa. En todo caso si tiene 14 años deberá esperar la próxima olimpiada.
Sobre este trillado tema relativo a los requisitos técnicos y académicos mínimos y previos señalados en el 263, desde inicios del año 2000 los he definido como las únicas fuentes legítimas (la ley no menciona otras) de donde pueden surgir los aspirantes a magistrados.
Para no repetir posturas ya expresadas, en este caso me permito apoyarme en la excelente apreciación del periodista Yánez Mondragón en el siguiente párrafo (cito):
«Son requisitos exigentes a propósito. La Constitución no pide abogados con ganas de servir; pide juristas con una trayectoria que se pueda demostrar. El comité tendrá que verificarlo en 932 expedientes». (Fin de la cita).
Por supuesto, el número citado en el párrafo anterior sigue creciendo por la inmensa cantidad de «abogados con ganas de servir», en ocasión de la prórroga acordada (Núñez dixit).
VERIFICAR MARCAS MÍNIMAS EN PLENA COMPETENCIA: TITÁNICA TAREA
En el contexto antes desarrollado, y dando por entendido lo atípico de esta competencia por nuestro TSJ, retomando la analogía citada vemos con asombro una certeza indiscutible: en este caso, le abrieron la puerta de acceso a la pista a todo aquel que, a su criterio, cree hacer 10,5 segundos en los 100 metros judiciales.
Por tal razón, ese jurado, sobrevenido en verificador de credenciales, debe hacer una titánica labor para MANDAR A LAS GRADAS en tiempo récord a esa inmensa cantidad de atletas judiciales que no cuentan con registro legítimo de las marcas mínimas requeridas para estar vestidos y con números en esta competencia.
Debe ser así sin importar que su única credencial pública sea la que él presume y su discurso patriota, con sobradas razones para «darlo todo por nuestro querido país».
Esperamos que prive la sensatez, ya que, de hacerse realidad el deber ser, los llantos, quejas y acusaciones de todos los frustrados en su «buena intención», sumados a los de sus barras de dolientes traídas a las gradas, llenarán las redes sociales de sus airadas protestas.
Eso sí, pronostico que seguirán sin mostrar sus marcas mínimas.
¿Será que esa junta tendrá tiempo y capacidad para esa titánica labor, que sigue sumando expedientes en una absurda prórroga que les sigue restando tiempo?
BREVES DETALLES
Sin entrar en los detalles del baremo analizados en la entrevista, solo les puedo indicar a los verdaderamente interesados hacer la comparación de la descarada manipulación que, en su cuarto renglón, denominado «EXPERIENCIA JURISDICCIONAL», utiliza el baremo para incorporar a la preselección a funcionarios procedentes de otros organismos integrantes del sistema de justicia (ver artículo 253).
Es evidente la alteración del mandato constitucional, que se refiere únicamente a una institución de ese sistema de justicia al señalar expresamente en el artículo 263 LA CARRERA JUDICIAL: esa que rige a los diferentes tribunales de la república en todas sus especialidades afines a las diferentes salas del TSJ, cuya definición no requiere interpretación interesada, ya que se encuentra expresada claramente en el artículo 255 constitucional.
Nótese también cómo el requisito mínimo de ser juez superior recibe puntuación solo por el hecho de tenerlo, en descarado perjuicio de las otras dos fuentes, más allá del despelote ya señalado de la evaluación conjunta. Eso está allí; es solo revisar el baremo y conectar.
A MANERA DE CONCLUSIONES
La discusión sobre el hecho de nublar la calidad con el espejismo de la cantidad, como maniobra política para que el Estado se imponga a la nación y el gobierno secuestre las instituciones y, en especial, a la sociedad civil, la he desarrollado en muchos de mis artículos enfocados hacia la educación; sin embargo, para finalizar, quiero cerrar con este párrafo tomado de un ensayo titulado «El mito de las mayorías», de fácil ubicación en las redes si alguien se interesa (cito):
«Es de honda preocupación ver cómo las mayorías comunes han logrado, a través de muchos años de “trabajo”, reducir a la mínima expresión las exigencias intelectuales, morales, físicas y diferenciadoras de aptitudes para optar a los cargos del poder, grados y hasta títulos universitarios, creyendo erróneamente que, mediante nombramientos y ascensos por decretos, resoluciones, diplomas, etc., conferidos por sus pares en funciones de poder institucional, logran el respeto moral que por sus méritos obtienen los originales y los virtuosos». (Fin de la cita).
Caracas, 14 de noviembre de 2026

Dr. Ángel Alberto Bellorín
Abogado Especialista, Magister
Doctor en Ciencias Jurídicas mención
Derecho Constitucional
Profesor de Doctorado en la Universidad Central de Venezuela
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