Las posibilidades de los venezolanos de organizarse y agruparse para participar en los asuntos públicos y transformar la realidad que los rodea por métodos pacíficos, democráticos y legales son cada vez menores, a pesar de que la Constitución establece en su artículo 52 que «toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos».
En la avalancha de nuevos trámites burocráticos con los que el chavismo pretende ahogar a las organizaciones de la sociedad civil destaca uno: la exigencia de presentar ante la Contraloría General de la República (CGR) la declaración jurada de patrimonio.
La ley de regulación y fiscalización de organizaciones no gubernamentales, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional es una amenaza contra todas las ONG.
El artículo 215 de la Constitución de 1999 es claro al señalar que una «Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente Cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela». En el mismo sentido, el artículo 1 del Código Civil establece que «La Ley es obligatoria desde su publicación en la GACETA OFICIAL o desde la fecha a posterior que ella misma indique».
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, asegura que la decisión de Estados Unidos de deportar a los migrantes venezolanos que entren de manera ilegal a ese país, es injusta.
Es más triste que lamentable el evidente desconocimiento jurídico que existe en Venezuela sobre los ascensos militares.
Hace más de un mes, el pasado 9 de abril, las autoridades anunciaron la detención de seis agentes del Cicpc, por su presunta participación en el asesinato, dos días antes, de Daniel Lezama, en un restaurante en Carúpano, estado Sucre. Pretendían hacer creer que la víctima era un delincuente que quiso resistirse a la autoridad.
El cerco contra las organizaciones de la sociedad civil sigue. El oficialismo ha vuelto a fijar su objetivo contra uno de los últimos espacios fuera de su control: la sociedad civil organizada.
Las imputaciones de niños por acoso escolar se deben considerar “un fracaso como sociedad», porque se trata del último recurso al que se tiene que recurrir, cuando se trata de este flagelo.
La ONG Acceso a la Justicia expresó este viernes sus dudas sobre la capacidad de reparación para las víctimas, que tendrá la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación a Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, aprobada a mediados de diciembre por el Parlamento venezolano.
ONG relacionadas con la defensa de los DD.HH., como el Foro Penal y Acceso a la Justicia, reaccionaron este 3 de noviembre ante el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pasar a la fase de investigación el caso de Venezuela.