Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo

Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, II Fase – 71ra. entrega

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(Continuación)

A raíz que el pasado 18 de diciembre del año 2020, la Corte Internacional de Justicia se pronunció manifestando su competencia sobre la demanda interpuesta unilateralmente por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana en cuanto a la validez o no de la sentencia del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 al igual que de la disputa territorial existente sobre el espacio geográfico continental del Esequibo, recordando que Venezuela para ese entonces expresó ante la Comunidad internacional, que dicha sentencia no se ajustaba a Derecho, dado que los argumentos esgrimidos por dicho Organismo jurídico no son sólidos para establecer el consentimiento entre las partes, además de conformar una contradicción a sus propios estatutos y su práctica histórica; aunado a ello, la solicitud de Guyana tergiversa radicalmente con el apoyo del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por Gran Bretaña, Guyana y Venezuela.

A raíz de este pronunciamiento, la Corte Internacional de Justicia solicitó para que el pasado mes de enero del año en curso, se realizase una video conferencia entre las partes, por lo que Venezuela ante esta inminente desventaja, solicitó que dicha video conferencia sea efectuada en este mes de abril del año 2021, y que esta se lleve a cabo más bien de manera presencial, pero indistintamente de la decisión adoptada, tal como lo reflejé en el artículo anterior, el desconocimiento presentado a flor de agua por dicho Organismo internacional, constituye claramente un pésimo indicio a la luz de las garantías que imparcialmente deberían brindarse para la preservación de los Derechos de ambas partes de acuerdo a lo establecido en su propio Estatuto, además de los principios de igualdad jurídica para con los Estados establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Ambas actuaciones no necesitan mayor explicación para comprender la clara tendencia asumida por dichas Organizaciones.

Es posible que para algunos lectores no haya quedado claro el por qué Venezuela en este caso tiene la razón total en cuanto a la posición asumida ante la Corte Internacional de Justicia, y que ello no se ha tratado de un simple capricho o de una tendencia unilateral nacionalista del suscrito proveniente del sentido de integridad territorial. En este contexto, es necesario recordar que la contención de nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899 fue producto de una negociación realizada a propósito de establecer los medios apropiados para solucionar la controversia territorial sobre el espacio geográfico integral del Esequibo en forma práctica, aceptable y satisfactoria para ambas partes (Guyana y Venezuela), y no precisamente de una simple evaluación procesal sobre dicha contención. Y es sobre esta base fundamental que Gran Bretaña aceptó llevar a cabo la firma de dicho Acuerdo, lo que constituye un claro, ineludible y tajante reconocimiento de las irregularidades generadas durante el procedimiento arbitral y la posterior sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, dado que de lo contrario Gran Bretaña NO hubiese firmado nunca dicho Acuerdo, por tanto, para llevar a cabo dicho acto de aceptación, el Gobierno respectivo reconoció que existía una carencia de motivación que debía conllevar a la búsqueda de una solución a este litigio por la vía diplomática.

Con base a lo señalado, el Acuerdo de Ginebra de 1966 repercutió en la exhalación sobre la validez o nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, y por ello, el hecho de haberse reducido nuevamente la controversia a la decisión sobre la validez de dicho Laudo mediante la componenda trinomial entre el Secretario General de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y el Gobierno de Guyana, manipulando unilateral y arbitrariamente la cuota de poder que les concede hoy en día el contexto geopolítico reinante en el ámbito internacional, implica de entrada el haber desconocido el Acuerdo de Ginebra de 1966, cuyo marco de actuación para con las naciones involucradas, fue la búsqueda de soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia territorial existente.

Debemos entender que si la aceptación sobre la supuesta validez o nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899 forma parte del espíritu de disputa bajo las pautas establecidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966, como lo ha afirmado Guyana, ello constituye perversamente una piedra de tranca con basamentos totalmente absurdos para llegar a un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes, lo que más bien conllevaría a seguir alargando en el tiempo las tensiones generadas, además de demostrar que Guyana realmente no tuvo ni tiene intenciones de acordar una verdadera solución, a pesar que las partes afectadas tuvieron que aceptar una negociación asistida en su caso por la Organización de las Naciones Unidas a través de su Secretario General para alcanzar el arreglo requerido bajo las obligaciones establecidas en el Artículo IV de dicho Acuerdo de Ginebra.

El carácter de nulo e írrito otorgado al Laudo Arbitral de París de 1899 ha sido una circunspección de refrenamiento por parte de Venezuela, en la que tomaron nota las partes involucradas para afrontar el litigio territorial, y de allí se derivó la necesidad de buscarse una solución satisfactoria para ambas partes a través de lo pautado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, y no en sentido contrario, por lo que no se debió retroceder al tratar de reavivar nuevamente la validez de un Laudo Arbitral, que por lo visto Guyana le teme y debe hacerlo, al conocer ella igual que el gentilicio venezolano, los vacíos jurídicos existentes y los trazados geográficos realizados sin el sustento respectivo, sumatoria de hechos que Guyana necesita que sean aprobados con la mayor prontitud a través de la validez de la sentencia realizada en 1899, dado que de lo contrario, no posee los argumentos ni las pruebas para sustentar las líneas arbitrarias establecidas a favor del Gobierno de Gran Bretaña por el geógráfo de origen prusiano Schomburgk.

En cambio Venezuela, con la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, ha buscado no con la diligencia esperada en el tiempo, pero sí con la intención y el espíritu que enmarca al Acuerdo señalado, que se genere una solución del contencioso territorial sobre los límites con la República Cooperativa de Guyana; y con tal de llegar a esa solución, propuso utilizar como último recurso de los medios pacíficos establecidos en la Carta de la ONU, los medios jurídicos del arbitraje y el arreglo judicial si no se alcanzaba un arreglo práctico en el seno de una Comisión mixta u otros medios políticos de arreglo, como la mediación, cuya duración se deseaba limitar para evitar que la misma perdure por tiempo indefinido.

Adicionalmente, para quienes pudiesen tener una interpretación distinta a la opinión que emito en este escrito, es importante entender que en la lectura e interpretación del Acuerdo de Ginebra de 1966, si se hizo referencia como último recurso al uso del arbitraje o del arreglo judicial, ello tendría que ver directa e ineludiblemente con el contencioso territorial sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, y no para decidir si es o no válido el Laudo Arbitral de París de 1899, hecho que bajo ninguna circunstancia estaría presente en la mesa de entendimiento, además que si el mecanismo utilizado de la figura del Buen Oficiante fue de mutuo consentimiento y aceptación entre las partes, los demás mecanismos deberían de igual forma haber sido aceptados entre las partes y no unilateralmente como lo hizo Guyana, y lo peor de todo, es que un organismo internacional como la Corte Internacional de Justicia aprobó su competencia sin hacer mención en absoluto al Acuerdo de Ginebra de 1966-

Por todo lo mencionado anteriormente, y ampliando un poco más la explicación generada la semana anterior, es que mantengo que la Corte Internacional de Justicia determinará al finalizar la revisión correspondiente a este contencioso, que por su posición política aunado al contexto geopolítico actual y su competencia jurídica en el ámbito internacional, efectivamente la Sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899 se inclinaría a que es válida y firme en su contenido, al igual que el memorándum de Severo Mallet-Prevost no sería tomado en cuenta; sin embargo, con las declaraciones y pruebas emitidas históricamente antes del Laudo de 1899; así mismo ratifico que con la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, el resultado final no podría quedar en esa afirmación, pues la Corte entraría en un proceso de contradicción que tendría que explicar, y de no hacerlo quedaría en entredicho su actuación ante la comunidad internacional, en este contexto, es claro que la Corte Internacional de Justicia podrá declarar la validez o no del Laudo Arbitral de París, pero tendrá también que inmiscuir al Acuerdo de Ginebra de 1966, aun cuando Guyana le dio la espalda torpemente y sus acciones más temprano que tarde tendrán sus consecuencias.

Y fue por ello, que también mencioné que los venezolanos deberíamos iniciar un proceso de adaptación, sincerando la realidad de este compromiso sabiendo que una solución práctica y satisfactoria en este entendimiento entre las partes involucradas, no puede implicar alcanzar el 100% de la reclamación a favor de Venezuela, dejando el 0% de a Guyana, y menos aun recordando que Guyana es quien administra ilegítimamente dicho espacio geográfico hoy en día, otorgando concesiones a empresas trasnacionales, explotando recursos naturales que le pertenecen a nuestro gentilicio.

La interrogante con la que cerré el artículo anterior sobre qué tanto estaríamos dispuestos los venezolanos a compartir con Guyana a partir de donde decimos que nace el sol de Venezuela sigue abierta, porque realmente existe un abanico de alternativas que deberíamos comenzar a evaluar, dado que el mismo Derecho Internacional en la actualidad nos otorga un conjunto de adaptaciones que le podrían otorgar a Venezuela una capacidad de respuesta pluralista, y en su conjunto se enmarcarían pragmáticamente y con el mayor sentimiento nacionalista en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Por: CA (r) Dr. José Chachati Ata

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