Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo

Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, II Fase – 70ma. entrega

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17 minutos de lectura

(Continuación)

Aferrarse una y otra vez más a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, debe ser la estrategia fundamental de los venezolanos para afrontar el proceso de entendimiento con el Gobierno de Guyana a propósito de lograr de una vez por todas al alcance de la solución sobre la controversia territorial existente respecto al espacio geográfico integral del Esequibo. De hecho, he podido leer en esta semana las opiniones emitidas por varios escritores que se han abocado al tema en sí, en el que puedo apreciar las severas críticas que se han generado al respecto, y en este particular no les quito ni les doy la razón indistintamente de mi opinión al respecto, solo las analizo y respeto puesto que considero que el punto principal no es simplemente presentar posiciones antagónicas ni solapar colores partidistas con el rol protagónico que aún nos caracteriza como parte de nuestra cultura, sino aportar verdaderas soluciones NO apreciativas y ajustadas a la realidad de hoy en día en cuanto al uso del poder táctico que ha utilizado Guyana frente a Venezuela, amparada por otros organismos internacionales y Gobiernos de otras naciones, en el que estamos siendo perjudicados al explotarse los recursos existentes en el territorio continental y marítimo en disputa, y que estos nos pertenecen con base a la realidad histórica existente, aunado a que el Acuerdo de Ginebra de 1966 establece que dichas acciones no se deben realizar sin el consenso de las partes, y mientras tanto, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia no se han pronunciado al respecto, sino que esta última organización se abocó por solicitud de Guyana a dirimir sobre la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899, además de la actitud irrespetuosa asumida por Guyana de darle la espalda al Acuerdo firmado por ella con los Gobiernos de Venezuela y de Gran Bretaña.

Ahora bien, aun cuando ya se inició el proceso judicial con la aprobación de la Corte Internacional de Justicia sobre su competencia para atender la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, el arreglo judicial no puede ser NUNCA de entrada, mejor que el arbitraje tomando en cuenta que éste se acompaña con el consentimiento de las partes para sustentar el ejercicio de la jurisdicción respectiva. En este contexto, si al Secretario General de las Naciones Unidas se le hubiese otorgado la decisión de utilizar arbitrariamente esta acción como forma vinculante para las partes, ello se debió negociar y aceptar en un compromiso de ambos países, lo cual NO existe ni se hizo en ningún momento, incluso el Gobierno de Venezuela en caso de haberlo considerado, la decisión final debió haberse sometido a una consulta, lo cual NUNCA se llevó a cabo.

Para todos los efectos y con la experiencia histórica de Venezuela en materia de delimitación mediante la participación de tribunales internacionales, la práctica confirma la improcedencia de este mecanismo, pues ha sido un rasgo propio de su política exterior en cuanto a la exclusión del recurso arbitral y judicial para solucionar sus contenciosos internacionales. Como complemento, podemos verificarlo abiertamente, Venezuela no se encuentra en ningún listado de países que hayan suscrito Protocolos o Tratados que conlleven a la sumisión de controversias a través de la Corte Internacional de Justicia. Más bien, Venezuela ha presentado reservas y se ha abstenido de ratificar o adherirse a protocolos optativos de aceptación en materia de jurisdicción arbitral o judicial.

Como bien lo mencioné al principio, debemos seguir aferrados al Acuerdo de Ginebra de 1966, y de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, el artículo IV Aparte 2 de dicho Acuerdo por razones obvias no puede ser interpretado como una cláusula compromisoria y permisiva de un recurso unilateral a la Corte Internacional de Justicia, tal como lo pretendió hacerlo Guyana en clara confabulación con el Secretario General de las Naciones Unidas. Y así se pretende que Venezuela confíe en la justicia que proclama un organismo internacional que fue creado para ejercer tal fin? O es que aún no está claro para todos los venezolanos y la comunidad internacional, que sólo una aceptación clara y positiva por parte de Venezuela, y no una aparente interpretación del artículo IV Aparte 2 del Acuerdo de Ginebra de 1966, pudo sustentar la competencia jurídica de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda interpuesta por Guyana, y que esta aceptación nunca se dio?

El Gobierno de Guyana ha tratado de fortalecer su reclamación sustentado en la declaración de validez del Laudo Arbitral de París de 1899, actuando de mala fe al intentar manipular la información establecida en el Acuerdo de Ginebra de 1966, dado que desde el Artículo I del mismo se parte en que la controversia surge como consecuencia de “la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899…es nulo e írrito”, es decir, que el contencioso en sí tiene que ver prioritariamente con la soberanía del espacio geográfico integral del Esequibo a partir de la contención venezolana sobre la nulidad de dicha sentencia, por lo que la validez o nulidad del Laudo de París no es la médula neurálgica del contencioso. Las posiciones obtenidas de un Laudo son igual que los valores digitales, uno o cero, o sea, sí o no, que en este caso sería válido o nulo; por lo que no hay término medio, y ello contradeciría lo establecido en el Artículo IV del Acuerdo de Ginebra de 1966 sobre el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio del contencioso. O es que eso tampoco está claro?

Si realmente la validez o nulidad del Laudo Arbitral de París de1899 fuese la prioridad, entonces por qué los Gobiernos del Reino Unido y de Guyana no se opusieron a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que acordaron conjuntamente con Venezuela el arribar a un acuerdo práctico y satisfactorio para las partes? Ello sin dualidades de interpretación dejó de lado a partir de ese entonces, al Laudo Arbitral de París, abriendo un espacio distinto orientado a un entendimiento entre las partes, o es que ello requiere también de posibles interpretaciones paralelas? De hecho, si revisamos la nota del Secretario de Estado del Foreign Office, Michael Stewart, dirigida al Embajador Británico en Caracas, Sir Anthony Lincoln, con fecha del 25 de febrero de 1966, se relata que Venezuela:

Tried hard to get the preamble to the Agreement to reflect their fundamental position: first, that we were discussing the substantive issue of the frontier and not merely the validity of the 1899 Award, and secondly, that this had been the basis for our talks both in London and in Geneva. With some difficulty I persuaded the Venezuelan Foreign Minister to accept a compromise wording which reflected the known positions of both sides.

Traducción: trató de hacer que el preámbulo del Acuerdo reflejara su posición fundamental: primero, que estábamos discutiendo la cuestión sustantiva de la frontera y no simplemente la validez del Laudo de 1899, y en segundo lugar, que esta había sido la base de nuestras conversaciones tanto en Londres y en Ginebra. Con cierta dificultad convencí al canciller venezolano para que aceptara una redacción de compromiso que reflejara las posiciones conocidas de ambas partes. (el subrayado es nuestro).

Las declaraciones reveladas en el Memorándum de Severo Mallet-Provost, tal como lo referí en el artículo de la semana pasada, siendo éste personaje miembro del equipo de defensores de los derechos venezolanos en la disputa, quien desenmascaró el manejo sombrío que se ejerció sobre los jueces norteamericanos que representaron a Venezuela, de parte de los jueces británicos y ruso para obligarlos a la firma unánime de la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, conllevaron en principio a la aceptación del Laudo como válido por parte del Gobierno de Venezuela, pero en 1962 ante el seno de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país formalizó la denuncia contra el mencionado Laudo en el que acompañó la misma alegando componenda y vicios de nulidad, y ello conllevó precisamente a que los tres gobiernos acordaran posteriormente ante la ausencia de una instancia superior para revocar el fallo de dicho Laudo, a la celebración de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966. Esta acción no demuestra claramente que fue aceptado tácitamente por los tres Gobiernos que el Laudo Arbitral de París de 1899 no estuvo ajustado a Derecho, o es que también ello amerita otra interpretación?

De todo lo escrito anteriormente, lo cierto es que no podemos quedarnos encerrados en una posición tajante mientras corren las aguas en un cauce que lo maneja el trinomio confabulado y conformado por la Corte Internacional de Justicia, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guyana, en el que este último decidió desde el año 2018 someter la controversia territorial sobre el espacio geográfico integral del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia conforme según ellos al Acuerdo de Ginebra, instancia a la cual Venezuela no aceptó, pero que está en el proceso de presentación de las pruebas respectivas para sustentar el derecho a la soberanía sobre la Zona en Reclamación, ya que según el Gobierno guyanés, el Laudo de París de 1899 es firme hasta que se produzca otra decisión posterior. Y en esa posición antagónica entre las partes nos encontramos hoy en día.

A mi criterio es obvio, que la Corte Internacional de Justicia desde el punto de vista jurídico, determinará al finalizar la revisión correspondiente a este contencioso, que por su posición política aunado al contexto geopolítico actual y su competencia jurídica en el ámbito internacional, efectivamente la Sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899 se inclinaría a que es válida y firme en su contenido, dado que el memorándum de Severo Mallet-Prevost es simplemente una declaración escrita cuyo fundamento carece de pruebas materiales, por lo que podría traducirse en un simple juicio de valor; sin embargo, con las declaraciones y pruebas emitidas históricamente antes del Laudo de 1899, y más aun con la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, el resultado final no podría quedar en esa afirmación, pues la Corte entraría en un proceso de contradicción que tendría que explicar, por lo que esa posición obligaría a una interconexión ineludible entre la sentencia histórica y el compromiso adquirido en 1966 para la búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes; en este contexto, es claro que la Corte Internacional de Justicia podrá declarar la validez o no del Laudo Arbitral de París, pero tendrá también que inmiscuir al Acuerdo de Ginebra de 1966, aun cuando Guyana le dio la espalda a éste siendo firmante conjunto con Gran Bretaña y Venezuela.

Y es en esto último que los venezolanos debemos iniciar un proceso de adaptación, sincerando la realidad de este compromiso sabiendo que una solución práctica y satisfactoria en este entendimiento entre las partes involucradas, no puede implicar alcanzar el 100% de la reclamación a favor de Venezuela, dejando el 0% de a Guyana, y menos aun recordando que Guyana es quien administra ilegítimamente dicho espacio geográfico hoy en día, otorgando concesiones a empresas trasnacionales, explotando recursos naturales que le pertenecen a nuestro gentilicio. Y es aquí donde presento mi pregunta concerniente al inicio de esta séptima fase que deja abiertas distintas variables que abordaremos escalonadamente en los próximos artículos:

¿Qué tanto estamos dispuestos a compartir con Guyana a partir de donde decimos que nace el sol de Venezuela?

Por: CA (r) Dr. José Chachati Ata

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2 Comments

  1. Tengo 63 años y toda la vida e escuchado ese cuento , por Dios . Eso es como decir que Maduro sale por elecciones.

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