Propuesta para Dinorah – Por Ángel Alberto Bellorín.

Título original: UNA PROPUESTA CÍVICA A LA SEÑORA DINORAH FIGUERA. Por Ángel Alberto Bellorín

“El Poder Judicial que propongo goza de una independencia absoluta: en ninguna parte tiene tanta. El pueblo presenta los candidatos, y el Legislativo escoge los individuos que han de componer los Tribunales. Si el Poder Judicial no emana de este origen, es imposible que conserve en toda su pureza, la salvaguardia de los derechos individuales”

Simón Bolívar Constituyente de Bolivia 25 de Mayo de 1826

MIENTRAS ESPERAMOS EL BARÉMO

Un BAREMO no es más que un instrumento para medir en forma integral el mérito individual dentro de un grupo de personas sometidas a la evaluación exigida mediante dicho Barémo. Esa evaluación debe generar un orden de precedencia de ese mérito, un primero y un último en ese ESCALAFÓN

Quien aplica el baremo debe por lo menos estar al nivel que será exigido en dicho instrumento valorativo.

Todo mediocre aborrece la evaluación transparente, todo tramposo buscará la forma de evadir los baremos y sentirá temor a hacer públicas sus evaluaciones y credenciales . Es así y recordemos que la pretendida modestia fue inventada por los que nada tienen que mostrar.

EL PROBLEMA

Ese breve relato anterior lo estamos viendo en vivo y directo con el Comité de Postulaciones Judiciales y la sobrevenida comisión para evaluar las credenciales de los aspirantes al TSJ.

Un comité de postulaciones secuestrado por la Asamblea Legislativa mediante una descarada usurpación de 11 diputados (cuasi analfabetas funcionales en su mayoría ), quienes serán encargados de nombrar a 12 ciudadanos que según su criterio representarán a una sociedad civil.

Sabemos que la sociedad civil en realidad existe primero que tales diputados que son elegidos por el ejercicio indirecto de la soberanía y mediante el sufragio. La soberanía reside en el pueblo y no en la Asamblea Legislativa

Una sociedad civil que al ejercer en forma directa la «Soberanía popular» mediante los Comité de postulaciones, no necesita que el poder constituido, (en este caso el Poder Legislativo) nombre a quienes la representarán en ese ejercicio, ya que sabemos también que tal ejercicio de soberanía es intransferible ( Artículo 5)

El verdadero problema es que ellos, los diputados ya están allí, contaminando de Inconstitucional el proceso y serán los encargados de seleccionar a los máximos representantes del PODER JUDICIAL DE VENEZUELA

A este irritó Comité de postulaciones nulo desde antes de ser mencionados los nombres de sus integrantes, se le suma una fulana «Comisión evaluadora de credenciales», conformada por siete ciudadanos ya con nombres y apellidos; que no sabemos los criterios usados para designarlos; aunque en realidad, en estos momentos eso poco importa.

Con todo este infame contexto argumental, debo plantear las siguientes interrogantes para la recién nombrada comisión evaluadora .

¿DEBEMOS PRESUMIR QUE EN VERDAD EXISTEN LAS CREDENCIALES DE LOS TRES CHAVISTAS QUE REVISARÁN CREDENCIALES A LOS FUTUROS MAGISTRADOS?

¿TAMBIÉN DEBEMOS CRER QUE ESAS CREDENCIALES QUE NUNCA HAN MOSTRADO, SON SUPERIORES A LAS QUE DEBEN EXIGIR?

¿ES CUESTIÓN DE FE O DE DERECHO?

¡AHORA SI… MI PROPUESTA!

Ante tal duda generalizada, propongo que la señora Dinorah Figuera abra una cuenta de acceso público para que las cuatro personas seleccionadas por su equipo, den el ejemplo ciudadano de publicar en dicha cuenta sus títulos académicos y otras credenciales que sabemos que poseen y respaldan su designación.

Estoy convencido que esas cuatro personas no tendrían temor al escrutinio público

¡Es sólo un contundente mensaje al bando contrario!

Ante tal publicación, sería interesante ver la respuesta de los señores Deyanira, Nieves, Federico Fuenmayor y Silio Sánchez.

¿SE ATREVERÁN?

No lo creo, y además rueda información no confirmada de que uno de ellos recibió el título de abogado hace menos de 10 años.

La sociedad civil debe hacerse sentir y está no es una propuesta absurda ni indecente. Creo que es necesaria.

Caracas, 28 de septiembre de 2026

Dr. Ángel Alberto Bellorín
Abogado Magna Cumlaude
Doctor en Ciencias Jurídicas mención
Derecho Constitucional
Profesor de Doctorado en la UCV

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