La vida en los albergues habilitados tras el reciente doblete sísmico en Venezuela transcurre entre la necesidad de auxilio y la incomodidad de la vigilancia. Complejos como el Instituto Educativo de La Guaira albergan hoy a cientos de personas —incluyendo familias de la etnia Wayúu procedentes de Los Corales— que perdieron sus hogares y dependen por completo de la asistencia del Estado.
Sin embargo, la rutina comunitaria comparte espacio con una presencia inusual: funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Para las autoridades y el personal a cargo de los centros, este despliegue responde estrictamente a razones de logística, resguardo y mantenimiento del orden público en medio de la contingencia. El flujo de donaciones, el control de accesos y la seguridad interna se esgrimen como los motivos principales para mantener a los agentes en las instalaciones.
«Aquí nadie está preso», repiten tanto coordinadores como algunos residentes, enfatizando que las familias tienen libertad de movimiento y que la prioridad es garantizar el suministro de alimentos, agua y atención médica.
A pesar de las garantías oficiales, la presencia de organismos tradicionalmente ligados a la inteligencia política genera tensiones. Organizaciones de derechos humanos y analistas independientes advierten que la custodia militarizada en espacios civiles puede derivar en un entorno de intimidación pasiva y autocensura.
El temor a que cualquier reclamo sobre la calidad de los servicios o la velocidad de reubicación sea interpretado como disidencia política añade una carga de ansiedad a ciudadanos que ya atraviesan el trauma de haberlo perdido todo. Entre el alivio de recibir refugio y el peso de la supervisión, los damnificados intentan reconstruir su día a día bajo una mirada constante.
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