El movimiento telúrico de junio dejó secuelas que van mucho más allá de los escombros visibles. Transcurridas unas semanas de la emergencia, Venezuela lidia con un dilema cotidiano e intrincado que se libra en pasillos de edificios, asambleas de condominio y despachos legales: la atribución de costos y responsabilidades tras los sismos.
Las cifras oficiales, cuando se miden en vidas humanas, dejan un frío difícil de asimilar. El más reciente balance gubernamental sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ha elevado la cantidad de fallecidos a 5.208 personas.
A medida que los reportes oficiales consolidan una trágica cifra de 5.119 fallecidos y más de 16.000 heridos, las comunidades más golpeadas, como La Guaira, enfrentan una nueva y dolorosa fase de la catástrofe: el retiro de los cuerpos de rescatistas internacionales y la sensación de abandono entre los sobrevivientes.
A 24 días de la tragedia que cambió para siempre el rostro de la costa central venezolana, las cifras oficiales no hacen más que confirmar la magnitud del desastre. El reporte más reciente, emitido el sábado 18 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, elevó a 5.119 el número de víctimas fatales tras sumarse 50 nuevos decesos en las últimas 24 horas.
Hay coincidencias asombrosas entre la visión de Vó Bahiana y el doblete sísmico Cómo se conecta lo profetizado por Vó Bahiana con el doble sismo en Venezuela Paralelismos que desafían … Leer más
Entre pasillos cubiertos y las imponentes estructuras de concreto que definen el modernismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una comitiva técnica caminó este jueves con un propósito urgente: constatar cómo afectó el violento doble terremoto del pasado 24 de junio al patrimonio de los venezolanos.
Un giro drástico en la geopolítica financiera abre una vía de alivio para Venezuela. Tras el devastador doble sismo del pasado 24 de junio —que dejó más de 5.000 fallecidos y decenas de miles de damnificados en zonas críticas como el estado de La Guaira—, el Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizó el acceso del país a USD 346 millones.