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Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, II Fase – 47ma. entrega

(Continuación)

En el transcurso de esta semana recibí nuevamente la solicitud de varios lectores venezolanos sugiriendo que se amplíe con mayores detalles y claridad la información relacionada con que si Venezuela debió comparecer o no ante la Corte Internacional de Justicia, aunado al reconocimiento de la competencia jurídica de dicho organismo para atender la demanda unilateral que presentó la República Cooperativa de Guyana en contra de Venezuela en marzo del año 2018 sobre la reclamación del espacio geográfico integral del Esequibo, en el que el Gobierno guyanés solicitó la validez del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, mediante el cual le fue despojado a nuestro país 159.500 kilómetros cuadrados de territorio continental sin tomar en cuenta los espacios acuáticos que por Derecho nos corresponde sobre la fachada del Océano Atlántico.

En contraposición, Venezuela ha considerado nula e írrita la sentencia de dicho Laudo Arbitral, cuestionamiento que condujo precisamente a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, aceptado y firmado entre Gran Bretaña, Guyana y Venezuela, siendo ello el marco jurídico para atender precisamente la controversia territorial existente. Ahora bien, el Gobierno de Guyana ha fundado la competencia de la Corte Internacional de Justicia en la posición asumida por el Secretario General de las Naciones Unidas, en el artículo 36-1 del Estatuto de la Corte en sí y en artículo IV-2 del Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual reza lo siguiente:

Artículo IV. 2) Si dentro de los tres meses siguientes a la recepción del Informe Final, el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana no hubieran llegado a un acuerdo con respecto a la elección de uno de los medios de solución previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, referirán la decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos acuerden, o de no llegar a un acuerdo sobre este punto, al Secretario General de las Naciones Unidas. Si los medios así escogidos no conducen a una solución de la controversia, dicho órgano, o como puede ser el caso, el Secretario General de las Naciones Unidas, escogerá otro de los medios estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho Artículo hayan sido agotados. (el resaltado en negrillas es nuestro)

Particularmente para Venezuela, la Corte Internacional de Justicia no es el organismo competente para conocer la demanda de Guyana. Y en este sentido, no existe absolutamente nada que sustente hasta hoy en día acuerdo alguno entre los dos países para tal consentimiento. Y de acuerdo con lo resaltado en negrillas en la cita textual presentada anteriormente, no se puede inferir bajo ningún concepto que se ha aceptado la competencia jurídica de dicha Corte, por lo que la actuación establecida unilateralmente por Guyana se ubica claramente fuera del contexto jurídico que enmarca la reclamación venezolana sobre el litigio territorial existente.

Así mismo, no se puede aceptar como un hecho jurídico a cumplirse, la
sugerencia realizada por el Secretario General de Naciones Unidas, dado que un tercero no puede valerse de su cargo para expresar el consentimiento de un Estado que no lo ha hecho, es decir, que si leemos con detenimiento el Artículo 4, aparte 2 del Acuerdo de Ginebra de 1966, el Secretario General de la ONU tiene la facultad de escoger el medio de solución, pero ello no lo acredita para decidir la selección del arreglo judicial como medio para atender la controversia territorial del espacio geográfico integral del Esequibo, hecho que de por sí rompió con premeditación y alevosía, pero también torpemente, con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Ahora bien, la realidad actual estriba en que si la Corte Internacional de Justicia decide en esta fase preliminar a favor de Guyana, manifestando que tiene competencia jurídica sobre la demanda introducid por ese país, deberá entonces abocarse a la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, pero si de lo contrario se inclina jurídicamente a favor de Venezuela, deberá remitir la controversia territorial a manos del Secretario General de la ONU, a propósito de continuar la búsqueda de la solución práctica y satisfactoria, tal como lo expresa el Acuerdo de Ginebra de 1966, circunscribiendo sus acciones a una posible mediación, negociación directa y/o conciliación.

En este contexto, el Acuerdo de Ginebra de acuerdo a los términos allí señalados, estableció tácitamente en principio una ecuación matriz llena de complejidades para un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para las dos partes involucradas en la controversia territorial del espacio geográfico integral del Esequibo, por lo que la Comisión Mixta en principio y de acuerdo con el Artículo I de dicho Acuerdo, agotó el plazo de cuatro años concedido para buscar la solución satisfactoria, pero ello lamentablemente no se logró; adicionalmente, de manera unilateral, premeditada y consecuente, los representantes de Guyana actuaron de muy mala fe al intentar circunscribir la negociación sobre la validez o nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, pero ante el reconocimiento mutuo sobre la existencia de un contencioso territorial, ambas partes entendieron que la solución dependería de un proceso que debía integrar todas las variables
implicadas, por lo que la solución del diferendo limítrofe existente, estaría
sustentado en la reciprocidad, y este término implica inequívocamente para este caso, alcanzar un punto de equilibrio y satisfacción equitativa. Mayor claridad no podría expresarse, y a partir de la firma del informe final generado por la Comisión Mixta, se acordó a fin de promover la confianza mutua y el mejoramiento de sus relaciones, la suspensión por doce años con carácter renovable, y es por ello que se llevó a cabo la firma del Protocolo de Puerto España en 1970.

Es importante señalar, que ese período la representación de Guyana presentó una docena de propuestas enmarcadas como solución práctica y satisfactoria, en las que se aceptó por parte del Gobierno Guyanés el otorgamiento de una parte del territorio al sureste de Punta Playa (frontera actual al este del Estado Delta Amacuro), además de buscar la participación de Venezuela en el financiamiento de la represa en el Alto Mazaruni, acompañando dicha acción con posibles rectificaciones de la línea fronteriza. Este hecho histórico deja más que claro que hay un reconocimiento tácito de la pertenencia de dicho territorio a Venezuela.

Culminado el período del Protocolo de Puerto España en 1982, Guyana inició una campaña de descrédito internacional en contra de Venezuela una vez que le fue participado la finalización de dicho Protocolo y el deseo de no querer renovar el mismo, por lo que comenzó a manifestar que un país como el nuestro, rico, grande y poderoso, ambicionaba apoderarse de las dos terceras partes de un pequeño Estado como Guyana que había alcanzado su independencia recientemente, sustentando además, que la negociación se limitaba al Tratado de Washington de 1897 y al Laudo Arbitral de París de 1899, hecho que demostró abiertamente las intenciones de Guyana al pretender perversamente desligarse del Acuerdo de Ginebra de 1966, siendo ello un compromiso contraído internacionalmente.

En ese contexto abrumado de tensiones y disparidades de criterios, Venezuela y Guyana no lograron llegar a un acuerdo para la elección de un medio de arreglo de la controversia territorial, por lo que el Estado venezolano fue quien propuso la escogencia del medio al Secretario General de las Naciones Unidas; mientras que Guyana se inclinó al plantear en forma un tanto conflictiva, a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad o a la Corte Internacional de Justicia; y ante dicho desacuerdo, fue que 1987 ambas partes aceptaron el procedimiento de los buenos oficios, siendo agregado dos años después, en 1989, la figura el buen oficiante.

A partir de allí el Secretario General las Naciones Unidas designó a tres
diferentes “Buenos Oficiantes”, siendo estos Alister McIntyre, entre 1990 y 1999, Oliver Jackman, entre el 2000 y 2007, y Norman Girvan, entre el 2010 y el 2014, y ambos países involucrados designaron a su vez sus representantes bajo la figura de facilitadores, siendo éstos aceptados por ambas partes, por lo que quedaba claro que Venezuela se había ceñido linealmente a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, hecho que indudablemente constituye una severa dificultad para el Gobierno de Guyana ante su desesperada y malévola actuación; así mismo, ante la Corte Internacional de Justicia, este aval indiscutible en favor de Venezuela no puede eludirse a la hora de tomar una decisión sobre la competencia de dicho organismo jurídico, dado que Venezuela ha sustentado claramente su compromiso con el Acuerdo de Ginebra de 1966

José Chachati Ata

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