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Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, II Fase – 48va. entrega

(Continuación)

La dinámica muy interesante que se generó con varios lectores a raíz del artículo escrito y presentado la semana anterior a través de la página web curadas.com, me permite continuar sustentando la posición asumida sobre el litigio limítrofe existente con Guyana, una vez que el Gobierno de ese país decidió unilateral y desesperadamente acudir a la Corte Internacional de Justicia; en este contexto, y luego de haber intercambiado información, sobre todo con uno de los docentes de la UNE como lo es mi apreciado Profesor Mantilla, extiendo mis argumentos, y más aún cuando el Estado venezolano ha mantenido su posición sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, ratificando la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966 en respuesta a la demanda introducida por Guyana sobre la disputa territorial existente.

La sustentación jurídica con base a los argumentos históricos existentes, asisten indefectiblemente a la nación venezolana para continuar reclamando la soberanía que nos corresponde como nacionales sobre la región geográfica en disputa, y más aún, cuando se ha pretendido mantener las negociaciones mediante el uso del diálogo con el Gobierno guyanés, en el que Venezuela de entrada no reconoce la inadmisible legitimidad de la sentencia emitida en el Laudo Arbitral de París de 1899, la cual surgió mediante el acuerdo impulsado entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, siendo el Gobierno de este último país quien se basó en la Doctrina Monroe para asignarse como el ente legal representante de nuestros intereses sobre el litigio existente, y así Venezuela se lo ha hecho saber a la Corte Internacional de Justicia, cuyos argumentos están claramente establecidos a pesar que Guyana ha pretendido desligarse de una realidad que por sí sola levanta su voz para sancionar lo que considero a mi juicio un quebrantamiento jurídico de tamaño mayúsculo, irrespetando a todo nuestro gentilicio, y sin base alguna, ha pretendido ejercer la soberanía sobre un territorio que no le pertenece.

Y es que quedó claramente evidenciado que en el proceso utilizado y que desembocó finalmente en el Laudo Arbitral antes señalado, no se defendieron cabalmente los intereses de Venezuela, lo que quedó asentado por escrito en el año de 1949, mediante el documento escrito por Severo Mallet-Prevost, quien fue uno de los abogados norteamericanos que representó a Venezuela en el Tribunal Arbitral, siendo explicado en dicho documento las irregularidades que conformaron el contexto del viciado proceso, prevaleciendo por encima de todo concepto basado en la justica y la equidad, los intereses determinados por el Reino Unido.

Y fue así, como con base a las nuevas evidencias que salieron a la luz pública, que las partes involucradas, Venezuela y Gran Bretaña, acordaran la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, y Guyana asumió las responsabilidades de Gran Bretaña una vez obtenida su independencia ese mismo año. Por lo tanto, este nuevo documento jurídico conformó la base sobre la cual se llevaría a cabo la negociación en aras de alcanzar una solución práctica y satisfactoria para las partes, pero Guyana obvió este detalle trascendental, regresando de nuevo a la validez de la Sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, como que si la nueva adopción legítima aceptada por todas las partes desde 1966 careciese de base, y por tanto Guyana enarbola su nueva bandera tendiente a no darle cumplimiento al Acuerdo de Ginebra de 1966.

Si este Acuerdo fue firmado entre las partes, y Guyana participó en el mismo, debiendo acogerse a lo establecido jurídicamente en dicho Acuerdo, entonces ya de entrada se estaba reconociendo tácitamente la No validez del Laudo Arbitral de París de 1899, y por lo tanto, se encauzaría la negociación por un nuevo camino en búsqueda de un mecanismo bilateral que conllevase a una solución práctica y satisfactoria. Entonces, por qué perversamente el Secretario General de la ONU se inclinó en aceptar unilateralmente el mecanismo de la Corte Internacional de Justicia, apoyando así la posición favorable a los intereses de Guyana y desconociendo abiertamente la existencia del Acuerdo de Ginebra? Esto no tiene ningún sentido ni racionalidad alguna que pueda sustentar la posición asumida por el Gobierno de Guyana.

Lo cierto es que hoy en día, la realidad del caso estriba en que ya ha sido
introducida la demanda respectiva por parte del Gobierno de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, aunado a que el litigio en cuestión ha venido agregando otras variables que han complicado más aún la situación tal como lo he señalado en los cuatro escenarios presentados en los escritos anteriores, aunado a la posición asumida por el Secretario General de las Naciones Unidas en la que se tomó atribuciones que no le corresponden, además de la presencia de empresas tanto de origen chino como norteamericana ejerciendo exploraciones y exploraciones en la plataforma continental correspondiente a los espacios acuáticos del Esequibo autorizadas unilateralmente por el Gobierno de Guyana, asimismo debe considerarse la delimitación realizada entre Suriname y Guyana en las aguas del Océano Atlántico, en la que la Comisión demarcadora tomó en consideración puntos geográficos correspondientes al Territorio en disputa, desconociendo así el litigio existente con Venezuela, y si a ello le agregamos el desconocimiento por parte de Guyana de la línea limítrofe firmada entre Venezuela con Trinidad & Tobago, la solicitud realizada por ese país para la delimitación de la plataforma continental en sus espacios acuáticos incluyendo el Esequibo, y las intenciones de Barbados en delimitar sus aguas marinas y submarinas en las que pretende adentrarse sobre las áreas marinas y submarinas pertenecientes a Venezuela, es necesario que bajo el marco de actuación sustentado en estos hechos nos preguntemos como venezolanos cual sería el mejor camino a seguir en la actualidad.

Para abordar este contexto, debemos considerar varios acontecimientos
ocurridos en años recientes, tales como la funcionalidad de la figura del Buen Oficiante establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas, en la que a raíz del fallecimiento del último designado para el cumplimiento de dicha función, hecho ocurrido en el año 2014, debió conllevar de manera inmediata al nombramiento de otro funcionario para proseguir con el ejercicio de las funciones del mismo, pero el Gobierno de Guyana actuó de manera inadecuada al evadir precisamente la aceptación del manejo del litigio a través de la figura del Buen Oficiante, dando así largas inexcusables pese a la solicitud realizada por Venezuela, hecho que conllevó a la adopción de una actitud más enfática a partir de la llegada del nuevo Gobierno guyanés electo en el año 2015, encabezado por el Presidente Granger.

A pesar de lo ocurrido en ese entonces, y viniendo de un proceso de entendimiento que manejaba el Secretario de las Naciones Unidas con ambas naciones, Guyana reanudó insólitamente su ataque contra Venezuela ante la Comunidad internacional, tratando de acusarla tal como lo hizo en su momento el Presidente Forbes Burham en la década de los sesenta del siglo pasado, de asumir el Gobierno de Venezuela una actitud acometedora que utilizaba distintos mecanismos para interferir y evitar el desarrollo de Guyana, y aún bajo esa coyuntura desajustada a lo que se venía manejando, en el que Guyana inició unilateralmente el proceso de otorgamiento de concesiones a empresas extranjeras para la exploración y explotación de recursos existentes en los espacios acuáticos en disputa Esequiba, Venezuela acudió desde ese entonces (2015) a la ONU, solicitando el nombramiento del Buen Oficiante, hecho que no se cumplió.

Está más que claro que el propio Acuerdo de Ginebra de 1966, a pesar de comprometer a Guyana desde la firma del mismo, no fue precisamente el mecanismo aceptado internamente desde el principio por el Gobierno de ese país una vez que recibió la independencia de parte de Gran Bretaña, de hecho, uno de sus Presidentes hace pocos años, Cheddi Jagan, así lo manifestó por escrito, expresando que con la firma de dicho Acuerdo de Ginebra se reconocía la falsa reivindicación territorial venezolana, y se reabría lo que era un caso cerrado desde 1899, siendo ello corroborado años después por el Presidente Granger, quien manifestó que dicho Acuerdo se había convertido en una espina para su garganta.

Esta frase en sí, definitivamente conlleva a demostrar ante los ojos de todos los venezolanos y del mundo lo que se ha venido manifestando sobre la actitud asumida por el Gobierno de Guyana en los últimos años, al haber adoptado una posición poco seria y un tanto desesperada, tratando de ocultar su debilidad en cuanto a la clara sustentación sobre el nulo y viciado Laudo Arbitral de París de 1899, por lo que no le ha quedado más remedio que buscar la descalificación del Acuerdo de Ginebra de 1966, y ello lo la ha venido realizando de manera sistemática involucrando a otras naciones y organizaciones internacionales, manipulando las verdades que giran históricamente sobre el litigio existente, y conformando ante Venezuela falsas esperanzas de querer llegar a un arreglo práctico y satisfactorio, por lo que el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966 es y debe seguir constituyendo la base jurídica fundamental por la que Venezuela debe seguir monitoreando la controversia territorial sobre el espacio geográfico integral del Esequibo sin miramientos o dualidades distintas a este soporte. En definitiva, no es la Corte Internacional de Justicia la vía requerida. Y es aquí donde enfocaré el escrito en los próximos artículos.

José Chachati Ata

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