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Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, II Fase – 54ta. entrega

Curadas les presenta una serie de entregas que permitirán entender mejor la situación del territorio Esequibo perteneciente a Venezuela.

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(Continuación)

El día esperado llegó, y sin haber sido sorpresiva la decisión tomada como lo habíamos escrito en artículos anteriores, el pasado viernes 18 de diciembre del año 2020, la Corte Internacional de Justicia en La Haya con 12 votos a favor y cuatro en contra, se declaró competente jurídicamente para atender el reclamo de Venezuela sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, fallo en el que se le dio la conformidad a la demanda interpuesta por el Gobierno de Guyana para establecer la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899, acción que fue apoyada por el Secretario General de las Naciones Unidas, intentando dejar atrás todo cuanto se había manejado en torno al diferendo limítrofe basado en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

En este contexto, el Gobierno de Guyana se ha sustentado en que el territorio en reclamación formó parte de lo que fue la Guayana Británica hasta 1966, año en el que se independizó en 1966 conformando la República Cooperativa de Guyana, mientras que Venezuela ha demostrado que el espacio geográfico del Esequibo formó parte desde un principio del territorio correspondiente a la Capitanía General de Venezuela de 1810, y así está determinado en la Constitución de 1811; sin embargo, el Laudo Arbitral de París de 1899 sin la participación física de Venezuela durante todo el proceso respectivo, estableció que el territorio hoy en día en reclamación le pertenecía a los ingleses, y por ello, Venezuela ha denunciado que dicho Laudo Arbitral es nulo e írrito, y ello conllevó años después, en 1966, a que las partes involucradas suscribiesen el Acuerdo de Ginebra para atender el diferendo existente.

Debo señalar, que durante mis estudios realizados sobre el tema en cuestión, aunado a las diferentes conversaciones que sostuvimos en torno a ello, el Vicealmirante ya fallecido Elías Daniels Hernández, Oficial que atendió el caso desde la Cancillería venezolana, me brindó en distintas oportunidades un amplio apoyo académico y documental, y en sus últimos años planteaba la necesidad de sincerar la reclamación con Guyana sobre el territorio Esequibo, dado que históricamente, en 1648, se había llevado a cabo entre España y Holanda la firma del Tratado de Munster, en el que España aceptó que Holanda conservara la soberanía sobre que poseía en las Indias occidentales y en las costas de América (Brasil y las Guayanas); sin embargo, en dicho Tratado no se precisaron los límites ni el espacio geográfico respectivo; así mismo, señala que la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación Política iniciada en 1810 no tenía definido con precisión los límites orientales con la Guayana Británica.

Ahora bien, el evento suscitado esta semana con respecto al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia a través de su Presidente, el Juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, en el que se acaba de pronunciar que dicho organismo tiene competencia sobre la controversia territorial existente en cuanto al espacio geográfico integral del Esequibo, correspondiendo el mismo al vigésimo cuarto Estado que debería formar parte de la división política territorial de Venezuela, el cual adquiere un contexto integral por cuanto dicho espacio conforma en conjunto con las aguas derivadas del Estado Delta Amacuro la libre salida de Venezuela hacia el Océano Atlántico, aunado a que en dicho espacio acuático se han encontrado reservas petroleras que le pertenecen a los venezolanos, y que Guyana ha venido explotando a través de las concesiones ilegítimamente otorgadas a empresas trasnacionales, me permite abordar y enlazar con mayor ahínco el contenido de lo establecido en el artículo IV aparte 2 del Acuerdo de Ginebra de 1966 como basamento sobre el que debería sustentarse el proceso de entendimiento entre las partes para llegar a un acuerdo sobre el litigio existente, en el que la Corte Internacional de Justicia aun habiendo manifestado su competencia jurídica, no puede desligarse de las realidades que conforman el tema en sí.

Este Acuerdo con base a su contenido, ineludiblemente ha generado desde
la firma e inmediata activación del mismo, la necesidad de una sensible ubicación y apreciación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, tomando en cuenta por un lado, el alcance de las decisiones a ser tomadas por el Secretario General de las Naciones Unidas para con las partes involucradas, aunado a la significación y consecuencia de los posibles compromisos y derechos derivados de la actuación y manifestación de dicho Secretario General sobre las atribuciones otorgadas al mismo; y por el otro, no debió obviarse el rol que se la había otorgado y correspondido a éste con base al objeto fundamental del litigio existente.

Si a este marco de actuación se le añade lo establecido en el Artículo 31 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, allí se señala claramente en el numeral 1 del mismo el contenido que refleja una evidente interpretación y a la vez la actuación sustentada sobre la buena fe que debería manejarse y ponerse de manifiesto en cualquiera de los términos del tratado, y más aún, cuando se debe tener en cuenta el objeto del mismo; así mismo, el Artículo referido hace mención en su numeral 2 que a los efectos de la interpretación del contexto establecido, debe acompañarse este tomando en cuenta el preámbulo y los anexos correspondientes como basamento y complemento del Tratado; por otra parte, el numeral 3 de dicho Artículo, en su aparte b, añade que además del contexto acordado, debe tomarse en cuenta toda práctica posteriormente realizada a la aplicación del tratado por la cual consta el mismo previa interpretación y aceptación entre las partes.

Es preciso añadir a lo anteriormente señalado, que en el Artículo 32 de la Convención de Viena, fue agregado que en las circunstancias del momento bajo las cuales se genera la celebración de un Tratado, debe considerarse el marco de las realidades que no pueden ser obviadas y que a la vez, constituyen elementos complementarios para confirmar el sentido adecuado de interpretación como resultante de la aplicación de la regla general, y en caso de ser necesario, se determinará la misma con mayor precisión cuando la aplicación de dicha regla general sea ambigua o pudiese conducir a un contexto absurdo; por lo que sería necesario agregar todo lo que sea necesario para establecer el alcance respectivo. Tomando en cuenta este argumento, fue que el Acuerdo de Ginebra de 1966 se elaboró, se aceptó, se firmó entre las partes, y Guyana está obligada sin titubeos ni discusión a ello, pero pareciese que ello fue obviado por la Corte Internacional de Justicia.

En este contexto, y haciendo el uso adecuado a lo establecido en la Convención de Viena de 1969, si se considera el texto redactado en el Acuerdo de Ginebra, Artículo IV, aparte 2, se determina que si los medios escogidos por el Secretario General de las Naciones Unidas no conducen a una solución de la controversia, dicho Secretario General escogerá “otro de los medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho Artículo hayan sido agotados”; sin embargo, el 30 de enero del año 2018 el Secretario General de las Naciones Unidas escogió a la Corte Internacional de Justicia como el medio de arreglo para abordar la solución del diferendo limítrofe existente entre Venezuela y Guyana sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, y ello se decidió unilateralmente una vez que éste personaje consideró que el uso del Buen Oficiante no había permitido alcanzar en el tiempo avances significativos, sin dejar de lado que la decisión tomada giraba solo en torno a la posición que atendía exclusivamente los intereses del Gobierno de Guyana, en el que se sostenía la participación de la Corte Internacional de Justicia como órgano jurídico
competente para atender el litigio con Venezuela.

Esta decisión en principio resulta totalmente insustancial, dado que la Carta emitida por el Secretario General de las Naciones Unidas no se ajusta a los términos de su mandato en atención a lo establecido en Artículo IV, aparte 2 del Acuerdo de Ginebra de 1966, y en todo caso, si el Gobierno de Venezuela aceptase que dicho Secretario General haya ejercido correctamente las atribuciones que le concedieron las Partes, la decisión tomada no le confiere bajo ningún concepto fundamento alguno sobre el que pudiese sustentar la competencia jurídica de la Corte Internacional de Justicia sobre un tema que ha sido planteado unilateralmente por una de partes, hecho que contradice totalmente lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra ya señalado. Este punto, por lo visto, tampoco fue considerado por la Corte Internacional de Justicia.

En este sentido y con base a lo planteado, ni en el artículo IV, aparte 2 ni tampoco alguna otra disposición establecida en el Acuerdo de Ginebra de 1966, señala que de modo rotundo o tácitamente, el fundamento de la competencia jurídica de la Corte Internacional de Justicia conforme al Artículo 36 de su Estatuto, ni las modalidades de acción conforme a su Artículo 40; dan cabida alguna en aceptar que una de las partes pueda sin el consentimiento de la otra, plantear unilateralmente la participación de la Corte Internacional de Justicia. Si el Acuerdo de Ginebra de 1966 fue posterior al Laudo Arbitral de París de 1899, fue aceptado y firmado entre las partes, en que marco racional cabe entonces resquebrajar lo allí escrito e intentar unilateralmente divorciarse de lo allí planteado? Pues esta ha sido la actuación de Guyana, y el Secretario General de las Naciones Unidas se prestó para dicha actuación.

En este sentido, el único efecto jurídico que pudo derivarse de la Carta del Secretario General, conforme al artículo IV, aparte 2 del Acuerdo de Ginebra de 1966, debió haber sido en tal caso la escogencia de la Corte Internacional de Justicia como medio de arreglo sucesivo a los Buenos Oficios con los elementos de mediación a los que se hizo referencia en la comunicación del Secretario General emitida aquel 15 de diciembre de 2016; en otras palabras, la escogencia de la competencia jurídica de la Corte Internacional de Justicia no le da a esta la fuerza necesaria para que actúe con mayor jurisdicción sobre la controversia territorial, ni autoriza a una de las partes a iniciar un proceso mediante una acción unilateral, por lo que debemos interpretar con lo ocurrido hasta ahora, es que el Organismo jurídico ya señalado se circunscriba Únicamente a determinar la validez o nulidad del Laudo Arbitral de París, por lo que habrá mucha tela que cortar a partir de este momento.

Por: CA (r) Dr. José Chachati Ata

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