Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo

(Continuación)

El evento ocurrido recientemente, específicamente el pasado 18 de diciembre del año 2020, constituye una fecha en la que perversa y premeditadamente se llevó a cabo una de las mayores infamias en contra de todos los venezolanos, al haberse pronunciado la Corte Internacional de Justicia con doce votos a favor y cuatro en contra, manifestando que esta tenía la competencia jurídica para decidir sobre la demanda interpuesta por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018, atendiendo la
validez o no de la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899, por lo que se derivaría tácitamente. la solución definitiva de la controversia territorial existente sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, vigésimo cuarto Estado que debería conformar como bien lo había señalado en varios artículos anteriores, parte de la división política territorial de la República Bolivariana de Venezuela.

Es importante señalar que en el contexto de la decisión tomada, la Corte Internacional de Justicia consideró para su decisión que las partes (Guyana y Venezuela), le habían conferido al Secretario General de las Naciones Unidas la facultad de escoger” uno de los medios de solución de controversia enunciados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y fue precisamente el mismo Secretario de dicha Organización, quien se inclinó hacia el arreglo judicial de conformidad con el artículo IV del Acuerdo de Ginebra de 1966, sin embargo, la misma no menciona que dicha decisión fue tomada unilateralmente y no por consenso entre las partes. Y así esperaban que Venezuela fuese directamente hacia el degolladero, sabiendo que la orquesta ya había sido conformada para tal fin?

De entrada, la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia demostró que erróneamente asumió una posición en que las partes involucradas (Guyana y Venezuela) habrían aceptado la potestad otorgada al Secretario General de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo IV del Acuerdo de Ginebra de 1966, lo que supuestamente le confería la facultad de decidir con carácter obligante el medio a utilizar para con la controversia territorial existente, hecho que de entrada constituye una inclinación equivocada respecto al alcance de esa disposición; y así lo refirieron los jueces disidentes de la decisión tomada en el Organismo jurídico respectivo, por lo que quedó claro que no se tomó en cuenta que Venezuela ya había expresado de manera categórica que no aceptaba la competencia jurídica del Organismo decisor sustentando claramente sus razones.

Entre las opiniones emitidas por los jueces disidentes, fue resaltado que no se había encontrado en el Acuerdo de Ginebra de 1966 la manifestación inequívoca de tal consentimiento, a la vez que fue considerado que la Corte Internacional de Justicia debió declinar su competencia; así mismo, se agregó que dicho Organismo jurídico tenía que haber prestado más atención en el examen de su competencia y en la interpretación del Acuerdo de Ginebra tratándose de una controversia territorial de la época colonial con enorme carga política y emocional, pues se trataba de la validez de un laudo arbitral de la frontera entre Venezuela y Guyana, bajo la colonización del Reino Unido. Ello de entrada sustenta la posición venezolana de no comparecer ante ese Organismo considerando que no tenía ni tiene la competencia jurídica para atender unilateralmente la controversia territorial existente sobre el espacio geográfico integral del Esequibo.

Dicha afirmación fue corroborada por otro de los jueces disidentes, quien
agregó que la decisión de la Corte minaba el principio fundamental del consentimiento de las partes para que se pudiese ejercer la jurisdicción respectiva, siendo además inconsistente con su estatuto y su jurisprudencia; siendo añadido además que la Corte debió estar a la espera de tal consentimiento, por lo que no tiene aún jurisdicción sobre la controversia. Más claro, IMPOSIBLE.

Este cuadro pareciese indicar que lo sucedido es una repetición histórica
pero con actores distintos del contexto que llevó obligadamente a Venezuela a la firma del Tratado de Washington de 1897 sin que nuestro Gobierno ni los venezolanos participasen en los eventos de aquel entonces que conllevaron a la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899; ahora bien, en este nuevo escenario el Secretario General de las Naciones Unidas ha expresado arbitrariamente en conjunto con la petición realizada por el Gobierno de Guyana, la aquiescencia de elevar la controversia territorial en nombre de Venezuela, a pesar que nuestro país había manifestado que la Cote Internacional de Justicia no tenía competencia jurídica para involucrarse en la controversia sobre el diferendo territorial. Esto ha sido ineludiblemente una irresponsabilidad mayúscula tanto de dicho Secretario como del Gobierno de Guyana, al haberse desprendido del Acuerdo de Ginebra de 1966, por lo que una reconsideración a tiempo del gobierno agresor no podría excluirse a partir de ahora en el que se intente enderezar el error cometido, buscando resolver el diferendo limítrofe en forma directa con Venezuela o a través de algún mecanismo diplomático que conlleve de manera amistosa y satisfactoria para las partes a buscar la solución requerida; además de abordar temas de primer orden requeridos hoy en día en materia de desarrollo conjunto entre dos países fronterizos que poseen vastos recursos recién descubiertos, aunado a la complejidad que reviste el arribo inmediato de un nuevo orden mundial. Si Guyana fuese sensata evaluando la torpeza que recién cometió contra Venezuela, buscaría de inmediato la activación directa de un medio adecuado y recíproco previo consenso con nuestro país, y enmendaría así el error cometido. Ello sería totalmente permisible, puesto que ya existe jurisprudencia al respecto sobre la actuación de la Corte Internacional e Justicia.

Con todo lo señalado hasta ahora, Guyana debe entender al igual que el Organismo jurídico antes señalado, que la escogencia de la Corte Internacional de Justicia como medio de arreglo establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas, NO autoriza bajo ningún concepto la acción unilateral a una de las partes involucradas a iniciar un proceso que en este caso, se corresponde con la controversia existente sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, dado que ello debió depender del consentimiento de ambas partes en cuanto a la jurisdicción de la Corte, y que debió ser expresado y enmarcado por un acuerdo especial establecido el cual no existe; sin embargo, ello fue obviado a todo trance.

Y menciono esto porque desde la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, había sido activado el mecanismo de los Buenos Oficios, pero este no figura expresamente en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y sin embargo se implementó por consenso entre las partes aun cuando no se contó con el tiempo, ni con la disposición de Guyana para alcanzar el entendimiento requerido; y aunque el arreglo judicial está mencionado en el artículo 33 de la Carta ya señalada como medio pacífico de solución de controversias, que debe iniciarse con la negociación, la investigación, la mediación y la conciliación, culminando con el recurso de acudir a organismos u otros medios que las partes puedan elegir, la decisión se tomó intentando forzar a Venezuela, fracturando con ello lo establecido en el Artículo IV, aparte 2 del Acuerdo de Ginebra, y en el preámbulo de dicho Acuerdo, se corrobora sin dualidades de interpretación que se lograría solucionar amistosamente la controversia en términos aceptables para ambas Partes, además que el Artículo I se hace referencia a la búsqueda de soluciones para el arreglo práctico de la disputa, por lo que es tácito que un arreglo práctico y satisfactorio entre las partes induce a excluir los medios arbitrales y judiciales, y que de paso, no aparecen mencionados expresamente en ninguna parte a menos que las partes lo consientan mediante la conformación de un compromiso, lo cual NO EXISTE. Me pregunto, cual fue la parte que ni Gobierno de Guyana ni el Secretario General de las Naciones Unidas lograron entender?

Bajo este sustento claramente expresado, y pensando en paralelo en la frase “ojo por ojo, y diente por diente” dejo en la creatividad de todo venezolano, de las instituciones involucradas y del propio Gobierno Nacional la posibilidad de conformar un posible escenario, en el que surgiría como contraparte una nueva interrogante: tomando en consideración que si el Gobierno de Guyana en primer lugar actuó a espaldas del Acuerdo de Ginebra de 1966 divorciándose prácticamente del mismo, aun cuando la firma del mismo dejó atrás el Laudo Arbitral de París de 1899, en segundo lugar, Guyana ha pretendido que dicho Acuerdo de Ginebra no tenga peso jurídico alguno buscando reavivar la validez del Laudo Arbitral de París ya señalado, en tercer lugar los Gobiernos de dicho país nunca dieron muestras de querer llegar a un entendimiento para determinar la solución práctica y satisfactoria sobre el diferendo limítrofe existente, y en cuarto lugar, Guyana acudió unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia sin el consenso de Venezuela, demostrando insensatamente hasta ahora no querer retomar la negociación directa entre las partes involucradas a pesar de los esfuerzos realizados por Venezuela, manteniéndose bajo la necia inclinación de NO abocarse al Acuerdo vigente de 1966 entre las partes, ¿cuan prudente, oportuno y necesario sería que el Estado venezolano presentase más bien una contra demanda a Guyana por las acciones tomadas ante la Corte Internacional de Justicia, una vez que este Organismo se pronunció manifestando tener competencia para decidir sobre la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899?

Por: CA (r) Dr. José Chachati Ata

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Un comentario en «Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, II Fase – 55ta. entrega»

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