Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo

Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, VIII Fase – 84ta. entrega

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(Continuación)

En este complejo litigio territorial entre Venezuela y Guyana, el uso del poder estructural que ya se había mencionado en algunos artículos anteriores, conlleva ineludiblemente al corolario de un poder estructural situacional, que surge como consecuencia del poder estructural agregado de algunas naciones involucradas. La esencia de ello, envuelve a distintos elementos cognitivos que constituyen los ámbitos primarios de pertinencia, para configurar amplios registros de actividades y medios manejados de manera sistemática. Tales actividades, no son en esencia ni casuales, ni tampoco neutrales y menos universales, más bien, están directamente influidas por una matriz racional de factores ajustados a una realidad determinada en el marco del poder y del interés, en cuyo seno prolifera la visión para el uso de dicho poder estructural situacional, que desemboca en el estudio y en las acciones a ejecutarse mediante el uso del poder táctico.

Con base a esta introducción, la orientación del poder estructural situacional se determina en razón de posibles facultades, potencialidades y fuerzas, que además del interés de las Naciones participantes en los eventos que les atañe, la voluntad política juega un rol fundamental, traducido como el deseo de concretar la solución de un problema determinado; ahora bien, como preámbulo en un contexto holístico, se presenta a continuación para la compresión del lector, el sintagma gnoseológico que señala las diferencias entre los poderes estructurales mencionados para su aplicación en el caso entre Venezuela y Guyana para la recuperación del espacio geográfico integral esequibense.

En primer lugar, el poder estructural agregado, se refiere a las capacidades y posición del actor frente al ámbito externo (comunidad internacional) como un todo (asimetría de recursos), abarcando los recursos totales y los agregados (demográficos, económicos, militares y psicosociales). Ello implica que este poder estructural debe ser totalmente medible en el sistema internacional, y considerable como factor relevante a la hora de un arreglo entre las partes involucradas, en el que el juego geopolítico, geoeconómico y geoestratégico conforman un puntal trinomial de primer orden.

Por otra parte, el poder estructural situacional, se refiere a las capacidades y posiciones de un actor frente a otro, en relación con un asunto específico, siendo determinado por las facultades, potencialidades y fuerzas (intensidad) con la que se desea un resultado, siendo estas facultades, la habilidad para lograr resultados preferidos, fuera del acuerdo, mientras que las fuerzas están basadas en el valor que se asigna a los potenciales resultados; en este contexto, el no disponer de alternativas, puede aumentar el poder de un actor, aunado a que la fuerza (intensidad) del deseo, sí está basada en una necesidad y no en una aspiración que pudiese convertir una realidad determinada en una posible debilidad.

En cuanto al uso del poder táctico, este se refiere a la conducta de los actores en el contexto de un acuerdo determinado, cuyo proceso sujeto a maniobras y uso de los recursos disponibles (agregados y situacionales), se ponen utilizan para lograr los resultados preferidos; ello implica que las diferentes tácticas a utilizar se enmarcan en el entendimiento, amenazas, advertencias, predicciones, recompensas, premios, castigos, formación de coaliciones o alianzas.

El uso del poder táctico tiene que ver con las capacidades de cada actor para lograr certera comunicación, persuasión y credibilidad, a propósito de actuar en el nivel del poder situacional, de manera de permitirle alcanzar el objetivo primario, que consiste en alterar la balanza del poder situacional en su favor (capacidad de ampliar alternativas propias o reducir las del oponente, aumentar la intensidad de los resultados preferidos o disminuir la intensidad del adversario. En otras palabras, el uso del poder táctico abarca la sumatoria del poder estructural agregado en conjunto con el poder estructural situacional, haciendo uso de los recursos totales de un actor, incluyendo sus potencialidades, facultades y fuerzas (deseo y voluntad).

El primer elemento de entendimiento sobre la reivindicación del espacio geográfico integral esequibense, está manifiesto en el poder estructural agregado, desprendiéndose una balanza asimétrica que estuvo hasta principios del siglo XXI a favor de la República Bolivariana de Venezuela ante Guyana, generándose un antagonismo posteriormente, en la que países como Canadá y Estados Unidos se han inclinado frontalmente hacia el Gobierno de Guyana, atendiendo a los intereses geoeconómicos de la región, sustentados por los vastos recursos allí existentes, en el que Guyana aprovechó la coyuntura para otorgar concesiones, de cuyo beneficio, la Nación venezolana no está incluida, además de haberle dado la espalda al Acuerdo de Ginebra de 1966, mediante la demanda introducida ante la Corte Internacional de Justicia, con el consentimiento del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, a propósito de dirimir sobre la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899; sin embargo, no todo el poder agregado está inclinado a favor de Guyana, por cuanto a territorio y población se refiere, como elementos críticos, aunado a la capacidad militar y económica, esta Nación es superior a Guyana en cada elemento de la balanza que configura ese poder.

En la relación de actores donde la horizontalidad del entendimiento busca superar a la del adversario, el poder estructural situacional origina de por sí variaciones que en el caso de Guyana, utilizando su posición y apoyo por parte de la comunidad internacional, ha logrado como buena alternativa mantener el statu quo actual, es decir, seguir administrando el espacio geográfico integral esequibense y el reconocimiento de otras naciones sobre el ejercicio de la soberanía e independencia. Los costos de Guyana al no llegar al entendimiento requerido, ha incidido en la fuerza (intensidad) de sus relaciones, sin alterar el statu quo; el tiempo le ha redundado en beneficios económicos que originan fluctuaciones y desviaciones sobre posibles soluciones y, en este sentido, la Nación venezolana fue y sigue siendo aún tolerante.

Una segunda alternativa para el Gobierno de Guyana frente a eventuales presiones de Venezuela buscando fragmentar el statu quo, se concreta en la posición oficial asumida con respecto al Acuerdo de Ginebra de 1966, en mantener que la solución estaría enmarcada estrictamente en el contexto jurídico sobre la validez de la sentencia del Laudo de París de 1899, que dejaría la revisión, proceso y decisión en manos de la Corte Internacional de La Haya; Venezuela ha querido dejar de lado el Laudo y llegar al entendimiento entre ambas Naciones, por lo que esta segunda posibilidad tiene poca probabilidad de realizarse, dado que requiere el consentimiento de ambas partes, pero Guyana adelantó su gestión al dejar el caso en manos de la Corte Internacional de Justicia, hecho que reduce sensiblemente las posibilidades de manejar el caso de manera bilateral, al demostrarse ampliamente que Guyana no desea llegar a un entendimiento, porque sencillamente NO tiene como sustentar la tenencia de un territorio que históricamente no le pertenece.

La actitud del gobierno de Guyana demuestra que esta segunda alternativa ha sido la preferida para ella; y mientras ambas naciones sigan manteniendo distintas posiciones que no convergen en una dimensión de común entendimiento, implica que Venezuela no podría aceptar la propuesta jurídica sobre la validez o no de la sentencia del Laudo de París de 1899, como alternativa manejada unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia, lo que incrementa las posibilidades de mantenerse el statu quo a favor de Guyana.

Lograr que Guyana acepte variar su posición en cuanto la segunda alternativa se refiere, en la que sustente amoldarse a la interpretación del Acuerdo de Ginebra de 1966, sería una de las aspiraciones venezolanas para definir la solución de la controversia; esto constituiría para ell Gobierno de Guyana una maniobra, que posiblemente buscaría ejercer presiones sobre Venezuela a propósito de mantener el statu quo sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, con el fin de obtener en la mesa de entendimiento, que el Estado venezolano acceda a algún tipo de concesión a favor de Guyana. Esta alternativa debe admitir que tiene como costo la lesión técnica, parcial y unilateral de la salvaguarda de la integridad territorial, a menos que el Esequibo se transforme en el medio para la búsqueda de una integración binacional, pero ello requeriría la firme voluntad del Gobierno de Venezuela y de Guyana.

El poder estructural situacional entre ambas Naciones, aun cuando el statu quo mantenido por Guyana constituye una alternativa menos favorable para Venezuela, implica para ambos Estados costos políticos y riesgos reducidos en un contexto que podría de acuerdo a los elementos estudiados históricamente, ser un tanto aceptable. Adicionalmente, la utilización de la política venezolana sobre esta controversia a través de otros medios no diplomáticos al margen del Derecho Internacional, constituye otra alternativa, pero se descarta en la actualidad, dado que la superioridad militar del Estado venezolano en la balanza del poder estructural agregado, señala con probabilidades favorables, que la ocupación del espacio geográfico integral esequibense sea factible; pero en el actual sistema internacional, implica costos y riesgos donde la modificación por la fuerza de fronteras reconocidas por Estados medianos y pequeños, es una conducta difícilmente aceptable que acarrearía costos de diversa índole e innecesarios.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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