Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo

Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, VIII Fase – 92da. entrega

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(Continuación)

A raíz del Acuerdo establecido para la ratificación de la Defensa y la Soberanía de Venezuela sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, firmado entre el Gobierno Nacional y la oposición, a propósito de aunar esfuerzos respecto a la controversia territorial existente entre Guyana y Venezuela, dado que el tema en sí es un asunto de Estado y no de gobierno, el Presidente de la nación vecina, Irfaa Alí, rechazó dicha acción, y consideró que la misma constituye un acto de amenaza a su soberanía, y en razón de ello, aprovechó la coyuntura del encuentro con la agrupación regional denominada CARICOM, para buscar el apoyo respectivo. De hecho tuvo la osadía de manifestar que los países de la CARICOM deben trabajar para que Venezuela acepte que la disputa quede bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en lugar de respaldar una solución bilateral negociada con Georgetown para resolver la histórica disputa, es decir, que la CARICOM desconozca la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, en la que se aceptó la búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes.

Adicionalmente agregó el Presidente de Guyana, que el tema sobre la controversia territorial ya se había determinado que sería resuelto en la Corte Internacional de Justicia; en razón de ello, se iniciaría una escalada de reuniones a nivel internacional para dar a conocer la posición oficial de Guyana, incluyendo al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. No debemos olvidar los venezolanos que Guyana decidió unilateralmente en el año 2018, obtener una sentencia definitiva y vinculante para reforzar que el Laudo Arbitral de 1899 sigue siendo válido para todas las partes, cuyos costos fueron erogados a favor de Guyana por la empresa ExonMobile por un monto de quince millones de dólares, a cambio de las concesiones unilaterales y violatorias del Acuerdo de Ginebra de 1966 que adjudicó Guyana a dicha empresa en los espacios acuáticos pertenecientes al Esequibo, además que la decisión de acudir a la Corte Internacional de Justicia fue una componenda violatoria entre el Secretario General de la ONU y el Gobierno de Guyana, sumatoria de hechos que Venezuela abiertamente no aceptó.

Ahora bien, por qué Guyana se siente intimidada y preocupada con la acción generada por el Estado venezolano?

Pienso que la respuesta alberga, distintas variables en esta amplia y compleja ecuación, en la que Guyana sabe muy bien, que aun si en el mejor escenario para ella, la Corte Internacional de Justicia se inclina a darle peso a la aceptación del Laudo Arbitral de París de 1899, dicho organismo jurídico no puede obviar los hechos que se circunscriben con carácter jurídico y por lo tanto obligante, al tener que generar una solución que sea práctica y satisfactoria para ambas partes en atención a lo firmado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, es decir, NO solo para Guyana, sino para Venezuela también, lo que complica ineludiblemente las aspiraciones guyanesas; aunado a ello, las bases históricas que tiene Venezuela son inconfundibles y obligatorias para su consideración, lo que fragmentaría cualquier aspiración del gobierno vecino, dado que NO tienen base real ni histórica para refutar que el territorio usurpado le pertenece a Venezuela, por lo que debemos estar claros que la división fronteriza no va a ser completa ni para un lado ni para el otro, dado que habrá en entrelazar OBLIGATORIAMENTE EL LAUDO ARBITRAL DE PARÍS DE 1899 CON EL ACUERDO DE GINEBRA DE 1966.

Mayor complicación para Guyana al haber decidido clavar una estocada a Venezuela, como muestra de reciprocidad por toda la cooperación otorgada para el desarrollo de ese país. Por tanto, habrá que esperar la decisión de la Corte Internacional de Justicia, aunque ella no sea vinculante para Venezuela, dado que nuestro país NO aceptó desde el principio la participación de dicho organismo sin haberse agotado los otros medios que el mismo Secretario General de las Naciones Unidas hizo caso omiso, tomándose atribuciones que no le correspondía. Y ante un escenario que comienza a volcarse en contra de Guyana, no le queda más remedio que buscar el apoyo de otros países, y volver de nuevo a utilizar su poder táctico ante la comunidad internacional en contra de Venezuela, victimizándose como siempre lo ha hecho, mientras sigue obteniendo los beneficios ilegales provenientes de los recursos explotados en el espacio geográfico integral esequibense.

De hecho, aprovechándose de dicha victimización usual como parte de su estrategia ante la comunidad internacional, aunado al fortalecimiento de las relaciones económicas y políticas entre Venezuela y Guyana con el beneficio comercial otorgado por nuestro país como muestra de una amplia cooperación, la reciprocidad de Guyana se vio reflejada cuando la Cancillería guyanesa solicitó en septiembre de 2011 a la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas de límites de la plataforma continental, la extensión de su plataforma, a fin que fuese llevada a ciento cincuenta millas náuticas desde el límite de la Zona Económica Exclusiva, cuya pretensión se solapa con la línea de proyección de la plataforma deltaica perteneciente a Venezuela. Una estocada punzo penetrante ante el silencio complaciente de la comunidad internacional.

Por supuesto que la reacción venezolana no podía esperar que ello continuase, y de hecho, la presencia de la Armada de Venezuela en sus actividades operacionales de patrullaje realizado en las aguas venezolanas del Océano Atlántico el 10 de octubre de 2013, conllevó a que el Patrullero “Yekuana” (PO-13), clase Guaiquerí, ejerciese sus funciones de vigilancia y ordenara el desalojamiento de la Zona Económica Exclusiva venezolana, de un buque de exploración petrolera, propiedad de la firma Anadarko Petroleum Corp., cuyo potencial la ubicaba en ese entonces como el tercer mayor productor independiente de petróleo y gas natural de los Estados Unidos, dado que dicho buque se encontraba en esa zona marítima venezolana, porque el Gobierno de Guyana le había concedido unilateralmente a dicha empresa, uno de los bloques acuáticos en la zona atlántica para iniciar sus actividades de exploración.

Por supuesto, que a raíz de la expulsión de dicho buque, no podía faltar la acción emprendida por Guyana, acompañada con la declaración de la Canciller de ese país, Carolyn Rodríguez Birkett, quien llegó a manifestar:

Los diversos acuerdos firmados entre los dos países durante este
período, así como los desarrollos en el Esequibo que se desarrollaron a
buen ritmo sin la habitual reacción negativa de Venezuela,
proporcionan una clara evidencia del éxito de tal estrategia y su
impacto positivo en los programas de desarrollo de Guyana […] Pero
Guyana, repito, no comprometerá sus principios ni sacrificará nada
de su patrimonio nacional por logros efímeros exhibidos en el
altar de la cooperación
. (el subrayado es nuestro)

A esta declaración, se le sumó posteriormente el entonces líder de la oposición, quien llegó a ser Presidente de Guyana, David Granger, quien expresó que la acción generada por el Gobierno de Venezuela a través de la presencia de la armada, había que catalogarla como suerte de diplomacia cañonera en detrimento de la frontera marítima de Guyana. Por supuesto, que la acción abusiva del Gobierno de Guyana al haber asignado el bloque marítimo a la empresa antes señalada, para el ejercicio de actividades económicas sobre un espacio que no le pertenece, sumado a la crisis económica venezolana proveniente del colapso de los precios petroleros que habían caído a 40 dólares americanos por barril, generó sensibles preocupaciones en el Gobierno guyanés, dado que podía visualizarse claramente, que Venezuela no podría seguir sosteniendo el programa de suministro de petróleo a precios preferenciales por debajo del mercado a través de Petrocaribe, firmado con los países beneficiados a través del Acuerdo de San José y del Acuerdo Energético de Caracas, siendo Guyana uno de los favorecidos.

De hecho, durante la VIII cumbre de Petrocaribe, celebrada en Nicaragua en junio de 2013, Venezuela requería balancear el déficit financiero conocido por todos los venezolanos, como lo era la problemática que encaraba la empresa PDVSA, y por ello, el Gobierno venezolano solicitó el ajuste en las tasas de interés de la factura petrolera. Por supuesto, que esta declaración emitida en su momento, generó la alerta sobre el impacto que podría acarrear el parcial o total potencial sobre el cese del acuerdo energético manejado con estos países hasta ese momento; de hecho, para Guyana, dicha acción requerida por el Estado venezolano conllevaba inevitablemente a una reducción brusca sobre otras actividades económicas paralelas, como la demanda externa de arroz proveniente de Guyana, que entre los años 2010 y 2014, había permitido realizar el pago de aproximadamente quinientos cincuenta millones de dólares americanos por concepto del suministro petrolero. Un jarabe de su propia medicina al Gobierno de Guyana, con la diferencia que Venezuela se vio en la necesidad de realizar dichos ajustes, y no de actuar de manera premeditada sin medir las consecuencias de su proceder.

Como todo esto conlleva inevitablemente a un efecto en cadena, la reducción de la importación de dicho cereal trajo consigo en un principio, la preocupante acumulación de la producción guyanesa, sin olvidar que dicho cereal se estaba produciendo en el propio espacio geográfico esequibense, afectando con ello a los agricultores asentados en esas zonas rurales, quienes habían atenuado sus niveles de pobreza gracias a los pagos relativamente significativos que recibían por la venta de dichas cosechas, pero con las acciones generadas por el Gobierno de Guyana en propulsar políticas que se inclinaron en alejar cada vez más las buenas relaciones con Venezuela, mediante sus evasivas en llegar a un buen entendimiento en el contexto del Acuerdo de Ginebra de 1966 sobre la controversia territorial, aunado a las acciones manejadas en el otorgamiento de concesiones a empresas extranjeras dentro de los espacios acuáticos venezolanos en el Atlántico, entre otros hechos de elevada significación, el negocio propiamente del arroz se vio en una situación de desmoronamiento en perjuicio de Guyana.

De hecho, las cifras manejadas sobre este rubro alimenticio proveniente de Guyana, se vio mermado drásticamente en el año 2015, dado que se generaron inusuales retrasos ocasionados por las autoridades portuarias venezolanas, alcanzando prácticamente el aniquilamiento de dicho negocio al momento de la victoria del Presidente David Granger en las elecciones realizadas en el mes de mayo del año 2015. No es racional asumir que el tema de PDVSA fue culpa de Guyana, ni que las limitaciones económicas venezolanas por la renta petrolera provienen de la controversia territorial sobre el espacio geográfico integral del Esequibo. Pero SÍ hay una realidad inexcusable para Guyana, dado que si esta hubiese actuado en un contexto de reciprocidad leal frente al desempeño de Venezuela enmarcado en un contexto de cooperación, sin manipular perversamente el juego de palabras y políticas establecidas mediante el uso de su poder táctico y situacional, ajustándose a lo instaurado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, en procura de alcanzar un entendimiento adecuado para la búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, sin vacilaciones, recordando que es nuestra eterna vecina, seguramente se hubiesen propiciado condiciones y acciones proactivas y beneficiosas, en procura de evitar incidencias inadecuadas que por demás, constituyen a mi criterio, un verdadero acto de insensibilidad e irresponsabilidad de ese Gobierno ante los guyaneses.

Pero el tiempo ha demostrado que aún, el Gobierno de Guyana no ha escarmentado. Sigue la lucha por la recuperación de un territorio que ineludiblemente es de los venezolanos, y cuyo destino seguirá propiciando la esperanza de integrar algún día, el vigésimo cuarto Estado de nuestra República, Patria liberada con sangre, dolor y grandes sacrificios por nuestros Libertadores, y no obsequiada como la recibió Guyana en 1966, de manos de quienes propiciaron un Laudo viciado, nulo e írrito, cuyo contexto sin pie ni cabeza, se pretende validar hoy en día.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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