Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo

Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, VIII Fase – 95ta. entrega

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(Continuación)

El domingo 03 de octubre de 2021, se cumplieron ciento veintidós años de la nefasta sentencia del Laudo de París de 1899 dictada contra Venezuela, en el que se le despojó de 159.500 Kms 2 de territorio continental, puesto que el vocablo mar no fue incluido en el mismo, espacio geográfico que debería corresponderse al vigésimo cuarto Estado venezolano ubicado en la frontera oriental, y que estaría limitando al otro lado del Rio Esequibo con la República Cooperativa de Guyana; y seis décadas después, a raíz del Memorando escrito por Severo Mallet-Prevost, cuyo contenido fue enviado tanto al Gobierno de Los Estados Unidos de América como al de Venezuela, para que fuese abierto y leído posterior a su fallecimiento, en el que se describieron las anormalidades ocurridas entre los miembros jurídicos anglosajones con el juez ruso para conformar la viciada y nula decisión tomada en contra de nuestro país, aunado a las presiones conducidas sobre los demás jueces para justificar el alcance de una decisión unánime.

A partir de la apertura y conocimiento de esta realidad conocida por el Gobierno de Venezuela, se iniciaron una serie de acciones en el que la diplomacia venezolana, alcanzó varios éxitos ante la Organización de las Naciones Unidas como se ha señalado en artículos anteriores, aunado a que nuestro país fue copartícipe en ese entonces, en la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), hecho que le dio un significativo fortalecimiento a la industria petrolera en el ámbito internacional; aunado a las condiciones propensas para que la Cancillería venezolana formulara la denuncia ante la O.N.U. en 1962 sobre la condición de nulidad del Laudo ya señalado, delación que dio origen a que Gran Bretaña aceptase las irregularidades y vicios de nulidad de dicho Laudo presentadas formalmente por el Gobierno venezolano, lo que conllevó en 1966 a la firma de un documento fundamental, denominado Acuerdo de Ginebra, lo cual fue formalizado el 26 de febrero de 1966, y Guyana es firmante del mismo.

En una consecuente acción de la política exterior venezolana, aunado a la apertura exitosa de Venezuela en ese entonces, se produjo el Decreto Presidencial nº 1.152 de 9 de julio de 1968, firmado por el Presidente Raúl Leoni, relacionado con la creación de la Línea de Base Recta comprendida entre la línea divisora del Río Esequibo y Punta Araguapiche en el Territorio Federal Delta Amacuro, desde un punto en coordenadas 9º 27’ 30’’ de latitud Norte y 60º 52’ 00’’ de longitud Oeste, a otro punto de coordenadas 8º 26’ 00’’ de latitud Norte y 59º 34’ 30’’ de longitud Oeste; sector marítimo correspondiente a los espacios acuáticos de Venezuela en el Océano Atlántico, y que conforman parte de la reclamación actual del espacio geográfico integral del Esequibo, en el que por normativa internacional, el medio de un río navegable, lo define su vaguada. En este contexto, es importante señalar para la década de los sesenta, Venezuela gozaba de un sensible y muy positivo prestigio internacional para hacer valer sus decisiones, de manera que estas tuviesen el peso requerido para su aceptación ante la comunidad internacional. Ello le permitió a nuestro país, que en paralelo a esta fortaleza política y económica que se venía desarrollando, especialmente por la renta petrolera y la organización de la industria respectiva que representaba una posición geopolítica totalmente beneficiosa y sin precedente para el país, se conformaran posiciones respetables al Interés Nacional, en el que se iniciaron procesos escalonados que apuntaban adecuadamente a la consecución de una sumatoria de perspectivas, que le permitirían a Venezuela avanzar y alcanzar en principio, las posibilidades de una recuperación latente ante el despojo histórico sufrido en la frontera oriental.

De allí, que en las décadas de los setenta y ochenta (siglo XX), el Estado venezolano aprovechase la coyuntura geopolítica existente en el ámbito internacional a su favor, para iniciar las delimitaciones requeridas en el Mar Caribe de las áreas marinas y submarinas, siendo estas realizadas con la República Dominicana, con los Estados Unidos de América (Puerto Rico y Saint Croix), con el Reino de los Países Bajos (Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Eustaquio) , y. con Francia en el Caribe Oriental (Dominica y Martinica); así mismo, en el Atlántico, en el año de 1990, se logró un nuevo Tratado de Límites de Áreas Marinas y Submarinas con Trinidad & Tobago, en el que se acordó llegar hasta el borde exterior del margen continental de ambos países en dicho océano, y ello se realizó en los términos contemplados en la Convención del Derecho del Mar, que a pesar de no haber entrado aún en vigencia, ya tenía establecido esta tendencia de delimitación en los espacios acuáticos; sin embargo, es necesario recordarle al lector, que Venezuela para ese entonces y aun hoy en día, no es parte de la Convención del Derecho del Mar, por estar en desacuerdo con varios Artículos de dicha Convención, en el que uno de estos señala a raíz de la creación de la “Línea de Base Recta venezolana”, que para que un Estado establezca o decrete una línea de esta tendencia, la misma no debe cerrar espacios marítimos o aguas interiores de otros Estados.

Sin embargo, en el trazado de la línea de base recta que se contempló en el Artículo 1 del decreto 1.152, la línea establecida, parte desde Punta Araguapiche, ubicada en pleno Delta del Orinoco, en el Estado Delta Amacuro (antiguo Territorio Federal), hasta otro punto geográfico medio ubicado en el Río Esequibo, que según el Laudo Arbitral de París de 1899, es parte del territorio de la Guayana Británica (hoy territorio de la Zona en Reclamación). Este decreto de creación de la Línea de Base Recta fue protestado por el Gobierno guyanés, y posteriormente, en la declaración emitida por el Embajador Andrés Aguiar, como jefe de la Delegación de Venezuela en la sesión final del undécimo período de sesiones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, realizada en Montego Bay (Jamaica), el 9 de diciembre de 1982), éste señaló:

Basta recordar que ante la imposibilidad de hacer reservas respecto a
los artículos 15,74 y 83 y al párrafo 3 del artículo 121 de la Convención,
en la medida en que estas disposiciones se aplican a la delimitación de
áreas marinas y submarinas entre Estados con costas opuestas o
adyacentes, y ante la imposibilidad de una votación separada de estos
artículos, tuvimos que registrar de esa manera nuestra objeción a esas
normas, objeción que se mantiene y que hoy reiteramos.

Adicionalmente agregó:

En este sentido Venezuela firmará el acta final, que da cuenta fiel del
desarrollo de los trabajos en esta Conferencia, y no contiene como es
propio en documentos de esta naturaleza, ningún juicio de valor sobre
sus resultados. Venezuela no podrá, sin embargo, firmar la
Convención.

Fue así que en 1995, luego de haberse realizado la incorporación como Estado firmante nº 60 en el año 1993 a la Convención del Derecho del Mar (Convemar), la República Cooperativa de Guyana, procedió inconsulta y unilateralmente, a realizar el trazado de los límites correspondientes a los espacios acuáticos con los Estados vecinos continentales, siendo estos, Surinam y Venezuela, en el que las áreas marítimas correspondientes al Esequibo, fueron incorporados a dicho país, en el que intentaba ratificar la sentencia obtenida del Laudo Arbitral de París de 1899. Adicionalmente, al observarse el absurdo trazado realizado por ese país, se visualiza que la línea trazada como máxima aspiración del país vecino, atraviesa los espacios acuáticos inclusive los derivados del Estado Delta Amacuro, intentando desconocer con ello la libre salida de Venezuela hacia el Océano Atlántico, además de desconocer también el Tratado de delimitación realizado en dichos espacios acuáticos entre Venezuela y Trinidad & Tobago, lo cual no fue protestado por Guyana en su momento.

En este avance estratégico manejado por el Gobierno guyanés, se evidenció la inmediata necesidad de exacerbar la reiteración de los derechos venezolanos, en cuanto a la soberanía marítima de los espacios acuáticos correspondientes al Estado Delta Amacuro y del Esequibo. Si se observa el trazado realizado por Venezuela en la zona marítima oriental del país, podrá visualizarse que la fachada atlántica venezolana fue dividida en tres sectores claramente establecidos en un contexto jurídico, racional y equitativo entre las partes involucradas, siendo el primero de ellos, el sector que divide al Mar Caribe del Océano Atlántico entre Trinidad & Tobago, Venezuela y Granada, lo cual se mantiene hoy en día pendiente por determinar; el segundo espacio comprende el sector marítimo correspondiente al Golfo de Paria, el cual ya fue definido y ajustado tanto en 1942 como primera delimitación marítima realizada a nivel internacional, y luego en 1990; y el tercer sector marítimo fue referido al del espacio geográfico integral del Esequibo, el cual se maneja hoy en día en una controversia entre Venezuela y Guyana, en el que las pretensiones guyanesas han dado cabida a entregas arbitrarias de concesiones, exploraciones y explotaciones tanto en el territorio continental como marítimo de dicho espacio, cuyo beneficio ha sido hasta ahora exclusivamente para los guyaneses.

En este contexto, y tomando en consideración la actuación de Guyana tendiente hoy por hoy a dificultar y entorpecer inclusive el alcance de un entendimiento con Venezuela en el contexto del Acuerdo de Ginebra de 1966, aunado a hecho que el Gobierno de Guyana ha manipulado la situación en el ámbito situacional mediante la combinación del uso de su poder situacional y táctico, al haber introducido una demanda en la Corte Internacional de Justicia en contra de Venezuela, para dirimir la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899, es necesario retomar y actualizar posicionamientos en conjunto con acciones apropiadas, que en este caso se orientan hacia los espacios acuáticos de Venezuela en el Atlántico, siendo uno de estos el hecho que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establece en el Artículo 10 que el territorio y demás espacios de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad, aunado a que en el Laudo Arbitral de París de 1899 no se mencionó el vocablo mar como ya fue señalado anteriormente, y la vigencia actual del Decreto 1.152 que definió claramente la costa de Venezuela en el Atlántico hasta la línea media del Río Esequibo, ello implicaría de entrada, que lo que era implícito geográficamente como el punto correspondiente a la frontera oriental costera actual de Venezuela en Punta Playa hasta tanto se llegue a un entendimiento con Guyana sobre el espacio geográfico integral del Esequibo de acuerdo a lo que se estableció en el Acuerdo firmado en 1966, dejó de serlo con absoluta responsabilidad y respaldo jurídico, dado que al no existir el límite del Laudo Arbitral de París de 1899, Punta Playa, no es constitucionalmente el límite geográfico costero, lo cual ha quedado evidenciado a través de las distintas actividades acuáticas que ha ejercido la Armada Bolivariana de Venezuela a través del tiempo, realizando efectivos actos de soberanía, sumatoria de hechos que han generado una jurisprudencia adecuada que conlleve a desligar dicho frente marítimo del litigio territorial.

Ello implica la consideración de varias aristas que debemos atender hoy en día los venezolanos:

  1. Ya no debemos los venezolanos mencionar que Punta Playa es la frontera oriental venezolana, sino que dicha frontera se ubica constitucionalmente en la media del Río Esequibo, hasta tanto se llegue a un entendimiento con Guyana por la vía bilateral, tal como se estableció en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
  2. La Armada Bolivariana de Venezuela debe incrementar sus actividades presenciales y ejercer a como dé lugar, actos contundentes de soberanía en los espacios acuáticos del Estado Delta Amacuro y del Esequibo.
  3. El Estado venezolano debe frenar a como dé lugar las acciones de exploración y explotación petrolera que realizan empresas trasnacionales en los espacios acuáticos venezolanos, hasta tanto culmine la mesa de entendimiento correspondiente, de lo contrario, todo queda en papel como un simple ejercicio recomendado.
  4. El Decreto venezolano 1.152 sobre la Línea de Base Recta, debe proyectarse hacia la colectividad y comunidad internacional con mayor fuerza y constancia, así como, expresarle a todas la partes de manera contundente, que el Río Esequibo constituye el límite oriental de Venezuela; de hecho, “el sol de Venezuela, nace en el EsequIbo”.
  5. Seguir insistiendo ante la ONU y Guyana, en retomar la mesa de entendimiento entre las partes, como la única y expedita vía para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes.
  6. Guyana debe estar más que clara, que dirimir sobre la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899 ante la Corte Internacional de Justicia, fue un error garrafal, puesto que dicho organismo en el mejor de los casos a favor de ese país, no podrá NUNCA decidir sobre el mar, puesto que ello no fue contemplado en dicho Laudo, aunado a que cualquiera de las sentencias a ser determinadas no tienen carácter obligante para Venezuela, puesto que ello nunca fue aceptado para su manejo a través de esa vía jurídica.
  7. De igual forma, deberían revisarse las políticas manejadas por el Estado venezolano en cuanto a las acciones ejercidas unilateralmente por Guyana en el territorio continental, al haber otorgado concesiones de exploración y explotación de diversos recursos.

Ante la actuación unilateral y continua de Guyana en contra de Venezuela y su gentilicio, cuyas decisiones han buscan lesionar permanentemente nuestra integridad territorial, es necesario ampliar el horizonte sobre el conocimiento de la materia, y entender que el sentido de exclusividad que nos corresponde por derechos históricos, y no como Guyana pretende manejarlos a su antojo, son elementos taxativos que NOS PERTENECEN, y mientras no se cambie la realidad que se maneja hoy en día, seguimos girando en el mismo círculo,…, vuelta y vuelta, sin que el Gobierno de Guyana logre sensibilizarse sobre los errores que está cometiendo con las acciones emprendidas, creando daños y consecuencias que aún son reversibles. Un aforismo que estuvo circulando hace poco, decía: “ la abeja no pierde su tiempo explicando a la mosca que la miel es mejor que el desperdicio”…, pero en este caso, hay todavía actores en Guyana que no han entendido en este caso, la importancia de generar un cambio rotundo y a corto plazo.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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